La Justicia europea avala parcialmente a Llarena en su pelea para extraditar a Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena consigue una victoria parcial en su hasta ahora infructuosa pelea por sentar en el banquillo al expresidente catalán Carles Puigdemont y los demás líderes independentistas que salieron de España para sortear el juicio. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha concluido que la justicia belga no puede denegar una euroorden bajo la premisa de que el Supremo no es el órgano competente para juzgar a los dirigentes catalanes que impulsaron el procés, pero argumenta que sí pueden valorar las alegaciones de posibles vulneraciones de derechos humanos dando cierto margen a la interpretación.

La sentencia emitida este martes por el TJUE concluye claramente que una autoridad judicial no puede negarse a ejecutar una orden europea de detención en base a la competencia del organismo jurisdiccional que la emite, en este caso el Supremo, que fue el tribunal español encargado de juzgar la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. Los jueces de Luxemburgo también avalan que el instructor del procés envíe más peticiones de extradición, siempre que sea con “carácter proporcionado”.

Ahora bien, la sentencia no es tajante respecto al planteamiento de Llarena y abre una rendija a la que se pueden acoger los líderes independentistas que están en el extranjero y sus defensas al establecer que, si alegan que su entrega puede suponer una vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo, el país receptor de la euroorden debe examinar la situación.

En primer lugar, el TJUE considera que las autoridades belgas deben analizar si existe no solo un “riesgo sistémico” en el sistema judicial del Estado emisor de la euroorden, como alegó el Abogado General de la UE, sino también “deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado”. Esta rendija es a la que se agarran las defensas de los exconsellers de cara a la reactivación de los procesos de extradición en Bélgica.

La sentencia del TJUE también establece que Bélgica analice, a nivel individual, si, “existen razones serias y fundadas para creer” que los independentistas correrán un riesgo de vulneración de sus derecho a un juicio justo en caso de ser entregados a España.

“La autoridad judicial de ejecución únicamente podrá denegar la ejecución basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada si llega a la conclusión de que, por una parte, esas deficiencias existen en el Estado miembro emisor, y, por otra parte, la falta de competencia de dicho órgano jurisdiccional es manifiesta”, explica el tribunal. A la hora de rechazar la euroorden, los jueces belgas tuvieron en cuenta la opinión del grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria para apuntar a que su extradición vulneraría sus derechos fundamentales.

“La existencia de un informe de trabajo sobre la detención arbitraria que no se refiera directamente a esa persona no puede justificar por sí sola que la autoridad judicial de ejecución niegue la ejecución de una orden de detención europea, pero tal informe puede en cambio ser tenido en cuenta por dicha autoridad judicial, entre otros elementos, a efectos de apreciar deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial de dicho estado miembro o de deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable al que pertenezca la referida persona”, recoge la sentencia.

El TJUE responde así a las cuestiones prejudiciales planteadas por Llarena después de que la justicia belga denegara la extradición del ex conseller de Cultura Lluís Puig bajo la premisa de que el Supremo se había extralimitado y que el asunto debía estar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Ante esa situación y después de que el Parlamento Europeo quitara la inmunidad a Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, el magistrado del Supremo lanzó las preguntas al TJUE buscando una respuesta que impidiera a los jueces belgas denegar su extradición llegado el momento. En el camino encontró dos espaldarazos: uno de la Comisión Europea, que defendió en Luxemburgo que se puede acordar una extradición sin revisar el derecho a un juicio justo; y otro del abogado general de la UE, que avaló que no se analice la posible vulneración de los derechos humanos de las personas requeridas por otro estado -en este caso el exconseller Puig- al no haber un riesgo de vulneración sistemática de derechos en España.

Puigdemont: “Las extradiciones están en vía muerta”

El expresidente catalán Carles Puigdemont cree que la pone más difícil a Llarena sentarle en el banquillo en España. “La sentencia deja las extradiciones en vía muerta”, ha expresado en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Europeo. Puigdemont y los demás dirigentes independentistas cuentan con que Llarena emitirá de nuevo euroórdenes pero considera que “en la práctica son inviables”. 

“Viene a establecer que el Supremo no es competente para estos hechos en función del artículo 6.1 del convenio europeo”, ha argumentado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha asegurado que “Bélgica lo hizo bien” al denegar la entrega de Puig. “Lo dice la sentencia y reconoce una lucha que ha sido constante, que es la colectiva. No hemos venido a defender personas, hemos venido a defender conceptos”, ha terminado.

No obstante, la batalla judicial de los líderes independentistas que se marcharon de España no acaba aquí. Llarena rechazó reactivar las euroórdenes a la espera de las resoluciones de la justicia europea sobre su competencia para reclamarlos, pero también sobre el levantamiento de la inmunidad por parte de la Eurocámara. Y es que el futuro de los tres eurodiputados de Junts depende en buena medida del pronunciamiento del Tribunal General de la UE sobre el suplicatorio que aceptó el Parlamento Europeo a raíz de un recurso que presentaron bajo el argumento de que no les había garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión. Por el momento se les ha devuelto “cautelarmente” la inmunidad y el TGUE se pronunciará en primavera, aunque la decisión se podrá recurrir ante el TJUE. El letrado de Puigdemont considera que el Tribunal General tendrá en cuenta el pronunciamiento del TJUE sobre la supuesta persecución política a los líderes independentistas.

En medio de la batalla en los tribunales, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tiene que tomar una decisión sobre la continuidad de Puigdemont, Ponsatí y Comín en sus escaños dado que la comisión de Asuntos Jurídicos cuestionó la validez de sus credenciales porque la Junta Electoral Central no envió sus nombres junto con los del resto de eurodiputados españoles al no haber acatado la Constitución. El organismo encargado de velar por los procesos electorales instó a la Eurocámara a dejarles sin acta hasta que juren o prometan la Carta Magna y Metsola tiene que tomar una decisión, para lo que esperará también a las decisiones judiciales. “Estoy en manos de la ley en esta cuestión. Estoy a la espera de decisiones y asesoramiento legal y seguiré esperando”, expresó este fin de semana en una entrevista en El Mundo.

Por otro lado, Llarena retiró recientemente la acusación por sedición que pesaba sobre Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig y Marta Rovira tras los cambios acometidos en el Código Penal. Fuentes jurídicas apuntan a que Llarena tendría que solicitar un nuevo suplicatorio acotado a los delitos de los que les acusa ahora, que son distintos -aunque solo sea por la eliminación de la sedición- de los que figuraban en la petición que elevó a la Eurocámara. En todo caso, ese será un episodio que se analizará más adelante y la legislatura ya va llegando a su fin.