Por si había dudas a disipar, el pasado viernes, con el auto de procesamiento dictado la desde la máxima institución del poder judicial español que es el Tribunal Supremo, el juez Llarena hizo entrar a toda la judicatura como institución y jerarquía en cruzada abierta contra el independentismo. No debía de ser casual que todo pasara el primer día de la Semana Santa, en viernes de dolores. Desde un estado tan poco aconfesional, seguro que la causa general se concibe, otra vez, en aquella Inquisición tan hispánica como una vía de expiación colectiva del ataque a la sacrosanta unidad de la patria.
Esta causa general, dirigida desde las altas instancias del Estado, con plena concertación de todos sus poderes, ha transmutado en un juicio de país que mantiene al vicepresident de la Generalitat, cinco consellers, la que fue presidenta del Parlament y los líderes de dos de las principales entidades del país en prisión y el resto del Govern en el exilio, con Carles Puidemont bajo custodia en Neumünster.
Todo ello sin olvidar el resto de imputados por el Tribunal Supremo, las personas investigadas por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, los cientos de cargos electos investigados, y las decenas de personas citadas a declarar por las huelgas del 3 de octubre y el 8 de noviembre y demás hechos de octubre, en una clara demostración de que la administración de justicia se encuentra claramente posicionada en el conflicto. Y sin equidistancia posible, porque los independentistas no disponemos de instituciones ni poder similar.
En el Estado español del año 2018 se está consolidando una deriva autoritaria en muchos aspectos. En cuanto al independentismo, ha comenzado a aplicársele el “derecho penal del enemigo” como una especie de “doctrina del shock”. De hecho, el derecho penal del enemigo, prohibido en sistema democrático, se definía por el propio Tribunal Supremo español en la sentencia contra las detenciones de Guantánamo en tres elementos: juzgar a la gente por cómo es o cómo piensa en vez de por lo que ha hecho, eliminar las garantías procedimentales (que no te juzgue el tribunal que te correspondía), y la desproporción de las penas, como en el caso de la imputación por rebelión. Estos tres elementos son los que ahora mismo este tribunal aplica contra el independentismo en un Guantánamo europeo bastante particular.
El aparato represivo del Estado, compuesto por actores policiales y judiciales y que busca aplicar la “doctrina del shock”, se encuentra plenamente posicionado en el combate político para impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación. De hecho, el triunvirato PP-PSOE-C's se sumó a esta explosión represiva mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así consumaba la unidad de acción entre todos los poderes del Estado, poderes institucionales, políticos , mediáticos y de calle, como las agresiones de la extrema derecha.
Se utiliza la brutalidad policial del 1-O como argumento para aplicar el 155 y para encarcelar a quien defendió ejercer el derecho a la autodeterminación. Es decir, se utiliza de argumento la brutalidad policial ejercida por el régimen para el simple mantenimiento del régimen. El orden social post155, fruto de la represión ejercida por todos estos poderes, en ningún caso es una solución del conflicto. Es sólo una manera de esconder el conflicto, de apartarlo a través de la estrategia del miedo.
En este contexto post155 se ha debatido mucho sobre la necesidad de rebajar el conflicto para no condicionar la defensa de las personas encausadas y en prisión preventiva. Pero el procesamiento dictado por el juez Llarena demuestra que no es una 'cuestión de desescalar' porque, en uno de los momentos de menos movilización independentista y de menos confrontación con el Estado, se ha dictado una de las resoluciones más duras y llenas de crueldad contra las filas independentistas, en una perversión absoluta del relato. Ante los últimos hechos, se evidencia que hay que cambiar la estrategia de la lucha antirrepresiva del conjunto del independentismo.
Desde la experiencia de la lucha antirrepresiva de la izquierda independentista y anticapitalista, pero también partiendo de este análisis de la situación actual y de la ofensiva judicial y política del Estado, la CUP ha defendido desde el inicio de esta macrocausa de país que hay que ir más allá y dar un paso adelante. Planteamientos como el 'no se atreverán a...' deben desaparecer de nuestro vocabulario.
Por si alguien lo había dudado, se evidencia que jueces, fiscales y cuerpos policiales, en su mayoría, están dispuestos a atreverse a hacer todo lo que consideren necesario para la preservación del régimen. No hay límites porque ha desaparecido cualquier concepto propio del Estado democrático basado en contrapoderes, equilibrios y derechos de la ciudadanía, que son precisamente eso, límites a la actuación abusiva de los poderes del Estado.
En esta idea de dar un paso más, de trabajar para detener y superar el embate represivo, es necesario construir una estrategia antirrepresiva que implique a todos los actores, y que parta de unos elementos comunes que tengan claro que el conflicto político ha sido el punto de partida y debe ser el punto de llegada de esta estrategia.
Hay que trabajar un frente común antirrepresivo donde se apoye a las personas encausadas y su entorno, desde el punto de vista económico, pero también emocional y político. Si partimos de que estamos ante una causa política las consecuencias deben ser asumidas colectivamente. La macrocausa del 'juicio de país' está vinculada a las tantísimas causas abiertas en todo el país contra la ciudadanía, que en estos momentos podemos decir que seguro superan la barrera de las mil personas, entre cargos electos, huelguistas, personas que mostraron su rechazo a la presencia de los cuerpos policiales, informáticos que colaboraron en la página web del referéndum o profesores que hablaron de la brutalidad policial del 1-O en las aulas.
De la represión más pequeña y más arrinconada hasta la macrocausa, todas ellas tienen el mismo origen y deben ser analizadas y tratadas en el conjunto.
Y es por eso también que este frente debe buscar establecer una estrategia lo más conjunta posible entre todas las personas afectadas, de fortaleza jurídica, pero sobre todo con alto contenido político. Una estrategia que sirva para destapar la naturaleza de estos procesos, tanto para el establecimiento de tribunales ad hoc, como por la recuperación de figuras delictivas del pasado y la criminalización de la actividad parlamentaria, entre otros. Tenemos claro que la mejor y la más fina de las estrategias jurídicas sólo será útil si tiene la fuerza de ir acompañada del conflicto político que ha originado este juicio de país.
Queremos ser un espejo que desde fuera que muestre la verdadera naturaleza del Estado. Es por ello que hay que vincular la estrategia antirepressiva a la estrategia de internacionalización del caso catalán, ya que se tiene que poner sobre la mesa el ejercicio del derecho a la autodeterminación que nos es sistemáticamente negado con la grave suspensión de los derechos civiles y políticos de los tratados internacionales suscritos por el Estado español.
Unos tratados que, además, no disponen de ninguna garantía institucional, porque quien debería encargarse de tutelarlos, los tribunales, se encuentra claramente posicionado en contra de la tutela de derechos. Este ejercicio de hacer de espejo también debe mirar hacia el Estado español, ya que el retroceso de derechos no nos afecta sólo a nosotros. Catalunya ahora mismo sólo es el laboratorio.
Desde la izquierda independentista y anticapitalista siempre hemos tenido claro que la represión también es y debe ser una herramienta política. No puede ser sólo utilizada en términos de defensa jurídica, sino que también debe poder reconvertirse como herramienta de pedagogía , y debe ser un argumento más en la defensa de nuestro proyecto político y de nuestra convicción independentista y republicana. En definitiva, en la lucha antirrepresiva es importante organizarse y organizarnos, trabajar un marco común de defensa de derechos y libertades que tenga claro el origen político de la regresión de derechos, y que sirva para movilizarnos de forma permanente frente la represión.
Organizarnos y movilizarnos en barrios, pueblos y villas para denunciar la represión calle a calle y tejer y recoger las más amplias solidaridades. Hacer un frente común que parta del 1-O, el 3-O, y que construya políticamente ante una represión que busca la desmemoria de la brutalidad policial, la desmemoria de la vulneración de derechos, pero sobre todo una desmemoria de lo nos llevó a organizarnos el 1-O: la república.
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