El derecho a tener –¡y mantener!– una vivienda

El derecho básico a una vivienda digna, reconocido explícitamente en el artículo 47 de la ley suprema que es la Constitución vigente, se ha visto transformado por el actual sistema económico en uno de los principales detonantes de la crisis a través de la especulación financiera, la burbuja inmobiliaria y la complicidad bancaria. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto sobre la mesa el drama dels desahucios y las triquiñuelas de la letra pequeña de los contratos hipotecarios por parte de las entidades de crédito. La PAH se ha quedado corta, porque el derecho básico y constitucional a una vivienda digna presenta una segunda cara igualmente dramática: el coste en aumento de mantener esa vivienda en cuanto a los suministros asociados de electricidad, gas, agua, teléfono y transporte público. Se trata de un gasto cautivo, insorteable, que las grandes compañías siguen incrementando alegremente, por encima incluso del IPC, como si la crisis no existiese.

La liberalización de las antiguas grandes compañías monopolistas para abrir paso a los beneficios de la competencia entre distintas empresas privadas de cada sector se ha revelado meramente teórica, con beneficios ínfimos en la factura de los usuarios. Los suministros indispensables en cualquier hogar han seguido aumentando su precio sin freno, se han convertido en un coste tan pesado como el alquiler o la cuota de la hipoteca.

El gobierno español acaba de aprobar una enésima reforma eléctrica, por la que limita la tarifa subvencionada o bono social eléctrico que beneficiaba a 2,7 millones de familias. En paralelo el grupo Gas Natural anuncia 780 millones de beneficios en el período de enero a junio de 2013, un 1,7 % más que en el mismo período del año anterior. También Enagas ha presentado los resultados del primer semestre, con un 9 % de incremento de la cifra de negocio. Por su lado, el Instituto Nacional de Estadística informa en sus últimos datos que el gasto de los hogares en electricidad doméstica ha aumentado un 52 % entre 2008 y 2012, el de gas en un 37,5 %, el de transporte en un 47 % y el de alquiler en un 40%.

Las grandes compañías de suministros básicos se han alineado plenamente con la conducta abusiva de las entidades bancarias. Forman parte del mismo paquete escandaloso de la crisis.

El derecho básico a una vivienda digna, reconocido explícitamente en el artículo 47 de la ley suprema que es la Constitución vigente, se ha visto transformado por el actual sistema económico en uno de los principales detonantes de la crisis a través de la especulación financiera, la burbuja inmobiliaria y la complicidad bancaria. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto sobre la mesa el drama dels desahucios y las triquiñuelas de la letra pequeña de los contratos hipotecarios por parte de las entidades de crédito. La PAH se ha quedado corta, porque el derecho básico y constitucional a una vivienda digna presenta una segunda cara igualmente dramática: el coste en aumento de mantener esa vivienda en cuanto a los suministros asociados de electricidad, gas, agua, teléfono y transporte público. Se trata de un gasto cautivo, insorteable, que las grandes compañías siguen incrementando alegremente, por encima incluso del IPC, como si la crisis no existiese.

La liberalización de las antiguas grandes compañías monopolistas para abrir paso a los beneficios de la competencia entre distintas empresas privadas de cada sector se ha revelado meramente teórica, con beneficios ínfimos en la factura de los usuarios. Los suministros indispensables en cualquier hogar han seguido aumentando su precio sin freno, se han convertido en un coste tan pesado como el alquiler o la cuota de la hipoteca.