A raíz de la actuación de la Agencia Tributaria o de la Fiscalía de Delitos Económicos, varias personalidades de la vida pública catalana han tenido problemas con Hacienda en los últimos años, pero parece que Josep Lluís Núñez y su hijo serán los únicos que pisarán la cárcel. Otras insignes familias también tienen procesos judiciales abiertos por asuntos fiscales –Carulla, Sanahuja, Carceller, Millet, el matrimonio Manel Torreblanca y Liliana Godia, Lionel Messi y su padre, o, incluso, el abogado especializado en cuestiones tributarias Emilio Cuatrecasas o la diva Montserrat Caballé-, pero sus casos presentan un mejor diagnóstico.
En realidad, Josep Lluís Núñez Clemente y Josep Lluís Núñez Navarro, padre e hijo, tienen por delante una condena de dos años y dos meses de prisión por los delitos de cohecho y falsedad documental a consecuencia del llamado caso Hacienda, si bien no han sido condenados por ningún delito fiscal porque cuando se inició la instrucción ya habían prescrito. Otra familia catalana judicializada, sobre la que también recaen acusaciones en materia fiscal, son los Pujol Ferrusola, pero estos merecen un capítulo aparte.
Con el expresidente del Barça, se abrió definitivamente la veda en Cataluña los empresarios y famosos que hacían trampas a Hacienda. Josep Lluís Núñez será un ejemplo: de la rectitud del sistema judicial contra las grandes fortunas, aunque el Supremo le ha rebajado a un tercio la pena de seis años impuesta por la Audiencia de Barcelona, o del trato favorable dispensado hacia los delitos económicos, en el caso de que sólo cumpla una pequeña parte de la pena o que el Gobierno central le otorgue el indulto.
A la espera del indulto
La defensa de Josep Lluís Núñez pidió que se suspendiera su entrada en prisión mientras se tramitara el indulto, pero la sección novena de la Audiencia de Barcelona, la misma instancia que lo condenó, ha dejado claro en una resolución que las posibilidades de que el Gobierno le conceda esta medida de gracia son «prácticamente nulas». Esta resolución recuerda que Núñez no es ningún «marginado», sino un empresario que utilizó su «poder económico» para delinquir, para sobornar durante años un grupo de inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda.
Es más, la Audiencia de Barcelona, en sintonía con la fiscalía, expone que el condenado no ha dado ninguna muestra de arrepentimiento o contrición, hasta el punto que ni siquiera reconoce los delitos por los que se le ha impuesto la pena de prisión. Aún así, la defensa de Núñez insiste en que ya tiene 83 años y en su mala salud, pero eso no le ha impedido que se estrene como presidiario. Sus abogados también alegan las dilaciones judiciales, que han hecho que el proceso se haya prolongado quince años, aunque quien tiene más culpa de ello son los mismos defensores del expresidente del Barça, que han hecho todo lo posible para alargar los plazos.
Un proceso inacabable
El caso Hacienda comienza en 1999 cuando la magistrada Teresa Palacios, a la sazón titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, estaba en plena instrucción del caso Torras y descubre que dos jefes de los servicios de Hacienda en Barcelona, Josep Maria Huguet y Ernesto Aguiar, tenían cuentas en Suiza por pagos hechos por Javier de la Rosa. Al final, Aguiar se libró de ir a juicio y De la Rosa quedó absuelto, pero esta investigación terminó con catorce imputados.
Como se trataba de una trama centralizada en Barcelona, el caso Hacienda pasó de la Audiencia Nacional al Juzgado de Instrucción número 33 de esta ciudad, encabezado por Elisabet Castelló, que se lo tomó tan a pecho, con decenas de testigos, múltiples informes periciales y comisiones rogatorias en Suiza, que la instrucción se prolongó durante ocho años. Quizás se lo tomó con demasiada parsimonia porque el Tribunal Supremo criticó después que hubiera tardado tanto tiempo en concluir el sumario. La Fiscalía Anticorrupción presentó acusación contra 14 imputados en 2007 y dos años después se inició el macrojuicio, que duró 11 meses, desde septiembre de 2009 a julio de 2010.
La Audiencia de Barcelona dictó sentencia en 2011 y después, a raíz del recurso de las defensas, el Tribunal Supremo decidió en enero de este 2014 una reducción de las penas. Josep Lluís Núñez ha entrado en prisión tras un proceso judicial que ha durado 15 años, por unos hechos relacionados con la promotora familiar, Núñez y Navarro, que pasaron a principios de los noventa, hace casi 25 años, cuando era presidente del Barça.
Con un pie dentro
La Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de cinco condenados por el caso Hacienda: los ex inspectores Roger Bergua y Álvaro Pernas (sentenciados a 2 años); los asesores fiscales Salvador Sánchez Guiu (2 años y 2 meses) y Francisco Colomer (1 año y 8 meses), así como del empresario del sector inmobiliario Eduardo Bueno, candidato a la presidencia de la Generalitat por Alianza Popular en las elecciones del 1983.
A diferencia de Josep Lluís Núñez y de su hijo, a los anteriores cinco condenados aún les queda un último recurso para evitar la cárcel. Por este caso, dos ex inspectores están en prisión desde hace tiempo, Josep Maria Huguet y Manel Abella (6 años y 6 meses), mientras que el abogado José María Folchi (3 años 3 meses) ya ha conseguido el tercer grado. Folchi fue consejero de Economía de la Generalitat en tiempos del presidente Josep Tarradellas y asesor fiscal del FC Barcelona cuando Núñez era el presidente.
Aislamiento político
En las juntas del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez incorporó directivos de todos los colores políticos, pero, pese a los fichajes de Arcadi Calzada o de Fèlix Millet –el saqueador del Palau de la Música–, el expresidente Jordi Pujol nunca lo vio como uno de los suyos e intentó por todos los medios descabalgarlo de la presidencia del club azulgrana, hasta el punto de enviar a Sixte Cambra para que se enfrentara a él en unas elecciones. Pero no hubo manera, Núñez resistió todos los ataques convergentes y, seguramente por este motivo, siempre contó con la complicidad de los socialistas catalanes.
Por aquellas paradojas de la política, el caso Hacienda terminó, en 1999, con la carrera de Josep Borrell a la presidencia del Gobierno, pero no porque tuviera ninguna relación directa, sino porque cuando era secretario de Estado de Hacienda colocó a Josep Maria Huguet al frente de la delegación de Cataluña. Desde hace años, todas las formaciones políticas evitan a Núñez. Huyen de su compañía.
Una trama de favores
Los exfuncionarios de Hacienda condenados hicieron la vista gorda en las inspecciones a las empresas del holding del expresidente del Barça. La mayoría de las actas sancionadoras que se levantaron a su grupo inmobiliario acabaron con multas simbólicas. La fiscalía le acusó de sobornar inspectores de Hacienda con pisos, plazas de parking y dinero para eludir el pago de impuestos.
Sorprendentemente, los inspectores habían comprado viviendas a empresas de Núñez a precios muy por debajo de los de mercado. Josep Maria Huguet residía en un piso del paseo de la Bonanova construido por Núñez y Navarro, en el que, casualmente, también vivió unos años Lluís Prenafeta, exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat, que fue llamado a declarar en el caso Hacienda, pero como testigo.
Núñez estaba tan bien relacionado con Hacienda que consiguió colocar algunos edificios de su promotora que la Agencia Tributaria todavía ocupa en la actualidad. Se supone que estas últimas operaciones eran legales, ni siquiera se mencionaron en el juicio, pero son ilustrativas de las relaciones privilegiadas de Núñez en aquel tiempo.