El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este viernes la libertad bajo fianza de tres millones de euros, que deben ser depositados en metálico (sin avales ni propiedades) para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol.
Pujol Ferrusola se encuentra ingresado en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado mes de abril por los delitos de blanqueo continuado de capitales, fraude fiscal y falsedad documental, en el marco de la investigación sobre el origen presuntamente ilícito del patrimonio del clan.
En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso de libertad presentado por la defensa de Pujol Ferrusola, pero le impone esa fianza porque cree que con ella se “garantiza la prohibición que se le impone de gestionar, por sí o por las personas físicas o jurídicas, su patrimonio”.
El tribunal, compuesto por los magistrados Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro y Ana María Rubio, acoge los argumentos del juez del riesgo de que vuelva a delinquir y tiene así en cuenta la “hipótesis” de que Pujol pueda volver a blanquear dinero o destruir pruebas, pero cree que la solución del recurso “pasa por un pronunciamiento de relevancia económica”, es decir, una fianza.
Ello, teniendo en cuenta que, como reconoce la sala, en los últimos años se han registrado movimientos del hijo del expresidente de la Generalitat como la expatriación de 2,4 millones que tenía en Andorra.
Sin embargo, la sección cree que “una fianza de 3 millones de euros serviría para salvaguardar los rendimientos del capital sustraído a la Hacienda” y garantiza que Pujol Ferrusola “no actuará por sí ni por medio de otras personas físicas y jurídicas en otras jurisdicciones”.
El juez acordó la prisión en base a los nuevos indicios aportados por la Fiscalía Anticorrupción de que Pujol Ferrusola ha seguido ocultando su patrimonio desde que se le investiga a finales de 2012, concretamente con operativas de préstamos ficticios a las que la sala sí da, en cambio, credibilidad.
También expuso Anticorrupción los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en los que asegura que desde que se le investiga ha ocultado 30 millones de euros a la Hacienda Pública.
Estos informes llevan a los jueces “a contemplar como posible que pueda actuar sobre el patrimonio situado fuera de España valiéndose de fiduciario para articular otros negocios (ficticios o reales)” o mantener “esquemas societarios fuera de nacionales e internacionales y utilizarlo en el marco de otras operaciones distrayendo capital con inversiones más complejas”.
También acogen los argumentos del juez De la Mata de que Jordi Pujol Júnior gestionó el patrimonio familiar en Andorra (que los Pujol atribuyen a una herencia), pero aseguran que la fianza es “proporcional” porque se trata de una “instrucción compleja”.
Antes de su entrada en prisión, Jordi Pujol Ferrusola y su hermano Oleguer debían cumplir medidas cautelares que se limitaban a comparecencias periódicas en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.
El juez De la Mata investiga en esta causa el origen de la fortuna de la familia y asegura que todos sus miembros orquestaron durante años una “estrategia compartida y coordinada” para llevar a cabo “negocios económicos, generar réditos, ocultarlos, y distribuirlos entre todos” para conseguir “el lavado de los activos conseguidos”.