El proceso en un callejón sin salida

En las últimas 48 horas el proceso de soberanía de Catalunya ha evidenciado que se encuentra en un callejón sin salida y que hay que gestionar políticamente la salida para evitar la frustración de una parte importante de la ciudadanía.

El gobierno del Estado español, por un lado, continúa en un inmovilismo quejoso que no acepta que en Catalunya hay una mayoría social que quiere ser actor principal y decidir el futuro político de nuestro país para la vida democrática. Este inmovilismo se escenificó el pasado 25 de febrero con una resolución del Tribunal Constitucional que declara ilegal la convocatoria del proceso participativo del 9N. Un gran disparate. Nadie puede ilegalizar una de las mayores movilizaciones vividas en Catalunya. Nadie podrá anular, por ninguna de las vías, mi expresión con un sí/no el pasado 9 de noviembre. Ahora, el Tribunal Constitucional nos dice que dos de los artículos de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria son ilegales, porque se pretendía hacer un referéndum y esta es una competencia exclusiva del estado que, por cierto, no quiso delegarlo en Catalunya como se solicitó en una proposición elevada al Congreso. Por otra parte, el pacto de gobierno entre CiU y ERC se encuentra también en una situación de unilateralidad sin mandato democrático por parte de los y las catalanas, que lo único que hace es alejar una parte de los defensores del derecho a decidir y empequeñecer el elemento más interesante de todo el proceso: su amplísima mayoría social y política. Un claro ejemplo de ello es que, 24 horas después de la resolución del TC, el 26 de febrero, el Consejo de Garantías Estatutarias haya declarado anticonstitucionales las “estructuras de estado” acordadas en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras.

Así pues, entre el inmovilismo de los unos y la unilateralidad de los demás, nos vemos abocados a un callejón sin salida de difícil gestión, que tapa el necesario debate social y democrático que se requiere en Catalunya. Las elevadas cifras de paro, los 50.000 niños en situación de malnutrición, los recortes y privatizaciones del sistema sanitario catalán, el fraude fiscal masivo de la familia Pujol o la voluntad de CiU de inyectar más de mil trescientos millones de euros a las empresas de sus amigos con el Plan Juncker, nos presentan un panorama político y social altamente preocupante.

¿Qué podemos hacer para salir de este callejón sin salida? Hay tres elementos que habría que priorizar políticamente por parte de las fuerzas catalanas que defendemos la radicalidad democrática y la centralidad de la clase trabajadora en este proceso: primero, hay que acumular fuerzas con el resto de pueblos del estado y el resto de fuerzas políticas que, aquí y allá, defendemos la radicalidad democrática como vía de solución a los conflictos territoriales que hoy presenta el estado español. La Constitución Española ya no es, ni puede ser, una solución a los conflictos democráticos y territoriales del estado porque se ha convertido en una jaula de la que tiene el candado un bipartidismo que nos quiere ahogar. Catalunya no está sola en el ataque que recibimos por parte del gobierno centralista y antidemocrático del PP. Somos el asno de sus golpes y donde más se evidencia esta cultura retrógrada, ciertamente, pero no somos únicos. El estado también ha atacado leyes aprobadas por la legítima mayoría parlamentaria en Andalucía, Canarias o el País Vasco. La acumulación de fuerzas de las clases populares coordinadas en el conjunto del estado nos otorga una fuerza indescriptible. Segundo, hay que buscar complicidades con el resto de pueblos europeos que también están sufriendo la voracidad capitalista de la Unión Europea y sus herramientas ideológicas. Podremos salir del actual callejón sin salida cuando desmontemos una UE pensada sólo para los grandes estados arrodillados delante de los intereses de los Mercados y de espaldas a los pueblos y naciones que conforman la Europa de los trabajadores. Y tercero, no debemos dar la consulta legal, con garantías democráticas y vinculante, por amortizada. Hay que hacer la consulta. Una consulta que exprese un mandato democrático del conjunto del pueblo, y esta consulta no son unas elecciones plebiscitarias porque eso vuelve a empequeñecer el derecho a la autodeterminación. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que cambiar el 'tenim pressa' por 'tenim força' porque eso nos hace imbatibles.

En las últimas 48 horas el proceso de soberanía de Catalunya ha evidenciado que se encuentra en un callejón sin salida y que hay que gestionar políticamente la salida para evitar la frustración de una parte importante de la ciudadanía.

El gobierno del Estado español, por un lado, continúa en un inmovilismo quejoso que no acepta que en Catalunya hay una mayoría social que quiere ser actor principal y decidir el futuro político de nuestro país para la vida democrática. Este inmovilismo se escenificó el pasado 25 de febrero con una resolución del Tribunal Constitucional que declara ilegal la convocatoria del proceso participativo del 9N. Un gran disparate. Nadie puede ilegalizar una de las mayores movilizaciones vividas en Catalunya. Nadie podrá anular, por ninguna de las vías, mi expresión con un sí/no el pasado 9 de noviembre. Ahora, el Tribunal Constitucional nos dice que dos de los artículos de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria son ilegales, porque se pretendía hacer un referéndum y esta es una competencia exclusiva del estado que, por cierto, no quiso delegarlo en Catalunya como se solicitó en una proposición elevada al Congreso. Por otra parte, el pacto de gobierno entre CiU y ERC se encuentra también en una situación de unilateralidad sin mandato democrático por parte de los y las catalanas, que lo único que hace es alejar una parte de los defensores del derecho a decidir y empequeñecer el elemento más interesante de todo el proceso: su amplísima mayoría social y política. Un claro ejemplo de ello es que, 24 horas después de la resolución del TC, el 26 de febrero, el Consejo de Garantías Estatutarias haya declarado anticonstitucionales las “estructuras de estado” acordadas en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras.