Con el anuncio de la fecha y la pregunta de un referéndum sobre la república este otoño hemos dado el pistoletazo de salida a una nueva fase en la reconstrucción de la soberanía catalana, en la semana que se reunía nuevamente el Pacte Nacional por el Referéndum con casi un centenar de asistentes, de la derecha a la izquierda soberanista, de los partidos políticos a los sindicatos y las entidades sociales, para constatar una vez más la negativa del Estado español a resolver por la vía pactada el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Y el ejercicio y la conquista de derechos es siempre conflicto. La convocatoria de este viernes es un pulso, un pulso al Gobierno Rajoy, pero también un pulso al conjunto de las instituciones del Estado que le amparan (Tribunal Constitucional, fiscalía, la jerarquía judicial) y a la mayoría amplia en el arco parlamentario que le secunda, el conocido búnker del 78. Un régimen del 78 nacido de las entrañas de la dictadura que aplastó la anterior experiencia republicana aquí, un régimen del 78 que bajo la apariencia de democracia parlamentaria ha establecido sobretodo una sociedad de privilegios, de agravios, de desigualdades y de autoritarismo descontrolado.
Y lo tenemos claro, nosotros hemos llegado a este punto después de un ciclo de movilización y luchas muy largo, muy potente y muy amplio, en un grito fuerte y ensordecedor que pide cambio y grita dignidad, en un proyecto que es complejo y que no es sencillo pero que es posible hoy y aquí. Y que es inigualable en términos de oportunidad en el conjunto devastado del sur de Europa del cual nos sentimos parte.
No hay más alianzas ni más reconocimientos internacionales posibles sin la convocatoria de un referéndum y su materialización. Precisamente para aumentar la credibilidad de la propuesta soberanista es imprescindible poner fin al “procesismo” y dar de una vez la palabra a la gente. Y hacerlo de la mejor manera posible. De la manera más discutida y consensuada posible. De la manera más efectiva posible. Por eso es necesario un debate profundo sobre les garantías del referéndum 2017, para hacerlo efectivo y que se aleje de un acto de movilización como ya fue el 9-N del 2014. No hace falta que continuemos poniendo adjetivos al referéndum. Quizás lo que hace falta es dejar de mirar hacia fuera y hablar de los otros (los estados, la Comisión de Venecia, la Unión Europea...) y mirar más hacia el nosotros en el sentido de definir cuál es la fórmula de esta herramienta llamada referéndum que en las condiciones de hoy y aquí nos permite llegar más lejos en el ejercicio de la democracia directa.
Para la gente demócrata un referéndum debe ser siempre vinculante, pero debe tener unas garantías que nos permitan defender que el resultado es una foto lo más fidedigna posible del pensamiento del demos, el pueblo. En condiciones de normalidad democrática el Gobierno de la Generalitat convocaría un referéndum y lo celebraría a la quebequesa. No es la coyuntura que vivimos, somos conscientes de ello. Las instituciones estatales españolas, desbocadas en la cruzada contra el ejercicio del derecho a la autodeterminación, impedirán una normalidad deseada desde aquí con el único objetivo de disponer de pretendidos argumentos para discutir la legitimidad de un posible resultado que les sea adverso. Por esto tenemos que construir un carril central de consenso sobre les garantías, porque tenemos que aprovechar la institucionalidad al máximo pero en un contexto de autotutela de derechos.
Desde la CUP-CC proponemos una triple garantía: 1) garantizar el derecho a voto, con censo previo conocido y mecanismos para votar desde fuera de Catalunya, 2) garantizar la imparcialidad de la votación y el recuento con mesas que no pueden ser exclusivamente de voluntarios y 3) garantizar una campaña sobre los argumentos del sí y los argumentos del no que debe llegar a todas partes y con un papel protagonista de los medios de comunicación públicos.
Nos recordaban Gerardo Pisarello y Marco Aparicio que “junto a las garantías sociales de participación institucional se suelen articular garantías sociales autónomas, esto es, mecanismos de autotutela de derechos que se suelen activar cuando se considera que las garantías institucionales se encuentran bloqueadas o resultan insuficientes. Serían garantías de autotutela en determinados supuestos desde el derecho a huelga hasta la desobediencia civil”1, parafraseando el concepto de garantía social de la Constitución del Año 1 de la Revolución Francesa que el próximo solsticio de verano cumplirá 224 años. (Una Constitución que también decía aquello tan bonito que “una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras” en referencia al derecho inalienable de modificar y revisar estatus y constituciones.)
Y de eso se tratará en los próximos meses, entre muchas otras cosas, de autotutelar nuestros derechos. El derecho a la autodeterminación siempre tiene un componente de autogestión y de construcción desde abajo. Lo cierto es que hoy nuestro derecho a voto sobre el nacimiento de una república en Catalunya no tiene ninguna posibilidad de acudir a una garantía jurisdiccional, no hay ningún tribunal en el Estado español que quiera ampararlo; por esto, no nos queda otro remedio que, como en tantos otros momentos de nuestra historia, autotutelarnos en derechos. En la reunión de esta semana del Pacte Nacional por el Referéndum un compañero del FAGC ponía de ejemplo su lucha hace 40 años contra la ley de peligrosidad social; una compañera feminista seguía con ejemplos e hitos... y la lista del conocimiento colectivo en la conquista de derechos se hacía inacabable en el seno de la reunión.
Nosotros ya sabemos que la celebración del referéndum este 2017 contendrá una cierta dosis de esto, de desobediencia, de autotutela de derechos, de rebelión. Será imprescindible. Y nosotros haremos que este reto se convierta en una doble oportunidad, como expresión de esta doble lucha que nos atraviesa. Por un lado, está la responsabilidad que este referéndum atacado desde arriba, desde la lógica del poder vertical, por un estado tan autoritario como el Estado español, sea tan serio como cualquier otro y que nadie pueda discutir sus resultados. Por otro lado, y si lo ganamos, abriremos un proceso constituyente, en el que un ejercicio de soberanía popular ejercido desde abajo como este nos dará una fuerza como pueblo incalculable que debería permitir construir, entre muchas otras cosas, también una nueva institucionalidad que nos ayude a cambiarlo todo.
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(1) Els drets humans al segle XXI: continuïtat i canvis. UOC. Barcelona 2007
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