Cinismo es el único calificativo que puede acompañar la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, diciendo que es culpa de los grupos parlamentarios que la ponencia de la Ley de Gobiernos Locales esté bloqueada en el Parlamento. Y yo le diría: efectivamente, señora Ortega, es culpa del grupo mayoritario del Parlamento, CiU, de su presidente, Jordi Turull, y más concretamente del ponente relator que convoca, o debería convocar y no lo hace, que es el diputado, también de CiU, Albert Batalla. La ponencia de Ley de Gobiernos Locales no se convoca para trabajar desde el pasado mes de octubre a pesar de esta diputada la ha reclamado en varias ocasiones. Y Catalunya irá a otras elecciones municipales sin tener este texto legislativo que es una demanda histórica del municipalismo, así como también lo es tener un sistema de financiación justo con nuestros ayuntamientos.
Catalunya necesita una Ley de Gobiernos Locales. Los ayuntamientos de Catalunya son la principal estructura de Estado que tenemos. Son la primera trinchera de las necesidades sociales que reclaman los ciudadanos de los pueblos y ciudades de todo el territorio. Y este Gobierno, a pesar de sus discursos sobre radicalidad democrática a los que nos tiene acostumbrados, sigue haciendo gestos de democracia a tiempo parcial poniendo trámite de urgencia a determinadas leyes y bloqueando otras como es el caso de la Ley de Gobiernos Locales que debe regular las instituciones locales de Catalunya.
Por eso es cínico que la vicepresidenta Ortega regañe así a los parlamentarios y parlamentarias cuando los principales responsables del bloqueo son su grupo, CiU. Si de verdad se creen el discurso que ha hecho hoy en sede parlamentaria la consejera responsable de los ayuntamientos de Catalunya, la vicepresidenta Joana Ortega, las tareas de la ponencia se reanudarían de forma inmediata. Con todo, sospecho que quien no quiere aprobar esta ley, porque a los primeros alcaldes que no les gusta su contenido son los de CiU, es el mismo Gobierno y el grupo parlamentario de CiU. Porque la ley que ha impulsado el Gobierno es un calco de la LRSAL del PP y lo que hace es restar competencias y margen de maniobra a los consistorios municipales. Catalunya merece una buena Ley de Gobiernos Locales y un sistema de financiación justo por los ayuntamientos. Es una demanda del municipalismo.
No es la única ley que el Gobierno y CiU tienen bloqueada en el Parlamento. La ILP de Renta Garantizada también lleva bloqueada desde el mes de marzo del año pasado en la comisión que corresponde y CiU se niega a salir adelante con el calendario de comparecencias para que la ponencia comience las tareas de redacción de la ley que ha de regular una renta garantizada de ciudadanía que es una demanda que viene de la sociedad civil y de la ciudadanía con una iniciativa que ha recogido 121.000 firmas.
Pero como decía, CiU nos tiene acostumbrados a la democracia a tiempo parcial. Plebiscitarias sí, pero que el Parlamento tramite una Ley de Gobiernos Locales no. Plebiscitarias sí, pero que la ILP de Renta Garantizada cumpla su trámite parlamentario de urgencia no. Plebiscitarias si, pero que los padres y madres que presentaron una ILP con 60.000 firmas para recuperar la sexta hora en las escuelas públicas de Cataluña, puedan impulsar su iniciativa legislativa popular, tampoco. Emulando a Lluís Llach: No és això, companys! No és això!
Cinismo es el único calificativo que puede acompañar la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, diciendo que es culpa de los grupos parlamentarios que la ponencia de la Ley de Gobiernos Locales esté bloqueada en el Parlamento. Y yo le diría: efectivamente, señora Ortega, es culpa del grupo mayoritario del Parlamento, CiU, de su presidente, Jordi Turull, y más concretamente del ponente relator que convoca, o debería convocar y no lo hace, que es el diputado, también de CiU, Albert Batalla. La ponencia de Ley de Gobiernos Locales no se convoca para trabajar desde el pasado mes de octubre a pesar de esta diputada la ha reclamado en varias ocasiones. Y Catalunya irá a otras elecciones municipales sin tener este texto legislativo que es una demanda histórica del municipalismo, así como también lo es tener un sistema de financiación justo con nuestros ayuntamientos.
Catalunya necesita una Ley de Gobiernos Locales. Los ayuntamientos de Catalunya son la principal estructura de Estado que tenemos. Son la primera trinchera de las necesidades sociales que reclaman los ciudadanos de los pueblos y ciudades de todo el territorio. Y este Gobierno, a pesar de sus discursos sobre radicalidad democrática a los que nos tiene acostumbrados, sigue haciendo gestos de democracia a tiempo parcial poniendo trámite de urgencia a determinadas leyes y bloqueando otras como es el caso de la Ley de Gobiernos Locales que debe regular las instituciones locales de Catalunya.