No habrá pulsera de control telemático para Carles Sallés, el pederasta reincidente de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). La Audiencia de Barcelona ha descartado imponer esta medida para el pedófilo, pese a que así lo habían solicitado el juez de vigilancia penitenciaria, la Fiscalía y la acusación particular de sus primeras víctimas.
El caso de Sallés suma así otra decisión polémica de la Justicia tras varios errores del sistema penitenciario y judicial. Pese a no imponerle la pulsera, los jueces de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona sí han decidido que durante siete años Sallés no pueda pisar Terrassa ni Matadepera, poblaciones donde perpetró sus primeros abusos, y que no pueda acercarse a ningún club deportivo ni otro lugar en el que se celebren actividades infantiles.
Sallés, cuya defensa rechazó la pulsera, permanece en libertad provisional después de que el pasado mes de agosto, cuando estaba en libertad condicional, fuera detenido por abusar de nuevo de niñas en la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet.
Al conocer los nuevos abusos, el departamento de Justicia revocó la libertad condicional que había otorgado al pederasta, pero el juez de Manresa no acordó su ingreso en prisión preventiva por esta causa, pese a que así lo había solicitado la acusación particular, y le fijó únicamente comparecencias periódicas en el juzgado.
Sallés cumplió el pasado 25 de noviembre con la pena de 14 años de cárcel –con siete años y siete meses de estancia máxima en prisión– que la Audiencia de Barcelona le impuso en 2015 por abusar sexualmente de cuatro menores en Terrassa. Su condena de prisión se liquidó, pero todavía tenía pendiente cumplir la pena accesoria de siete años de libertad vigilada.
Pese a que el Código Penal establece que las medidas de libertad vigilada deben empezar a cumplirse “en el mismo momento” de la salida de prisión del condenado, la Audiencia de Barcelona no las decidió hasta seis días después de que Sallés abandonara la prisión de Lledoners.
Según han informado fuentes jurídicas, los jueces han rechazado la pulsera para el pederasta al no considerarla necesaria. En cambio sí han acordado el resto de medidas de libertad vigilada, que estarán en vigor hasta diciembre de 2029.
Además de la prohibición de pisar las poblaciones donde perpetró los abusos y de comunicarse con las víctimas, Sallés deberá personarse cada 15 días ante el referente de la administración que haga el seguimiento del condenado y tendrá que comunicar cualquier cambio de residencia o lugar de trabajo.
El pederasta también tendrá prohibido ausentarse del lugar donde resida sin autorización de la Justicia o desarrollar actividades que puedan facilitar la comisión de delitos sexuales. Los jueces también le han impuesto realizar un programa específico de violencia sexual.
Tras su salida de prisión a finales de noviembre, el departamento de Justicia se puso en contacto con la Fiscalía de Barcelona, como órgano competente en estos casos, para advertirle de que Carles Sallés presenta un “riesgo elevado de reincidencia” e informándole de los detalles del caso. Además, Justicia explicó al Ministerio Público que Carles Sallés pasaría a vivir en lo que se conoce como “recurso residencial de la comunidad”, gracias a una entidad que lo acoge.