Hace un año un grupo de personas que llevábamos tiempo trabajando en la defensa de los derechos humanos decidimos crear una estructura estable de protección de los derechos humanos que trabajase en el marco catalán, Irídia. El proyecto central con el que nacimos es el Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI), el cual ofrece un servicio de atención jurídica y psicosocial a personas que hayan sufrido una situación de violencia institucional en el marco del sistema penal. A un año de su puesta en funcionamiento y a escasos días de celebrar nuestro primer aniversario, quería compartir algunas reflexiones de nuestro primer año de trabajo.
En el ámbito de la violencia institucional es profunda la falta de mecanismos reales en Catalunya y en el Estado Español tanto para prevenirla como para sancionarla cuando se ha dado una situación de éste tipo.
Lo primero, ¿dónde puede acudir una persona que ha sido víctima de una situación de malos tratos en una comisaría o en la cárcel, o en un Centro de Internamiento de Extranjeros? A pesar de que los delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos están recogidos y penados en el Código Penal, no existen mecanismos eficaces para que dichas prácticas sean denunciadas ni tampoco existen mecanismos efectivos para la investigación de las mismas. Si una persona quiere denunciar cualquier delito puede llamar a los agentes de policía para denunciarlo o puede acudir a una comisaría. Ello da lugar a una investigación por parte de los agentes para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
¿Alguien piensa que sin que existan los mecanismos adecuados una víctima de violencia institucional puede realizar el mismo recorrido? ¿El mismo cuerpo policial o funcionarial está capacitado realmente para realizar la tarea de investigarse a sí mismo? La respuesta es no y ello genera fuertes consecuencias para las personas afectadas. De hecho, situaciones que se han vivido recientemente nos alejan cada vez más de dicha posibilidad. En el caso de Juan Andrés Benítez el papel de algunos agentes minutos y horas después de su muertes fue recorrer el lugar de los hechos y los pisos colindantes para, lejos de cumplir con lo que se realiza ante cualquier otro tipo de muerte, borrar las pruebas. Eliminar la mancha de sangre y solicitar a los vecinos que borraran las imágenes.
¿Por qué pudo investigarse el caso Benítez? Fue el trabajo que activistas de Rereguarda en Moviment realizaron para preservar pruebas el que llevó a encontrar el vídeo que fue clave en el proceso. Cuando accedimos a dicha prueba 24 horas después de los hechos nos encontramos ante dos personas atrincheradas en su piso, asustadísimas, que habían grabado una prueba imprescindible para dilucidar una muerte, y que no sabían a quién entregársela (después de que hubieran visto a policías coaccionar a vecinos para que fueran borradas). Efectivamente, este vacío fue llenado por la sociedad civil. Se preservaron pruebas, se entregaron al juzgado y se impulsó el procedimiento. ¿Éste caso es una excepción? No lo es. Así lo hemos evidenciado en el trabajo desarrollado desde Irídia este año. Dos ejemplos:
1. El 11 de Abril de 2015 Raquel se suicidó en el régimen de aislamiento de la prisión de Brians I. Hubo una investigación interna a la que hemos tenido acceso en el marco del procedimiento de responsabilidad de la administración ante su muerte que hemos incoado y hemos podido ver una nueva evidencia de lo que tratamos de plantear. La información reservada realizada por el área de investigaciones internas de la Dirección General realizó un informe en el que concluyen que se actuó de manera correcta sin pedir pruebas que eran imprescindibles. Sin embargo, la investigación que hemos impulsado ha evidenciado aspectos muy relevantes y graves tan sólo pidiendo dos cosas de sentido común: Su historial médico y su historial de sanciones e incidentes. De nuevo un vacío de la propia administración ante una situación de muerte bajo custodia.
2. En el mes de Julio un ciudadano que iba andando con su bicicleta, tras una discusión con una persona, que posteriormente resultó ser agente de la Guardia Urbana de Barcelona, acabó siendo detenido y maltratado en una comisaría de policía. Semanas después cuando logramos hablar con él se encontraba absolutamente desorientado y temeroso. No saber dónde acudir cuando eres víctima de un delito es una experiencia que amplifica el trauma. Meses después la situación es bien diferente.
Podríamos seguir analizando uno a uno los 15 casos que en estos momentos, tras un año de trabajo, estamos representando jurídicamente y apoyando a nivel psicosocial. Y sí, hemos evidenciado un vacío de mecanismos para este tipo de situaciones. Por ello, en nuestro aniversario anunciaremos una nueva etapa del servicio que nos permitirá amplificar su difusión.
Nuestro trabajo desde el SAIDAVI no busca exclusivamente atender a las personas afectadas, sino promover políticas públicas eficaces en materia de violencia institucional. Estamos bastante cansadas de que, con mejores o peores palabras, se mire hacia otro lado en esta materia. De momento, se hace imprescindible que las áreas de asuntos internos de los diferentes cuerpos policiales y funcionariales realmente investiguen estas situaciones, recaben pruebas y las pongan a disposición judicial. Que sean verdaderamente proactivos. Y sí, efectivamente, sancionen con dureza cuando se produzcan éstas situaciones.
A medio plazo estamos trabajando en el diseño de un Plan Integral contra la Violencia Institucional que incluya la implementación de una fiscalía especializada en delitos de violencia institucional, experiencia que está funcionando a la perfección en Argentina; un turno de oficio específico para casos de violencia institucional en los Colegios de Abogados; la formación de jueces y fiscales sobre mecanismos efectivos para la prueba de este tipo de delitos; que mecanismos como el Síndic de Greuges, al igual que en otros países, tenga la capacidad también de litigar contra las administraciones ante situaciones de violencia institucional.
Éstas son sólo algunas de las medidas que presentaremos en dicho plan en unos meses. De hecho, nuestro trabajo perdería su sentido si no buscara generar cambios en las políticas públicas, no solo queremos llenar vacíos. Pero ahora es imprescindible que sigamos llenando dichos vacíos trabajando en red con otras entidades como SOS Racisme (en cuestiones de racismo), el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB (en el registro y la denuncia internacional), o la Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (en la implementación de medidas efectivas y en el monitoreo), así como un largo etcétera.
En este año, además del SAIDAVI, hemos realizado mucho más trabajo desde cada una de nuestras 5 áreas: Género, derecho de reunión y manifestación, espacio público, prisiones y migraciones. Empezamos siendo 6 personas y ahora ya somos 25. Nacimos sin medios, gracias al apoyo de la colectividad. Y es por ello que queremos celebrarlo en un acto y fiesta de aniversario que tendrá lugar el próximo sábado 29 en el Ateneu de Nou Barris, en el que podremos reflexionar sobre todo esto junto con defensores de derechos que vienen de otras partes del Estado.
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