La extradición de Carles Puigdemont pasará por Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en el pequeño país centroeuropeo, ha admitido a trámite las cuestiones prejudiciales que planteó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado mes de marzo para evitar que los jueces belgas vuelvan a denegar la extradición del expresident de la Generalitat, tal y como hicieron con la entrega del exconseller Lluís Puig. El TJUE tardará varios meses en tomar la decisión definitiva.
Según ha informado el Tribunal Supremo, la secretaría del TJUE le ha comunicado que ha admitido la tramitación de la cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena con ocasión de las órdenes europeas de detención de los procesados declarados en rebeldía en la causa del procés –Puigdemont, Puig y los también exconseller y hoy eurodiputados de Junts Toni Comín y Clara Ponsatí–.
Al contrario de lo que pedía el juez Llarena, el TJUE ha acordado que la cuestión prejudicial siga el procedimiento ordinario en vez del acelerado, que fue el que se siguió en la cuestión prejudicial relativa a la inmunidad del exvicepresident y líder de ERC Oriol Junqueras (quien en 2019, como ahora, se encuentra en prisión, al contrario que los políticos en Bélgica). Al ser el procedimiento ordinario, el TJUE recibirá las observaciones de los exconsellers antes de tomar una decisión, que se podría alargar varios meses.
El juez Llarena acudió a la Justicia de la UE una vez el Parlamento Europeo retiró la inmunidad de Puigdemont y de los otros dos exconsellers y eurodiputados. Su objetivo es ahorrarse otro revés de los jueces belgas, que el pasado mes de enero rechazaron la extradición del exconseller Puig porque, a su juicio, el Supremo no era el tribunal competente para juzgarle y su entrega a España ponía en peligro su presunción de inocencia.
Las siete cuestiones prejudiciales de Llarena, en línea con las peticiones de la Fiscalía, versan sobre los dos pilares de los jueces belgas para negar la extradición de Puig: el cuestionamiento de la competencia del Supremo –tal y como sostienen las defensas desde el inicio del caso– y el informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU que reclamó la libertad de los presos, al que los magistrados belgas dieron gran importancia pero que para el Supremo carece de relevancia al no ser vinculante para España. En cambio Llarena obvió enviar al TJUE las cuestiones prejudiciales planteadas por la defensa Puigdemont sobre la persecución política que, a su juicio, supone la causa del procés.