Continúa el drama humanitario en el barrio del Poblenou, un barrio barcelonés donde cientos de personas de origen subsahariano malviven desde hace años, habitando antiguos talleres y fábricas abandonados, sufriendo desalojos forzosos y volviendo a ocupar, mientras tratan de ganarse la vida trabajando la chatarra. Esta vez le ha tocado a la nave de la calle Puigcerdà, el asentamiento más grande de la ciudad, donde se calcula que vivían más de 200 personas. Los Mossos d'Esquadra lo han desalojado esta mañana. El vaciado de la nave es sólo el último capítulo de una serie de actuaciones policiales contra este colectivo que, según denuncian los vecinos, no ha obtenido hasta ahora ninguna propuesta de solución global a su situación de exclusión social.
Las poco más de cien personas que quedaban todavía anoche en la nave de la calle Puigcerdà -muchas ya se habían ido para evitar un choque con la policía- se han despertado este miércoles rodeadas por un cordón de los Mossos. Una cincuentena de furgonetas ha bloqueado el acceso a la zona, poco antes de las 6 h, fijando un perímetro de 100 metros, al que no podía acceder la prensa ni los abogado. Una vez ha llegado la comitiva judicial, a las 8 h, se ha procedido a expulsar a los habitantes, una actuación que ha transcurrido sin incidentes, según los abogados mediadores que estaban en la nave antes de que llegara la policía.
Una vez consumado el desalojo, los servicios sociales de emergencia del Ayuntamiento de Barcelona se han desplegado para atender a todos los ocupantes, bajo la atenta mirada de los vecinos, que desconfiaban del compromiso del alcalde Xavier Trias de “no dejar a nadie sin techo”. Y la solución no les ha satisfecho. El consistorio ofrece a todos los que salían este miércoles de la nave una pensión temporal, con manutención incluida, durante ocho días, ampliables en función cada casuística. Los vecinos, sin embargo, están seguros de que en agosto “todos volverán a estar en la calle, como siempre”, en palabras de la activista vecinal Carlota Falgueras, y se quejan de que con ello el Ayuntamiento lo único que hace es huir hacia adelante y no atacar el problema de raíz.
“No sé qué haré... ocho días no es nada. Después tendré que volver a buscar la vida, así que quizás mejor que empiece ahora directamente”, valoraba Umaru, uno más de los que dormía en la finca, originario de Guinea Bissau. Después de dar su documentación a los servicios sociales, a la espera de que le proporcionen techo, el Umaru se lo pensaba: “Quizás vaya con los vecinos, en ellos confío más”, decía, en referencia a la posibilidad que planteaban las entidades de ofrecer un espacio alternativo para los que no se quisieran acogerse a la oferta municipal.
“Lo que hace el Ayuntamiento es pan para hoy y hambre para mañana!”, gritaba uno de los vecinos en una asamblea improvisada al terminar el desalojo. Las entidades de apoyo al colectivo subsahariano denuncian que, hasta la fecha y desde que la juez dio la orden de desalojo, a mediados de junio, sólo se ha realojado a 15 personas. Las cuentas totales de la Cruz Roja, que comenzó a prestar asistencia en enero en el asentamiento, amplían la cifra de realotados hasta la sesenta personas.
Pero no es sólo el techo. Umaru, por ejemplo, ha perdido también su fuente de ingresos. Durante los cerca de dos años que vivió en la nave, ofrecía tareas de contabilidad a los que trabajaban en la compraventa de chatarra, que era la mayoría. “Tendré que volver a empezar, de nuevo”, afirmaba resignado.
Nueva concentración a las 13 h
A medida que avanzaba el operativo, y que los ocupantes iban saliendo, se ha congregado alrededor de la nave más de un centenar de personas en los aledaños, una concentración “por la dignidad y los derechos humanos, y contra el racismo institucional”, tal como rezaba la pancarta que encabezaba la protesta, en la que han participado también parlamentarios de ERC, ICV-EUiA y la CUP. “¿Como es possible que haga tantos años que dura este drama y todavía no haya habido una respuesta firme por parte de la Administración?”, se preguntaba Carlota Falgueras.
Pocas horas después, los Mossos también han desalojado una nave de la calle Pere IV, en el mismo barrio del Poblenou, donde se encontraban una decena de personas.
Para demostrar el rechazo al desalojo, las entidades vecinales y las plataformas que ofrecen apoyo al colectivo han convocado una manifestación a las 13 h en la Rambla del Poblenou.
“Somos personas, tenemos derecho a un techo, a vivir con dignidad, a trabajar... ¡y no nos dejan!”, se quejaba Boubacar, uno de los ocupantes de la nave que acababa de ser desalojado. Sentado en la acera, al lado del carro donde guardaba algunas de sus pertenencias, se lamentaba: “No hacíamos daño a nadie, sólo nos queríamos ganar la vida. Hace muchos años que vivimos en Cataluña y algunos hemos cotizado a la seguridad social mientras no había crisis!”