El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha instado a la Generalitat a vacunar “sin dilaciones” y “sin excusa alguna” a los policías y guardias civiles de la comunidad hasta alcanzar en los próximos diez días la misma proporción de agentes inmunizados de los Mossos d'Esquadra y las policías locales. Los jueces atienden así la medida cautelar solicitada por los sindicatos policiales Jupol y Justicia Civil. La decisión ha provocado una reacción airada de la Generalitat, que ha tildado de “ridícula” la decisión judicial.
Los dos sindicatos policiales presentaron un demanda en la que pedían al TSJC medidas cautelarísimas porque consideran que se ha frenado el proceso de vacunación de policías nacionales y guardias civiles, a diferencia del de Mossos d'Esquadra y Bomberos, lo que a su parecer vulnera el derecho fundamental “a la igualdad y la no discriminación”.
El alto tribunal catalán rechazó esas medidas cautelarísimas –que se adoptan de forma urgente, sin tener en cuenta las alegaciones de la otra parte–, pero ahora, una vez recabados los informes del departamento de Salud y con el visto bueno de la Fiscalía, los jueces sí acceden a la medida cautelar solicitada por las organizaciones policiales. Se basan los jueces en los “elocuentes” datos aportados por el propio departamento, que constatan un retraso en la vacunación de policías y guardias en comparación con el resto de cuerpos.
Según el informe de Salud, a fecha de 24 de marzo de 2021 habían sido vacunados el 77% de los efectivos del cuerpo de Mossos d’Esquadra así como el 68,9% y el 77,9% de los efectivos de las policías locales y de la Guàrdia Urbana de Barcelona, frente al 3,6% y 2,8% de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. El pasado jueves las diferencias no se habían compensado: frente al 80,3% de mossos vacunados había solo un 9,9% de policías y un 6,3% de guardias.
Estas cifras llevan a los jueces a concluir que la demora en la vacunación de policías y guardias puede llevar a estos funcionarios a “una situación de riesgo para su salud, incluso grave o irreparable, superior a otros grupos de población”. En consecuencia, los togados obligan a acelerar la vacunación de los agentes en diez días como medida cautelar mientras resuelven el fondo de la demanda “por ser de vital importancia suprimir el espacio de riesgo en el que podría devenir el tiempo que falta hasta el dictado de una sentencia”.
Los sindicatos de Policía y asociaciones de guardias civiles denunciaban que la Generalitat ha dejado atrás a los agentes de estos cuerpos en la campaña de vacunación en la que han inyectado las primeras dosis a solo alrededor del 15% de los 7.300 agentes de ambos cuerpos en la comunidad, frente al porcentaje de más del 70% en el resto de comunidades.
La Generalitat alegaba que el retraso se debía a la tardanza de la Delegación del Gobierno en Catalunya en enviar el censo de agentes a vacunar, extremo que negaban las autoridades estatales. Finalmente la semana pasada la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó el Gobierno asumiría la vacunación de policías y guardias tras el “fracaso” de la Generalitat.
Tras conocerse el fallo judicial, el ejecutivo autonómico ha reaccionado con críticas a los jueces y sin explicar cómo se coordinará con el Gobierno, pues el TSJC obliga al departamento de Salud y no a la administración central a vacunar a los agentes. “Los tribunales interfieren en la estrategia de vacunación”, ha denunciado la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés. La responsable de Salud ha incidido en que fue el Gobierno el que frenó la vacunación con Astrazeneca a los menores de 60 años, lo que, a su juicio, impidió proseguir con la inmunización de policías y guardias.
Por la tarde, en la rueda de prensa semanal sobre vacunación, el secretario de Salud Pública catalán, Josep Maria Argimon, ha estallado contra los jueces. “El criterio judicial de llegar a la cobertura de los mossos es ridículo, pero no lo calificaré más”, ha afeado Argimon, habitualmente medido en las formas. “¿Qué dosis les damos? ¡No lo sé! ¿Le pregunto al ministerio? A lo mejor le pregunto al juez, que es el que opina, si es Pfizer, Moderna o Janssen. Ya es suficientemente complicado como para judicializarlo, es un tema de salud”, ha abundado. Dicho esto, Argimon ha confirmado que acatarán la decisión judicial a costa de retrasar la vacunación de la población de 70 años.
Visiblemente molesto, Argimon ha remarcado que los profesionales sanitarios y el Govern “nunca han discriminado por razones de edad, género, creencia, ni nada”. “Da igual si es mosso o guardia civil, me importa un pepino cuál sea su profesión, a nosotros nos han formado para dar cuidado y asistencia a todo el mundo”, ha agregado. “Hay un parón cautelar de las vacunas. ¿Hemos politizado este asunto, la doctora Cabezas [responsable de la vacunación en Catalunya] y yo? No. Se habrá politizado desde Madrid y rápidamente se ha judicializado. Ya es bastante complicado todo esto como para que ahora tengamos que adaptarnos a criterios judiciales”, ha concluido Argimon.