El artículo 155 ha dejado de ser una incógnita. Implicará la destitución del presidente de la Generalitat y del Govern, a la vez que recortará competencias del Parlament. La duda es cómo se puede dar cumplimiento al conjunto de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. Más allá de las proclamas políticas, en la Generalitat nadie se atreve a pronosticar qué pasará si el viernes el Senado aprueba la petición de Mariano Rajoy, que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez y Albert Rivera.
En los departamentos de la Administración catalana no se sabe cómo se podrá gestionar el día a día, los Mossos desconocen cómo afectará a su cadena de mando y los trabajadores de la televisión y radio públicas ya han advertido de que no reconocerán la dirección que les imponga el Ejecutivo central. Todos están a la espera de ver cuáles serán los próximos movimientos políticos y, si el viernes el Senado da luz verde a su aprobación, en qué instrucciones se concreta esta decisión.
El primer movimiento de Puigdemont ha sido buscar complicidades más allá del independentismo en defensa del autogobierno de Catalunya. El president ha comparecido tras haber participado en la multitudinaria manifestación que recorrió el centro de Barcelona. La concentración inicialmente estaba convocada para protestar por el encarcelamiento de los presidentes de la ANC y Òmnium pero acabó derivando en una protesta contra el artículo 155.
En un discurso institucional, Puigdemont ha anunciado que pedirá que el Parlament celebre un pleno en el que se acuerde cuál debe ser la respuesta a la aplicación del 155.
El lunes, se reunirá la junta de portavoces de la Cámara para fijar la fecha. Junts pel Sí y la CUP pedirán que se celebre el viernes, coincidiendo con la sesión del Senado. Si el president quiere mantener el apoyo de los comuns (y si puede también de algún diputado socialista), deberá frenar las prisas de la CUP para que ese pleno sirva también para aprobar una declaración de independencia.
La DUI sigue sin tener ningún reconocimiento internacional y más después del espaldarazo que Rajoy ha recibido esta semana por parte de la Unión Europea. Además, Puigdemont y probablemente también el Govern se enfrentarán a una querella por rebelión. Un delito penado con hasta 30 años de cárcel.
A vuelta con las elecciones
En el independentismo, sobre todo en ERC y la CUP, se insiste en que sería un error convocar elecciones, aunque se las bautice como constituyentes, para evitar la aplicación del 155. Estos partidos consideran que sería una rendición.
Algunos republicanos son partidarios de buscar otras salidas, por ejemplo, la de una especie de gobierno de concentración que estuviese integrado por personas afines al independentismo pero también representantes del ámbito de los comuns e incluso de exsocialistas. Esta fórmula permitiría no romper la complicidad con los comuns pero implicaría renunciar a una declaración de independencia.
Debate en el PSC
Puigdemont se reunió en secreto el vienes con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el líder socialista propuso al president que acuda al Senado y ofrezca un pacto de Estado para Catalunya. Una salida que en el Palau de la Generalitat ahora mismo no consideran como viable. “¿Un pacto con quién, con los que han anunciado que se cargan nuestro autogobierno?”, responden.
Los socialistas catalanes insisten, cada vez con menos esperanzas, en que hasta el viernes hay tiempo para evitar que el 155 se acabe consumando. Saben que apoyar el paquete de medidas que han pactado Rajoy, Sánchez y Rivera tendrá costes para su partido y empiezan a salir alcaldes expresando públicamente su malestar. Entre ellos, la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon (que ha renunciado a su puesto en la Ejecutiva del PSOE) el de Granollers, Josep Mayoral, el de Terrassa, Jordi Ballart, y el de Castellar del Vallés, Ignasi Giménez.