La realidad y las proclamas de los políticos van por caminos opuestos. Al menos eso parece en el caso de la retirada del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà. Mientras el Parlament empezaba a cumplir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y comunicaba de manera informal que en febrero Juvillà ya no cobrará la nómina, la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, escenificaba que el diputado sigue en su escaño y, apoyada por ERC y CUP, recomendaba una paralización de la actividad parlamentaria sin acomodo en el reglamento.
Tal y como ha adelantado el diario ARA, la secretaria general del Parlament, Esther Andreu –nombrada por Borràs y responsable de la jefatura superior del personal y los servicios de la Cámara– informó verbalmente el pasado viernes a una asesora de Juvillà que el diputado no recibiría su nómina de febrero. Ello supone en la práctica ejecutar el acuerdo de la JEC del pasado jueves, que expidió la credencial a la candidata que seguía al diputado en la lista electoral de la CUP y dio cinco días a Borràs para retirar el escaño de Juvillà.
Para corroborar que Juvillà sigue siendo diputado debe cobrar su nómina a final de mes y participar en las votaciones y organismos del Parlament. La enfermedad que padece el diputado le ha impedido asistir a la reunión de la Mesa, de la que es secretario tercero, por lo que el anuncio de que no cobrará en febrero supone una primera confirmación de que deja de ser diputado. Cabe recordar que la encargada de firmar la nómina –a finales de febrero– es Borràs, no la secretaria general del Parlament. Fuentes parlamentarias insisten en que la Cámara no ha enviado ninguna comunicación oficial a Juvillà.
Mientras los funcionarios de la Cámara empiezan a dar curso a la orden de la JEC, su presidenta ha lanzado un órdago consistente en recomendar la paralización la actividad parlamentaria hasta que la comisión de estatuto del diputado no decida los próximos pasos a seguir en el caso Juvillà. La oposición ha cargado sin miramientos contra Borràs.
Fuentes parlamentarias explican que la comisión podría convocarse esta misma semana, por lo que la suspensión de la actividad propuesta por Borràs –no prevista en el reglamento del Parlament– podría en la práctica durar como máximo tres días. En una comparecencia sin aceptar preguntas de la prensa, Borràs ha indicado que la propuesta para paralizar la Cámara busca mostrar “firmeza contra la represión” y responder a una “situación de extrema gravedad”.
“Tenemos que defender los derechos de los electos y sus electores y la soberanía del Parlament”, ha mantenido. Con el voto de los independentistas, la Mesa ha tomado la decisión en base al artículo del reglamento que ampara al órgano rector de la Cámara a adoptar las decisiones necesarias que requiere la organización del trabajo parlamentario (no su suspensión).
Al no haber pleno esta semana –que sí debe convocar Borràs para el próximo martes– es la presidencia de cada comisión la que acuerda celebrar las sesiones, por lo que la presidenta del Parlament no tiene potestad para suspender estas reuniones. Sin embargo los independentistas ya han boicoteado este mismo martes por la tarde una de las comisiones que no presiden. Ha sido la comisión de estudio sobre el despliegue de un sistema educativo inclusivo. Su presidente, Raúl Moreno (PSC), ha constatado que no había 'quorum' suficiente para celebrar la comisión por la ausencia de los diputados de ERC, Junts y la CUP, y ha suspendido la sesión, no sin expresar su “perplejidad, desconcierto y desaprobación” con la situación.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Agricultura, Meritxell Serret (ERC), ha anunciado la suspensión de la sesión, y ha dicho que se volverá a convocar “lo antes posible” y una vez se pronuncie la Comisión del Estatuto del Diputado. Este miércoles se han suspendido ya otras tres comisiones.
En paralelo, la CUP ha anunciado que propondrá a su diputado Carles Riera como sustituto de Pau Juvillà como secretario tercero de la Mesa del Parlament, después de que éste renuncie al cargo al tener una “situación médica complicada”. En un comunicado, la CUP ha indicado que la renuncia de Juvillà a la Mesa no implica que deje el escaño, sino que Riera trabajará “para garantizar” que mantiene su sillón en la Cámara.
Críticas de la oposición
La portavoz del PSC, Alícia Romero, ya ha anunciado que los socialistas convocarán las comisiones que presidan. Romero ha tildado de “esperpéntica” y “de vergüenza ajena” la recomendación de Borràs, a quien ha acusado de “instrumentalizar” el Parlament en aras a su interés personal. “Nos da igual que la suspensión dure tres horas o cinco dias, no se pueden vulnerar los derechos básicos de participación política”, ha sentenciado Romero.
Para la portavoz socialista, además, es irrelevante la reunión de la comisión de estatuto del diputado que blande Borràs para paralizar el Parlament ya que, a su juicio, la presidenta del Parlament debe dar ya cumplimiento a la orden de la JEC para retirar el escaño a Juvillà. La nueva decisión de la JEC ha hecho variar el posicionamiento de los socialistas, hasta ahora partidarios de mantener el escaño del cupaire hasta que hubiera sentencia firme.
La líder de los 'comuns' en el Parlament, Jéssica Albiach, ha compartido la críticas de Romero a la maniobra de Borràs, que ha considerado una “anomalía política”, si bien ha defendido que Juvillà debe permanecer en su escaño hasta su sentencia sea firme. Albiach ha afeado a Borràs que haga “un uso patrimonialista de las instituciones” y ha lamentado que devalúe la función de la Cámara.
Como suele ser habitual, el portavoz de Vox, Joan Garriga, ha anunciado que el partido de extrema derecha se querellará contra los miembros de la Mesa si no retiran el escaño de Juvillà antes del viernes, tal y como ha ordenado la JEC. Desde Ciudadanos, el diputado Nacho Martín Blanco ha definido la actuación de Borràs como un “escándalo sin precedentes en países civilizados”.
El plazo para Borràs vence el viernes
La maniobra de Borràs llega a tres días de que venza el plazo que le dio la JEC para que retirara el escaño a Juvillà, pese a que el diputado ha recurrido su sentencia ante el Tribunal Supremo y no está condenado en firme. La JEC, ignorando la mayoría parlamentaria partidaria de mantener el escaño a Juvillà hasta que tenga sentencia firme, exhortó a Borràs a expulsar de la Cámara al 'cupaire' antes de este viernes, advirtiéndola de “consecuencias jurídicas” si no lo hacía. Esto es, una querella de la Fiscalía por desobediencia que podría terminar con su inhabilitación como diputada.
Tras el ultimátum de la JEC, ERC, Junts y la CUP se reafirmaron en el acuerdo aprobado en el pleno en diciembre y defendieron “la voluntad de mantener la soberanía del Parlamento de Catalunya ante la intromisión de un órgano administrativo sin competencias para resolver sobre esta cuestión”. En paralelo, Juvillà y el Parlament han recurrido ante el Tribunal Supremo la orden de la JEC y han pedido su suspensión cautelar, cuestión que el Alto Tribunal podría resolver esta misma semana.