Dignidad, determinación, desobediencia

Tarde o temprano, este momento tenía que llegar: la pelota está sólo en nuestro tejado y es ahora cuando debemos demostrar si nos lo creemos o no. Y esto quiere decir, entre otras cosas, dar pasos ilegales pero legítimos, y asumir las consecuencias. Recordemos, sin embargo, que serán consecuencias de una legalidad española que no reconocemos –ni podemos reconocer– las consecuencias legítimas de un pueblo que ha salido en masa a la calle.

Ya van dos veces que la alcaldesa de Berga por la CUP, Montse venturoso, ha sido citada a declarar por no haber descolgado la estelada del balcón del ayuntamiento y sendas veces ha hecho caso omiso. La desobediencia a una legalidad, la española, que es obediente, sin embargo, de una legitimidad, la emanada del pueblo. Dignidad y determinación para hacerlo posible.

Al gobierno local de Guanyem Badalona lo están poniendo en la picota por haber abierto el 12 de octubre y haberlo haciendo desobedeciendo los requisitos judiciales. No fue el único ayuntamiento que abrió, este 12-O de 2016, ni el primero que lo hizo. Pero tener al Albiol como enemigo principal otorga estos 'privilegios'. Las concejalas del gobierno desobedecieron y abrieron: la dignidad y la determinación van llevarlas a hacer caso de la legitimidad popular en lugar de la legalidad impuesta.

En una combinación que lo reúne todo –legalidad española y extrema derecha, el gordo se lo lleva el concejal de CAPG Vic Joan Coma Roura. La han citado el lunes 24 a declarar en la Audiencia Nacional española, heredera de Tribunal de Orden Público franquista, por un supuesto delito de sedición. La denuncia fue interpuesta por Josep Anglada, miembro del fascismo nuestro. A la hora que debía comparecer, Coma ha hecho una rueda de prensa en Vic y seguirá con su vida diaria hasta que la policía se lo impida. De nuevo, han sido la dignidad de quien se encomienda a la determinación de un pueblo que le ha dado la fuerza para desobedecer.

Las tres actitudes contrastan con la actitud del gobierno de Junts pel Sí: si bien este firmó, empujado por la CUP-CC, la declaración del 9N de 2015 en el que afirmaba no reconocer el Tribunal Constitucional español, su acción lo ha dejado en papel mojado. De forma sistemática, el gobierno catalán ha recurrido a este órgano español –que dice desconocer– cuando se le han tumbado leyes; el caso más esperpéntico ha sido que el del PDCat, heredero de Convergència, que ha recurrido para reclamar grupo mixto en el congreso español. Es más, la aplicación de las negativas del TC se ha hecho incluso en contra de los intereses de la población catalana, como cuando tumbaron la ley 24/2015, los Mossos han realizado desalojos que con la ley en vigor no podrían hacer.

¿Y ahora, qué? ¿Enviará el gobierno a los Mossos a secuestrar Joan Coma para llevarlo a la Audiencia Nacional española? Sin duda, sería escandaloso, pero por desgracia, no nos debería sorprender; ante la dignidad, la determinación y la desobediencia reclamada y ejercida primero por el pueblo y luego por concejalas y ayuntamientos, la actitud del gobierno ha sido la contraria: distracción, dilación y desidia. Hace tiempo que sabíamos que en España no habría nadie para negociar y el pacto PPSOE lo ratifica por enésima vez. Mendigar un referéndum pactado es ridículo. Por ello, somos nosotros, las instituciones, organizaciones y población catalana del Principado, las que tenemos que demostrar que estamos a la altura, romper toda legalidad pasada y construir la base de la legitimidad popular.

Sabiendo que no hay nadie en el otro lado, el camino lo tenemos que hacer nosotros y sólo tenemos nuestra convicción: tenemos que ir para traducirla en acción práctica real y concreta. La línea divisoria, ahora, es 'en casa': se trata de saber si todo el mundo lo tiene tan claro o hay quien sigue jugando al pájaro en mano y no quiere romper nada para no perder cuotas de poder. Los hay que no tenemos nada que perder.

Tarde o temprano, este momento tenía que llegar: la pelota está sólo en nuestro tejado y es ahora cuando debemos demostrar si nos lo creemos o no. Y esto quiere decir, entre otras cosas, dar pasos ilegales pero legítimos, y asumir las consecuencias. Recordemos, sin embargo, que serán consecuencias de una legalidad española que no reconocemos –ni podemos reconocer– las consecuencias legítimas de un pueblo que ha salido en masa a la calle.

Ya van dos veces que la alcaldesa de Berga por la CUP, Montse venturoso, ha sido citada a declarar por no haber descolgado la estelada del balcón del ayuntamiento y sendas veces ha hecho caso omiso. La desobediencia a una legalidad, la española, que es obediente, sin embargo, de una legitimidad, la emanada del pueblo. Dignidad y determinación para hacerlo posible.