Que en sumarios de todo tipo se cuelen asuntos que nada tienen que ver con lo que investiga el juez y acaben publicados por los medios ha ocurrido y seguramente seguirá ocurriendo. Así ha sucedido en las sucesivas investigaciones del procés, que han mostrado la facilidad con que charlas más o menos intrascendentes sobre política o asuntos personales de los investigados trufan atestados que versan sobre delitos graves.
El último ejemplo ha sido la operación 'Voloh' –inicialmente bautizada 'Volhov' por la Guardia Civil, una referencia a la División Azul que después el Instituto Armado atribuyó a un error en el tecleado– por la que la semana pasada fueron detenidas una veintena de personas, entre ellas tres empresarios cercanos al procés. Además de los pinchazos que guardan relación con los delitos que se investigan, en la causa se incluyen conversaciones que forman parte de la vida privada de los investigados y que ni la Guardia Civil, cuyas pesquisas capitanea el teniente coronel Daniel Baena, ni después el juez Joaquín Aguirre, han retirado del sumario.
Las escuchas han servido para airear peleas partidistas y supuestas maniobras que nada tienen que ver con lo que se investiga, así que a ese componente político se le añade otro judicial: varias de las defensas de los investigados impugnarán los seguimientos, pinchazos telefónicos y colocación de micros en sus vehículos autorizados por el juez, que duraron más de un año. Aducen las defensas que se trata de una invasión desproporcionada de la intimidad, que no hay indicios para acordar medidas que afectan tanto a la privacidad y que, en suma, se trata de una investigación “prospectiva”. La batalla legal se prevé larga.
Al estar investigados personajes cercanos a los partidos independentistas, las conversaciones interceptadas por autorización judicial que no versan sobre los delitos investigados pero que sin embargo han terminado en el sumario incluyen tanto diálogos sobre la estrategia política cara a las elecciones catalanas de febrero como insultos de los investigados a dirigentes soberanistas. También se habla de los últimos cambios en el Govern de Torra e incluso de las tertulias de TV3. No es la primera vez: en otra causa sobre el procés, la Guardia Civil llegó a incluir en el sumario pinchazos que directamente desvelaban detalles de la vida personal y familiar de los investigados, desde herencias a problemas de pareja.
El penalista Xavier Melero, bregado en miles de sumarios, recuerda que tanto jueces como policías deben recurrir en sus investigaciones a la “institución tradicional procesal del expurgo”, esto es, eliminar de la causa todo lo que es información privada, personal o irrelevante para las pesquisas. Lo que en los sumarios donde se hace bien aparece reseñado como 'sin interés para la investigación'. “Lo normal sería que lo hiciese en primera instancia la policía, aunque en cualquier caso el responsable último de decidir lo que forma parte de la causa es el juez”, agrega.
Más allá de los casos flagrantes de datos que no son relevantes, el catedrático de Derecho procesal de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Nieva recuerda que, desde el punto de vista de la investigación, si se tienen en cuenta las conversaciones de algún investigado “de forma aislada” pueden parecer irrelevantes, pero que si se examinan “en conjunto” con otros elementos sí pueden servir para fundamentar una tesis. “Lo que por separado no es nada, si se va juntando con otras piezas va formando una argumentación que sí puede ser eficaz en la investigación”, asevera.
Melero destaca que estas prácticas no solo ocurren en causas que suscitan la atención de la prensa: “Desgraciadamente, y no solo en casos mediáticos, muchas veces la policía realiza mal el 'expurgo' y llega al juzgado información íntima que no tendría que llegar”. Cuando esto ocurre, recuerda Melero en base a su propia experiencia, las defensas pueden pedir al juez retirar del procedimiento los archivos intervenidos de forma lícita pero cuya naturaleza no forma parte de los delitos investigados.
Cuestión distinta es, remarca Melero, cuando a raíz de unas escuchas se descubre otro delito, lo que se conoce como la “doctrina del hallazgo casual”. Aplicado a la operación Voloh, el presunto tráfico de influencias que el juez atribuye al exconseller de ERC Xavier Vendrell nace de las escuchas a su teléfono ordenadas por su supuesta participación, junto al exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas, en una trama para pagar con criptomonedas los costes de la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica.
Sin embargo, la dimensión de los casos mediáticos hace difícil que aunque se consiga expurgar bien un sumario los datos no se usen para intereses ajenos a la investigación. Ocurrió en el caso Malaya de corrupción en Marbella: los jueces aceptaron retirar de la causa las referencias que se hacían a la proximidad de una de las investigadas y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Pero por entonces la cuestión ya era de dominio público después de que el candidato socialista de la época a la alcaldía de la capital de España, Miguel Sebastián, lo sacara a colación en un debate televisado.
En el caso de la operación Voloh, ERC ha cargado contra las “escuchas sacadas de contexto de la vida privada” que la Guardia Civil y el juez han incluido en el sumario. “Desde el espionaje político se intenta atacar al independentismo con la corrupción”, afirmó la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, a la vez que anunció que el partido estudiaba emprender acciones legales contra la Guardia Civil.
Al margen de las escuchas, Guardia Civil y juez también realizan apreciaciones políticas a partir de las conversaciones intervenidas. Así, según el juez, los expolíticos David Madí y Xavier Vendrell “aprovechan la inhabilitación de Quim Torra para reforzar el discurso de la represión”, aunque ninguno de ellos quieren que haya “grandes” protestas en la calle “como así ha sido”. Esta falta de interés, es a criterio de los investigadores, porque ERC quiere que se convoquen las elecciones catalanas y lograr la presidencia de la Generalitat. Todo ello pese a que el instructor sitúa solo un año antes a Madí y a Vendrell como impulsor y director de Tsunami Democràtic respectivamente.
¿Por qué aparecen este tipo de referencias no vinculadas a posibles delitos? Melero aventura tres hipótesis, que recalca que son meras “conjeturas”: “Hay investigadores que trabajan colapsados sin tiempo para filtrar, pero también puede haber falta de recursos, incompetencia o mala fe, o coincidir un poco de todo”.
Por su lado, Nieva pone énfasis en la formación: “Quien tiene que evitar que pasen estas cosas son las escuelas judiciales y las escuelas de policía cuando instruyen a jueces, fiscales y policías para hacer su trabajo, son las instituciones las que tienen que encargarse de estos problema”. “No hay un cambio de chip en la formación desde hace años, puede ser que haya profesores que individualmente lo impulsen, pero la aproximación general continúa siendo muy anticuada”, asevera Nieva, lo que a su juicio dificulta “cambiar los vicios del pasado”. “Hay que evitar a toda costa el lenguaje apasionado en el papel timbrado”, remacha.