La movilización convocada este sábado frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca quiere convertir en permanente el cierre temporal del centro decretado por el ministerio del Interior en octubre pasado. La oposición al centro ha logrado en los últimos meses un consenso que ha trascendido los movimientos sociales de Barcelona y ha alcanzado el mismo Parlament, algo impensable hace unos años. Sin embargo, el rechazo al CIE de Barcelona ha estado presente incluso desde antes de su apertura en verano de 2006.
Aquel año, una protesta de la Caravana Europea por la Libertad de Movimientos, una plataforma contraria a las legislaciones de extranjería, intentó 'desmontar' el CIE antes de que abriera cortando los cables del circuito de televisión del centro. La Policía respondió deteniendo a 59 personas, una cuarta parte de los participantes en la acción, incluidos periodistas que cubrían la protesta y abogados.
“Cometer el error de girar la cabeza o hablar era contestado con una bofetada, un manotazo o un puntapié en las piernas, acompañado del correspondiente insulto o amenaza”, escribió el periodista Jesús Rodriguez en el semanario La Directa. El diario El País también recogía la frustración de una redactora de la agencia Europa Press al ver que la Policía detenía a un compañero: “Al final cogí la cámara y a él se lo llevaron”.
Los excesos policiales continuaron cuando abrió el nuevo CIE, que sustituyó al que había en la Verneda. Y si no han quedado en el olvido es gracias a la labor de organizaciones sociales como Migra Studium, SOS Racisme o Tanquem els CIES. Andrés García Berrio, abogado y miembro del centro por la defensa de los derechos humanos Iridia, explica que el trabajo de Tanquem els CIES se ha centrado en el acompañamiento psicosocial de los internos, el apoyo jurídico frente a las vulneraciones de derechos y en cambiar la vida cotidiana de los internos.
Precisamente algo tan cotidiano como ir al lavabo fue lo que motivó el cierre temporal del CIE. El ministerio del Interior ha tardado casi dos años en cumplir con una orden judicial que le obligaba, entre otras cosas, a realizar obras en el CIE para que las personas puedan ir al lavabo dentro de su celda.
La justicia también ordenó ampliar el horario de visitas de familiares y permitir la regulación de la temperatura en las duchas en enero de 2015. En mayo instó a que se permitiera el uso de móviles y no se restrinja el acceso a la sanidad. Sin embargo, el ministerio del Interior seguía permitiendo una gran vulnerabilidad a la hora de garantizar la atención sanitaria en el CIE, tal y como reseñaba este diario el pasado mes de octubre.
A lo largo de esta década, el CIE de la Zona Franca ha mostrado su lado más opaco con las muertes de personas en su interior. En 2010 falleció allí Mohamed Abagui. La noche de Reyes de 2012 murió Idrissa Diallo; y en diciembre de 2013, Aramis Manukyan. “Los tres casos se han archivado pese a las situaciones de negligencia”, recuerda el abogado.
García Berrio valora que un hecho tan desgraciado como la muerte de Diallo permitió romper buena parte del silencio mediático alrededor del CIE, y fue una señal de alarma para tejer un consenso social para su cierre. Dos años después, se puede afirmar que el apoyo para clausurar para siempre el CIE ha trascendido del círculo de los movimientos sociales de Barcelona y ha alcanzado buena parte de la sociedad. Muestra de ello es que han llamado a acudir a la manifestación de este sábado varios partidos políticos, asociaciones de vecinos y plataformas con más de 50.000 socios, como Òmnium Cultural.
En paralelo al trabajo para ampliar el apoyo social para clausurar el CIE, el movimiento para que el centro cierre sus puertas ha llevado la reivindicación hasta el Parlament. Tras un largo período en comisión, la cámara catalana votó casi por unanimidad instar al Gobierno a que cerrara los CIE. Sólo el PP y Ciudadanos votaron en contra. Aunque todavía no se conformado, el Gobierno que salga de las elecciones del 20-D tiene un encargo claro de todo un Parlament y de buena parte de la ciudadanía catalana para que el CIE de la Zona Franca pase a la historia.