Un mes después de que estallara la Guerra Civil, el verano de 1936, un médico de Barcelona decidió regalar un palacete al municipio de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) para que construyera una escuela. Sin embargo, el colegio jamás se llegó a poner en marcha porque, tras la derrota republicana, el propietario cambió de parecer y decidió regalar la finca al Ejército. Hoy, esta mansión, rodeada de un amplio jardín, es conocida por los vecinos como la “torre del capitán general” y está destinada para uso vacacional de los mandos militares.
Desde hace unos meses, el municipio pugna por recuperar su propiedad, después de que el archivero local hallase documentación que prueba que, antes de que estuviera en manos de los militares, el inmueble fue cedido en 1936 al pueblo para albergar un colegio. Con estas evidencias, el consistorio inició en septiembre de 2022 la reclamación del inmueble a su actual titular, el Ministerio de Defensa
Según el consistorio, inicialmente encontraron buena predisposición, pero después de una última reunión este martes, la negociación está encallada. Ambas partes aceptaron firmar una cesión de uso de la finca a 75 años, pero el Ministerio ha añadido un requisito al acuerdo y ahora pide también una remuneración en forma de canon. Esta es una línea roja para el Ayuntamiento, que no está dispuesto a pagar por algo que considera que le fue arrebatado de forma irregular durante la posguerra.
La finca es actualmente la casa de veraneo del Inspector General del Ejército en Catalunya, cargo que hoy ostenta el teniente Manuel Busquier Sáez. Ubicada en el Paseo de la Riera y flanqueada por una verja y un jardín de árboles altos, apenas se distingue su fachada desde la calle y durante gran parte del año está vacía. Solo la usa el teniente general durante dos o tres semanas al año, según los vecinos.
Lluís Albertí es el funcionario municipal que dio con la tecla exacta para poder reclamar el palacete. Responsable del Museo Archivo de Sant Andreu de Llavaneres, quiso comprobar si eran ciertos los rumores que contaban algunos de los vecinos más mayores respecto a 'la torre del capitán general'. Se decía que el doctor Ricard Martí i Martí, un médico de Barcelona que se había comprado la casa en 1916, había entregado la finca al Ayuntamiento en plena Guerra Civil para que la convirtiera en escuela.
El archivero sabía que conservaba documentación del edificio y no fue difícil comprobarlo: la cesión se produjo el 11 de agosto de 1936, menos de un mes después del golpe de estado contra el Gobierno de la República.
“El doctor Ricard Martí Martí dice que, reconociendo la necesidad que tiene esta población de unas escuelas municipales, hace donación pura, perpetua e irrevocable a favor del Ayuntamiento”, recogen las escrituras ante notario desempolvadas en 2021 por Albertí.
Con ellas bajo el brazo, el archivero fue a ver al alcalde y ambos acordaron que seguirían recabando documentación que demostrase esa cesión. Desde entonces, Albertí se ha hecho con numerosas pruebas que acreditan la titularidad municipal del edificio entre 1936 y 1940. Entre ellas, destacan las subvenciones de la Generalitat en 1938 para costear al 50% la rehabilitación del edificio, diversas facturas de la luz, recibos del arquitecto, del herrero, de los albañiles…
Pero el colegio nunca llegó a abrir. Con la victoria de las tropas franquistas, el doctor Martí consideró más pertinente que los militares fueran los propietarios del palacete, así que obvió la cesión que previamente había hecho a favor del municipio y entregó la finca al Ejército. “Aquella cesión no se podía dar porque el inmueble ya no era suyo. Pero eran tiempos de posguerra y nadie dijo nada”, relata Albertí.
Pronto la casa quedó vacía y solo hay constancia de que se celebraron allí algo parecido a unas colonias infantiles, según una foto conservada en el archivo. A partir de 1947 pasó a convertirse en la residencia que sigue siendo hoy.
Lo más curioso, sin embargo, es que, de nuevo, en la década de 1940 el Ayuntamiento franquista se dio cuenta de que necesitaba un colegio y reclamó la finca al Gobierno. “Se iniciaron varias peticiones para recuperar el proyecto de que fuese una escuela. No mencionaban la cesión del 36, sencillamente pedían la propiedad o la cesión para el pueblo, e incluso llegaron a decir que habían hablado con el anterior propietario [el doctor Martí] y este estaba de acuerdo”, resume el archivero.
Entre 1947 y 1948 el alcalde franquista del municipio, Joaquim Vives i Prat, mandó al menos ocho cartas al ministro del Ejército y a otros mandos militares. Pero el gobierno de Franco descartó su petición.
Más de 75 años después, el Ayuntamiento quiere que el edificio sea la sede de la escuela de música municipal. Y tras las primeras conversaciones con Defensa, el enero pasado, pensaban que firmarían pronto la cesión que debía retornar la titularidad de la finca al municipio. “La ministra nos dijo que había toda la predisposición política”, asegura Gemma Martín, primera teniente de alcaldía de Sant Andreu de Llavaneres. Pero ahora el consistorio lamenta el viraje de las negociaciones que se ha producido desde que el ministerio quiere cobrar un canon a cambio de renunciar al palacete.
“Nos sentimos propietarios legítimos de la casa. Pagar por algo que es nuestro... No lo vemos claro”, zanja Martín, que asegura que el consistorio no descarta acudir a los tribunales si la próxima reunión, prevista para marzo, no llega a buen puerto.