¿Oportunidad perdida para el PSOE de Pedro Sánchez?

Los aficionados a la historia han señalado el paralelismo entre el 6 de octubre de 1934 y los acontecimientos de estas últimas semanas. Proclamación del Estado Catalán, suspensión de la autonomía por el Gobierno central, encarcelamiento, juicio y condena por sedición del President Companys y su gobierno. Por lo general, aquellos aficionados a la historia no llevan el paralelismo más allá y se detienen en este punto. Pero sería bueno recordar la secuencia de los hechos posteriores: gobernador militar en Cataluña, nombramiento de un Consell de la Generalitat integrado por políticos de la derecha, elecciones generales en febrero 1936 con victoria del Frente Popular en toda España y en Cataluña, amnistía inmediata para Companys y sus consellers y regreso triunfal de Companys a la presidencia de la Generalitat en marzo de 1936. Unos meses después, se producía el golpe de Estado que condujo a la guerra civil. Se nos ha dicho que la historia no suele repetirse. Entre otros motivos, porque cambian los actores y los contextos. Pero no está de más tomar algunas precauciones por si acaso.

La situación actual tiene carácter crítico, en el sentido literal del término. Puede decantarse en un sentido o en otro en función de contingencias imprevistas. Pero también depende en gran medida de las decisiones que puedan adoptarse por los actores principales. A mi juicio, se ha llegado hasta aquí porque estos actores calcularon mal sus respectivas fuerzas y entendieron equivocadamente que tenían todas las de ganar. El gobierno de Rajoy y sus apoyos se han parapetado en el arsenal jurídico-penal-policial, con legitimidad discutible para ser benévolos para con su elaboración oportunista. Y el president Puigdemont y la mayoría política que le acompaña han recurrido básicamente a la gestión de un “relato” simbólico y emocional que les favorece, pero sin cálculo razonado de lo que tenían enfrente. Por este motivo, han jugado claramente a su favor la movilización ciudadana y la violencia desmedida -incluso el ensañamiento- de las fuerzas estatales de seguridad contra personas que deseaban expresar su opinión política de manera pacífica. El destrozo producido en todos los ámbitos costará de reparar, sea cual fuere el desenlace.

¿Cabe la posibilidad de no aumentar los daños que acarrea prolongar ahora la tensión estéril de estas últimas semanas? Entiendo que la única oportunidad reside en una transacción de partida: aceptar un referéndum con garantías a cambio de la renuncia a una declaración unilateral de independencia. El referéndum con garantías figuraba entre las posibilidades barajadas por expertos juristas en los prolegómenos de este largo contencioso. Lo avalaron, entre otros, el desaparecido constitucionalista Rubio Llorente, con títulos más que sobrados -Tribunal Constitucional, Consejo de Estado- para ser escuchado. ¿Es necesaria para ello una corrección en la Ley Orgánica 2/1980 sobre el Referéndum? Hágase ya esta modificación sin más dilación. Frente a los escrúpulos literalistas de algunos, ¿por qué no utilizar la misma “imaginación jurídica” que se empleó a finales de 1980 para tratar el caso de Andalucía en contradicción con las previsiones legales del momento?

El PSOE de Sánchez tiene en estos momentos la oportunidad de encabezar la presentación de la correspondiente proposición de ley en el Congreso al frente de una mayoría parlamentaria, en el caso de que el gobierno minoritario de Rajoy no tomara la iniciativa de hacerlo por su cuenta. El PSOE dispondría probablemente de los votos de la mayoría del Congreso si persuadía a ERC de que dicho referéndum iba a contar con garantías avaladas por instancias internacionales.  Esta misma mayoría parlamentaria podría superar un veto del Senado si la decisión del Congreso no hubiera recibido el asentimiento o la abstención del Partido Popular. El resultado del referéndum daría lugar a la negociación de los gobiernos respectivos para establecer la ejecución del resultado, ya fuera la separación, ya fuera una relación renovada entre Estado y Generalitat.

Las probabilidades de una salida negociada al embrollo no son muy altas. Sin embargo, es responsabilidad de los dirigentes políticos de explorarlas a fondo cuando están en juego bienes colectivos como los que están en juego en estos momentos. No cabe duda de que los sectores más radicales en las dos orillas están presionando para romper definitivamente los vínculos existentes: los rompería la aplicación del art. 155 -aunque sea por la puerta de atrás- y los rompería la declaración unilateral de independencia. Compensar esta tensión entre extremos obliga a explorar espacios medios. Y hacerlo inmediatamente, no sin renuncias de envergadura por todas las partes. ¿Es demasiado exigir perspectiva histórica para evitar de nuevo errores de coste incalculable?

Epílogo.- Hoy, jueves 5 de octubre, parece que sí es demasiado tarde para intentar lo que proponía en el artículo del lunes. No lo es, en cambio, para recordar de nuevo la secuencia de 1934: estado de guerra (o de alarma), suspensión de la autonomía, condena por sedición y encarcelamiento del President de la Generalitat y sus consellers, elecciones generales en febrero de 1936 con victoria de la izquierda, retorno triunfal de Companys a la presidencia, etc. etc. No creo demasiado en una visión cíclica de la historia. Pero, incluso como farsa -según decía Marx- la repetición puede acarrear costes inmensos.

Los aficionados a la historia han señalado el paralelismo entre el 6 de octubre de 1934 y los acontecimientos de estas últimas semanas. Proclamación del Estado Catalán, suspensión de la autonomía por el Gobierno central, encarcelamiento, juicio y condena por sedición del President Companys y su gobierno. Por lo general, aquellos aficionados a la historia no llevan el paralelismo más allá y se detienen en este punto. Pero sería bueno recordar la secuencia de los hechos posteriores: gobernador militar en Cataluña, nombramiento de un Consell de la Generalitat integrado por políticos de la derecha, elecciones generales en febrero 1936 con victoria del Frente Popular en toda España y en Cataluña, amnistía inmediata para Companys y sus consellers y regreso triunfal de Companys a la presidencia de la Generalitat en marzo de 1936. Unos meses después, se producía el golpe de Estado que condujo a la guerra civil. Se nos ha dicho que la historia no suele repetirse. Entre otros motivos, porque cambian los actores y los contextos. Pero no está de más tomar algunas precauciones por si acaso.

La situación actual tiene carácter crítico, en el sentido literal del término. Puede decantarse en un sentido o en otro en función de contingencias imprevistas. Pero también depende en gran medida de las decisiones que puedan adoptarse por los actores principales. A mi juicio, se ha llegado hasta aquí porque estos actores calcularon mal sus respectivas fuerzas y entendieron equivocadamente que tenían todas las de ganar. El gobierno de Rajoy y sus apoyos se han parapetado en el arsenal jurídico-penal-policial, con legitimidad discutible para ser benévolos para con su elaboración oportunista. Y el president Puigdemont y la mayoría política que le acompaña han recurrido básicamente a la gestión de un “relato” simbólico y emocional que les favorece, pero sin cálculo razonado de lo que tenían enfrente. Por este motivo, han jugado claramente a su favor la movilización ciudadana y la violencia desmedida -incluso el ensañamiento- de las fuerzas estatales de seguridad contra personas que deseaban expresar su opinión política de manera pacífica. El destrozo producido en todos los ámbitos costará de reparar, sea cual fuere el desenlace.