El debate legal sobre la amnistía ya está en marcha en el Tribunal Constitucional. El pleno ha recibido casi una veintena de recursos presentados contra la ley de perdón, la mayor parte interpuestos sobre todo por las comunidades autónomas gobernadas por el PP pero también por el propio partido y tribunales como el Supremo. El objetivo de la formación de Alberto Núñez Feijóo es que el Constitucional aparte a suficientes magistrados hasta que sus recursos sean estudiados por una mayoría conservadora y que el ponente del más importante sea José María Macías, el mayor opositor a la ley desde el mundo jurídico. Macías, por el momento, ha empezado a tramitar el recurso sin dar muestras de ir a abstenerse al entender, según fuentes de su entorno, que antecedentes como el aborto le permiten mantener la ponencia del recurso que marcará el futuro de todas las impugnaciones contra la amnistía.
Se trata de un caso en el que el PP no ha recusado a Macías y está por ver si la iniciativa parte de la Fiscalía o la Abogacía del Estado. En el seno del tribunal de garantías las opiniones están divididas. Algunos entienden que la oposición de José María Macías a la ley de amnistía no se limitó a unos artículos de opinión, entrevistas e intervenciones públicas cuando formaba parte del órgano de gobierno de los jueces. En ese caso, como sucedió con Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y la ley del aborto, el Constitucional ya ha dicho que las opiniones previas de un magistrado sobre un asunto no le inhabilita para participar en las deliberaciones o, incluso, ser ponente de la sentencia. Pero en el caso de Macías sus iniciativas fueron más allá.
Como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Macías se puso a la cabeza de una facción especialmente beligerante del sector conservador que, entre otras medidas e iniciativas legales del ejecutivo central, hizo fuerza hasta que el órgano de gobierno de los jueces emitió un informe sobre la amnistía que nadie había pedido. “La ley de amnistía no busca el interés general, sino el de Sánchez”, afirmó también en una entrevista el pasado mes de febrero, antes de su aprobación.
Por el momento Macías no se plantea apartarse ni de este recurso ni del otro del que será ponente, el presentado por el ejecutivo de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. Los plazos para hacerlo todavía no han concluido pero, por el momento, el último magistrado en incorporarse al Constitucional sí ha empezado a tramitar el recurso: ha dado traslado al PP para que subsane algunos defectos formales de su texto y las recusaciones que ha presentado contra tres magistrados progresistas. Si el partido de Alberto Núñez Feijóo lo hace, el pleno admitirá a trámite su recurso el próximo 24 de septiembre.
Fuentes próximas al magistrado, por contra, entienden que los argumentos esgrimidos por el mismo Constitucional hace un año para no apartar de las deliberaciones del aborto a Concepción Espejel son aplicables a su caso. Ella misma solicitó apartarse porque en su etapa como vocal firmó un informe, que al quedan en minoría no fue aprobado por el pleno, se pronunciaba claramente en contra de la ley. “Solo expresó un criterio jurídico”, dijo entonces el pleno. Y esa decisión, precisan estas fuentes, fue ratificada antes del verano por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que rechazó el recurso de Federico Trillo.
El Constitucional tiene una veintena de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía pendientes de estudio. Por el momento y por razones de calendario, solo ha sido admitida a trámite la impugnación que presentó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el pasado mes de julio, cuestionando el artículo de la ley que refleja qué supuestos del procés pueden acogerse a la ley de perdón. Pero el siguiente en admitirse a trámite, si no hay cambios, será el del PP cuya ponencia corresponde a Macías.
El recurso del PP y sus diputados y senadores, explican desde el tribunal de garantías, es el más amplio, el primero que se estudiará y el que marque el camino del resto, teniendo en cuenta sus diferencias técnicas con una cuestión de inconstitucionalidad. Si la ponencia de Macías –cuyas opiniones políticas y jurídicas hasta ahora han ido radicalmente en contra de todos los aspectos de la ley– no consigue el apoyo mayoritario del pleno, será asignada a otro magistrado salvo que él asuma el criterio del resto.
Las recusaciones del PP
El Partido Popular y 14 de las comunidades autónomas y parlamentos regionales que controla la formación de Alberto Núñez Feijóo ha empezado una segunda ofensiva para que el Constitucional que sentencie sus recursos sea un tribunal a medida con mayoría conservadora. En la mayor parte de sus impugnaciones, el partido ha recusado a Cándido Conde-Pumpido, Laura Díez y Juan Carlos Campo por haber sido nombrados magistrados a propuesta del PSOE y su supuesta vinculación con el partido y el actual Gobierno central.
Ninguna recusación ha presentado contra los que han accedido al pleno a propuesta del propio PP ni contra Macías, que encabezó la ofensiva contra la ley de amnistía desde su vocalía del Consejo General del Poder Judicial. Las recusaciones contra Juan Carlos Campo, ministro de Justicia con Pedro Sánchez antes de su breve paso por la Audiencia Nacional y su entrada en el Constitucional, no necesitarán de mucho debate, ya que el propio magistrado se ha abstenido.
Si los deseos del Partido Popular se cumplieran tal cual han sido planteados, el pleno del tribunal de garantías que estudie sus recursos contra la amnistía pasaría a tener cuatro integrantes progresistas y cinco conservadores. Justo las recusaciones necesarias para que la mayoría progresista actual se convierta en una mayoría conservadora para su recurso más importante de la última década.
Esta triple recusación, a la que distintas fuentes del Constitucional no auguran mucho recorrido basándose en antecedentes recientes, será debatida el próximo 24 de septiembre, cuando el pleno admita a trámite el recurso del PP contra la norma. Uno de los recursos, el presentado por el Govern de Marga Prohens en Balears, cuenta además con una petición cautelar de suspensión.
Las últimas recusaciones presentadas por el PP en el Constitucional para apartar a magistrados de deliberaciones clave han sido rechazadas. Sucedió con las interpuestas con las deliberaciones ya casi terminadas en el caso de los ERE de Andalucía pero también en 2023, cuando alegaron que Laura Díez no podía decidir sobre la petición del PSOE de revisar 30.000 votos de las elecciones generales por haber trabajado en la Moncloa. Hace más de una década el entonces presidente, Francisco Pérez de los Cobos, no se apartó de las deliberaciones sobre un recurso del PP a pesar de haber sido militante del partido pagando la cuota hasta hace solo dos años antes.