Víctima de un “juicio paralelo” y de una “campaña mediática”. Así se ha presentado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el escrito por el que ha recurrido el auto que la semana pasada la dejó a un paso del juicio por fraccionar contratos presuntamente para favorecer a un amigo suyo en su etapa como presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En un duro recurso, la defensa de Borràs, que ejercen los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, carga sin miramientos contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Jordi Seguí, a quien acusa de haber vulnerado su derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
Según la defensa, el juez presentó a Borràs “como culpable” en el auto de la pasada semana por la que dio por concluida la investigación del caso de ILC y dio diez días al fiscal para acusar a la presidenta del Parlament. Se trató de una resolución en la que el magistrado Seguí detalló todos los indicios contra Borràs, entre ellos correos electrónicos del año 2013 en los que la dirigentes de Junts instaba a su amigo Isaías H. a “fraccionar cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”.
No plantea la defensa, por ahora, una petición para anular los correos electrónicos –el principal argumento del juez para procesar a Borràs–. En cambio sí acusa al juez de haber vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de Borràs al haber “difundido” el auto de cierre de la investigación. Mantiene el recurso que el magistrado Seguí actuó con “absoluto desdén” por las garantías de Borràs, de quien su defensa asegura que “está padeciendo una campaña mediática, en la que está siendo objeto de un juicio paralelo, privándola, de paso, del derecho de defensa”.
Para el magistrado, Borràs “abusó de las funciones que tenía reconocidas” como directora del ILC al aprobar las adjudicaciones de 18 contratos menores “únicamente” con el propósito de favorecer a su amigo Isaías H. y “en detrimento de los intereses generales”. El valor de los 18 contratos menores investigados asciende a 330.442,65 euros, y según el juez en el fraccionamiento hay suficientes indicios de delitos de prevaricación, fraude administrativo, malversación y falsedad en documento mercantil.
La defensa también expone que el juez entregó a la “varios” CDs de la investigación el mismo día que procesó a Borràs, provocando de nuevo “indefensión” a la dirigente de Junts por no haber podido tener conocimiento de la causa “en su totalidad” y no haber tenido tiempo de pedir nuevas diligencias. Además la defensa afea el instructor no haber dado la oportunidad a Borràs de prestar declaración como investigada sobre estos nuevos CDs del casi.
Borràs ha acompañado su recurso ante el TSJC de este lunes con un artículo de marcado corte político, publicado en El Punt Avui, en el que no da ninguna muestra de querer dejar el escaño una vez se dicte el auto de apertura de juicio oral, tal y como recoge el reglamento del Parlament para diputados encausados en causas por corrupción.
Pese a que no tiene nada que ver con el procés sino con contratos fraccionados, Borràs ha enmarcado su causa en “el contexto de represión” al independentismo y ha cargado contra los partidos que exigen su cese. “Pedirme la dimisión es, parece, una opción más razonable que denunciar la persecución política y el acoso judicial a la que estoy sometida”, ha mantenido.
Tal y como ha planteado en su recurso, Borràs ha negado haber cometido ningún tipo de fraude: “La magnitud de la aberración jurídica perpetrada contra mi reputación aún puede subir algún escalón más si el fiscal decide presentar un escrito de acusación”. Salvo sorpresa, la Fiscalía formalizará ese escrito en las próximas semanas.