Del tabú del impago a la imposibilidad del pago: alternativas a la deudocracia

Las deudas siempre se pagan, pacta sunt servanda, los contratos están para ser cumplidos. El simple planteamiento de romper con los contratos que nos atan a bancos, inversores y mercados financieros, a través de la deuda, pública o privada, es inconcebible para muchos. Los que niegan la posibilidad de un impago, total o parcial, lo hacen argumentando que, por encima de todo, debe prevalecer la seguridad jurídica. La sacrosanta seguridad jurídica. Una prevalencia de lo firmado que no defienden con el mismo entusiasmo cuando se trata de respetar los derechos humanos o los derechos económicos, sociales y culturales.

Ante la simple mención de la posibilidad de un impago promovido por el deudor, los defensores de la prevalencia de la ley, despliegan una serie de amenazas y panoramas catastróficos para aquél que ose desobedecer. El cierre de los mercados financieros (quién prestará a aquél que desafíe a los acreedores), el aislamiento económico y comercial (quién se fiará de aquél que se crea por encima de las leyes de los mercados), y la subsecuente escasez de recursos energéticos u otros suministros estratégicos (quién venderá a aquél que no tenga quien le fíe). Nos llaman irresponsables i demagogas, nos tildan de radicales de extrema izquierda que no saben de lo que hablan.

Pero lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente que el tabú del impago de la deuda es una cuestión mucho más política que económica o técnica. En el caso de Grecia, el simple planteo de la necesidad de una reestructuración con quita de la deuda desató las iras del eurogrupo, las amenazas de expulsión y ostracismo. Una estrategia política desplegada contra la democracia y para mantener al deudor en vereda - no sólo a Grecia, no se le ocurra al resto de la periferia Europea votar a la loca izquierda que plantea la imposibilidad de seguir pagando.

Sabemos también que el impago de la deuda, si es ordenado y acompañado de una serie de medidas financieras, fiscales, productivas y políticas, es posible. Lo sabemos por que además la historia es testigo de algunos casos en los que la amenaza no ha pasado de eso, de amenaza. El propio premio Nobel de economía Joseph Stiglitz afirma que “tanto la teoría como la práctica sugieren que la amenaza del cierre del grifo del crédito probablemente haya sido exagerada”. Lo cierto es que, a lo largo de la historia, la más lejana y la más reciente, existen múltiples precedentes de impagos, totales o parciales, de cancelación o quitas. Entre 1946 y 2008 se han dado hasta 169 casos de impago o suspensión de pagos de la deuda pública en el mundo. De estos ejemplos, a pesar de que no sean totalmente trasladables a nuestra realidad, podemos aprender mucho. Pero el principal aprendizaje de la historia debe ser que sí es posible plantear un impago de deuda.

La imposibilidad del pago

Ante la aparente imposibilidad del impago de la deuda, especialmente cuando este surge de una decisión soberana y unilateral del deudor, debemos plantear la imposibilidad social, incluso financiera, de seguir pagando. Cuando el pago de la deuda sea insostenible y suponga una amenaza a los derechos económicos, sociales y culturales, incluso a los derechos políticos o los derechos humanos, el plantear no pagar no sólo debería ser una posibilidad, sino una obligación moral, incluso jurídica.

Resulta evidente que la prioridad del pago de la deuda se impone en Europa a costa de derechos sociales. Pero también lo es que en un mundo dominado por el capitalismo financiero no tienen el mismo peso el derecho comercial y los derechos humanos. Ante tal asimetría cabe recordar a Thomas Sankara, quien ya en 1986 denunciaba ante la Unión Africana: “La deuda no puede ser reembolsada porque, en primer lugar, si no pagamos, los prestamistas no se van a morir. Estemos seguros de esto. En cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir”. No asumir la imposibilidad de seguir pagando, desde un punto de vista social y económico, es tomar la decisión de no respetar los derechos de la población que el Estado debería proteger.

Pero de la teoría de la justicia social y económica a la realidad del ruedo político y financiero europeo hay un trecho. Todo es cuestión, cómo hemos visto en Grecia y en tantos otros países antes, de hacia dónde se inclina la balanza del poder. En este marco es necesario que las izquierdas europeas, actores sociales y movimientos ciudadanos profundicen en las estrategias para un proyecto común en Europa que deje atrás la deudocracia y le dé un vuelco a la Europa del capital y la guerra. En ello están un grupo de representantes políticos, académicos y activistas que se han unido alrededor de una serie de conferencias permanentes bajo el título de “Plan B para Europa”. En el marco de esta iniciativa, y con la intención de balancearla hacia posiciones más favorables a la posibilidad del impago de la deuda, se realizan en Barcelona esta semana las jornadas “Un Proyecto Común de Deuda para Europa”. Se analizaran, de forma rigurosa, sin demagogias ni aspavientos, pero sin arrugarnos ante las amenazas del capital, las posibilidades del impago de la deuda, herramientas como las auditorías ciudadanas o experiencias de gestión alternativa de la deuda en otros países.

Las deudas siempre se pagan, pacta sunt servanda, los contratos están para ser cumplidos. El simple planteamiento de romper con los contratos que nos atan a bancos, inversores y mercados financieros, a través de la deuda, pública o privada, es inconcebible para muchos. Los que niegan la posibilidad de un impago, total o parcial, lo hacen argumentando que, por encima de todo, debe prevalecer la seguridad jurídica. La sacrosanta seguridad jurídica. Una prevalencia de lo firmado que no defienden con el mismo entusiasmo cuando se trata de respetar los derechos humanos o los derechos económicos, sociales y culturales.

Ante la simple mención de la posibilidad de un impago promovido por el deudor, los defensores de la prevalencia de la ley, despliegan una serie de amenazas y panoramas catastróficos para aquél que ose desobedecer. El cierre de los mercados financieros (quién prestará a aquél que desafíe a los acreedores), el aislamiento económico y comercial (quién se fiará de aquél que se crea por encima de las leyes de los mercados), y la subsecuente escasez de recursos energéticos u otros suministros estratégicos (quién venderá a aquél que no tenga quien le fíe). Nos llaman irresponsables i demagogas, nos tildan de radicales de extrema izquierda que no saben de lo que hablan.