El día que Montse Castilla recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus supuso un enorme soplo de esperanza para ella y su familia. Era 7 de enero de 2021 y esa mujer de 57 años, con síndrome de Steinert, se convertía en la primera de su residencia en poner el brazo para el pinchazo. Pero la alegría duró muy poco. Tras un durísimo año sin apenas salir del centro, habiendo esquivado lo peor de la pandemia y cuando ya veía la luz al final del túnel, Montse se contagió por un brote a partir de un trabajador. Dio positivo el día 15. Una semana después, falleció.
“La sensación es de tristeza, pena, impotencia y rabia, muchísima rabia. Pensar que estuvo tan cerca después de todo lo que hemos pasado…”, describe Teresa, que guarda en el móvil la foto de su hermana pequeña en el instante de recibir la primera dosis de la vacuna, en el hall de la residencia para personas con discapacidad Batllòria, de Badalona. Igual que ella, cientos de personas que viven en residencias, en su mayoría ancianos, han fallecido en las últimas semanas a las puertas de la inmunización, habiendo recibido la primera de las dos inyecciones o a la espera de hacerlo.
Ahora que se empieza a doblegar la curva de la tercera ola, enero se cierra como uno de los meses más letales desde el verano. Y las residencias, una vez más, han sido un triste reflejo de ello. Solo en Catalunya han muerto 562 residentes por coronavirus. En Castilla y León, 182. En Galicia, 125. En Cantabria, 53 –en este caso desde mediados de diciembre–. El virus ha seguido causando estragos en estas dependencias al tiempo que se iniciaba la campaña de vacunación. Pero esto ya debería estar cambiando: no solo por la inmunidad que confiere la segunda dosis –que se está administrando estos días en la mayoría de las comunidades–, sino porque a los doce días de la primera ya se empieza a percibir una cierta protección frente a los contagios.
A Montse Castilla no le dio tiempo de eso. Por pocos días. “Mi hermana tuvo mala suerte al nacer y mala suerte al morir”, lamenta su hermana Teresa.
Montse nació con síndrome de Steinert igual que su padre, una enfermedad hereditaria que provoca un deterioro progresivo de la musculatura. Vivió con su madre hasta que ella falleció, hace siete años, y entonces su familia pidió plaza para ella en un centro público para personas con discapacidad. “Montse se podía mover muy poco y tenía muy poca visión también, todo derivado de la enfermedad”, explica su hermana Teresa. En 2017 lograron entrar en la residencia Batllòria, en Badalona
En sus circunstancias, el confinamiento para Montse fue un auténtico suplicio. Ella y los otros 24 residentes estuvieron encerrados dos meses. Desde mediados de marzo se acabaron para ella las sesiones de fisioterapia, las actividades en la ONCE… Nada. Ni siquiera tras la desescalada pudo recuperar todo aquello, puesto que los rebrotes empujaron a un nuevo encierro. “El desgaste emocional, cognitivo y físico fue muy fuerte, y se notaban las secuelas: estaba nerviosa, desanimada”, recuerda Teresa.
Desde que pasó lo peor de la pandemia, y debido a las restricciones, Teresa solamente pudo visitar a su hermana seis o siete veces, limitándose a un breve paseo por los alrededores de una residencia que no tiene espacios al aire libre. Tampoco en Navidad pudo Montse estar con su familia. “¡Imagínate la ilusión el día que supimos que se vacunaba!”, reitera esta mujer.
Teresa no tiene reproches por la gestión del brote en el centro de su hermana. “Sé que las trabajadoras hicieron todo lo posible y me consta que reciben un apoyo importante del centro de salud”, cuenta. Tras el primer positivo detectado el 13 de enero, se contagiaron cuatro empleados y cuatro residentes. “El brote se controló desde el primer momento”, aseguran fuentes de Salud.
La mayoría de los enfermos fueron trasladados a geriátricos buffer, una serie de residencias de mayores que sí tienen capacidad de sectorizar, es decir, para aislar a los residentes enfermos de los que no lo están. Salud recurre a ellos, aunque estén limpios de contagios, para derivar a ancianos positivos de residencias pequeñas, una estrategia criticada por muchos familiares de los centros en cuestión pero que las patronales del sector avalan.
Con todo, Teresa Castilla sí quiere dejar claro que es muy crítica con el modelo residencial para personas con discapacidad. En su caso, un centro concertado financiado con fondos públicos, no solo por la falta de personal y de espacio al aire libre, sino también porque hay habitaciones de tres y cuatro personas cuando la normativa, del año 2006, fija un máximo de dos. “Partimos de una situación que sería ilegal”, denuncia esta mujer, consciente además de que cuanta menos gente duerma en una habitación, más fácilmente se evita la transmisión. Desde Salud responden a eso que el decreto en cuestión prevé excepciones para los centros que ya existían antes, como este, y argumentan que “han pasado todas las inspecciones pertinentes”.
Brotes descontrolados por falta de sectorización
Los brotes en residencias se han sucedido durante la tercera ola en toda España y ha habido casos en los que el virus ha acabado por contagiar a la práctica totalidad de los usuarios y trabajadores. La DomusVi Carballo, en A Coruña, cuenta un centenar de positivos y 24 fallecidos. En Becerril de la Sierra, en Madrid, se han contagiado los 48 usuarios de la residencia Vigor, de los que han muerto doce. Estos habían recibido ya la primera dosis de la vacuna, igual que los usuarios de dos residencias de la provincia de Toledo que se han contagiado en masa: El Salvador y Las Ventas, con 148 positivos y siete fallecidos hasta el lunes.
Un ejemplo más de la facilidad con la que se transmite el virus en algunas las residencias se ha vivido en Girona, donde solo tres centros acumulan 164 ancianos contagiados, de los que 44 han muerto, y 102 trabajadores positivos. En una de ellas, Bona Vista –en la localidad de Lladó–, la única de las tres donde se había empezado ya a vacunar, cayeron enfermos todos los 38 residentes.
La velocidad con la que se expande el virus en algunas residencias es la prueba de que en muchos casos se incumplen los protocolos de seguridad o, cuando menos, se cometen errores. Así lo ve María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1 de familiares de usuarios. “Si se acaban infectando casi todos los residentes es porque la sectorización no se ha hecho bien, ya sea porque algún trabajador ha estado en ambos sitios, con positivos y con usuarios sanos, o por cualquier otra razón”, expone.
La sectorización es una de las muchas medidas que hay que adoptar cuando se detecta un brote en un residencia. Consiste en aislar a los enfermos, a poder ser por plantas, evitando que se crucen con los demás, así como los trabajadores que les atienden. Si por capacidad o por tamaño no pueden hacerlo, en Catalunya se pueden derivar algunos ancianos a geriátricos más grandes que guardan plazas para ello, los llamados centros buffer.
En cuanto a los brotes descontrolados, Carcelén atribuye su responsabilidad en parte a las Administraciones, que asegura que no hacen suficiente para supervisar el cumplimiento de los protocolos. Y exige para los casos más flagrantes una investigación a posteriori. “No puede ser que se salde solo con alguna sanción económica, estamos hablando de vidas humanas”, sentencia.