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El julio próximo se cumplirán treinta años del gran incendio forestal en la zona fronteriza del Alt Empordà, con balance de cuatro víctimas mortales de un hidroavión francés que participaba en las labores de extinción. El fuego arrasó 30.000 hectáreas, convirtió en ceniza más del 50% de los términos municipales de Rabós, Cantallops, Capmany, Sant Climent Sescebes, Biure, Vilamaniscle, Mollet de Peralada y Espolla. La declaración oficial de zona catastrófica no llegó. ¿Qué medidas de prevención se han adoptado desde entonces? ¿Qué gestión forestal se ha llevado a cabo?
Aquel año 1986 se quemaron en Catalunya 68.506 hectáreas, sobre todo en los incendios de Montserrat y el Empordà. En 1994 ardió más superficie todavía: 76.625 hectáreas en el Montseny, el Bages y el Berguedà. En 1998, 23.800 hectáreas en el Solsonès. En agosto del 2000, 6.513 hectáreas en el Cap de Creus. En 2006, 2.000 hectáreas de nuevo en el Empordà. En 2009 el incendio forestal de Horta de Sant Joan costó la vida a cinco bomberos. En 2012, una vez más, 14.000 hectáreas quemadas en 18 municipios alrededor de La Jonquera.
A raíz del incendio de 2012 se quiso presentar como noticia de impacto que la devastación fue originada por colillas de cigarrillo sin apagar lanzadas de cualquier manera y recogidas “a centenares” en el punto de partida de las llamas, una área de estacionamiento de camiones. Eso no era noticia, la mayoría de incendios forestales se deben a causas bien conocidas.
Al año siguiente, la rápida extensión del incendio forestal que arrasó 500 hectáreas en el Baix Empordà se atribuyó de nuevo al viento de tramontana y la falta persistente de lluvia. En realidad el detonante y el agente propagador eran otros muy distintos: la ausencia de una política de prevención adecuada por parte de los responsables de la administración. Es sabido desde hace largo tiempo que los incendios forestales de verano se apagan sobre todo en los despachos y en invierno, mediante una política que mantenga los terrenos rurales en mínimas condiciones de limpieza e impida que se convierta en
yesca explosiva a la mínima llama accidental o provocada.
Echar una vez más las culpas al viento o la sequía ya no es admisible, son falsas excusas ante el hecho esencial que se pretende ocultar bajo el ala engañosa de la fatalidad o el accidente imprevisible. Una política forestal puesta al día y una vigilancia eficaz no pueden evitar los accidentes o la locura de los pirómanos, pero limitan mucho la rapidez de la propagación y por consiguiente la extensión de superficie arrasada. También se llama prevención, aunque valdría más llamarlo simplemente responsabilidad por parte de las autoridades que la tienen encomendada entre sus funciones.
La mala gestión forestal quema más que las llamas. La prevención es la única arma eficaz, si se adoptan medidas eficaces contra aquellas causas conocidas de las catástrofes repetidas. Eso sí sería noticia.
El julio próximo se cumplirán treinta años del gran incendio forestal en la zona fronteriza del Alt Empordà, con balance de cuatro víctimas mortales de un hidroavión francés que participaba en las labores de extinción. El fuego arrasó 30.000 hectáreas, convirtió en ceniza más del 50% de los términos municipales de Rabós, Cantallops, Capmany, Sant Climent Sescebes, Biure, Vilamaniscle, Mollet de Peralada y Espolla. La declaración oficial de zona catastrófica no llegó. ¿Qué medidas de prevención se han adoptado desde entonces? ¿Qué gestión forestal se ha llevado a cabo?
Aquel año 1986 se quemaron en Catalunya 68.506 hectáreas, sobre todo en los incendios de Montserrat y el Empordà. En 1994 ardió más superficie todavía: 76.625 hectáreas en el Montseny, el Bages y el Berguedà. En 1998, 23.800 hectáreas en el Solsonès. En agosto del 2000, 6.513 hectáreas en el Cap de Creus. En 2006, 2.000 hectáreas de nuevo en el Empordà. En 2009 el incendio forestal de Horta de Sant Joan costó la vida a cinco bomberos. En 2012, una vez más, 14.000 hectáreas quemadas en 18 municipios alrededor de La Jonquera.