Leía hace unos días en este diario digital un artículo de Siscu Baiges sobre el colapso de los servicios de urgencias y el mal funcionamiento de la sanidad pública catalana. Debo decir, ante todo, que las situaciones que dicho artículo describía no me sorprenden. No me sorprenden porque las veo y las vivo como cualquier otro usuario del sistema sanitario público.
Sí, soy usuario de la sanidad pública. Y lo soy por convencimiento. Porque creo en la salud como un derecho universal, el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana a una atención sanitaria de calidad que le permita vivir una vida plena y digna. Un derecho al que todos y todas por igual, independientemente del lugar dónde hayamos nacido, de la familia en que hayamos crecido o del empleo que desempeñemos, debemos tener acceso.
Se trata de un matiz importante. Al otorgarle a la salud la categoría de derecho hacemos perder a la sanidad pública todo lo que de caritativo pudiera tener y, por tanto, la calidad en la atención al paciente y en la prestación del servicio pasa a ser el elemento fundamental, el eje central sobre el que gira todo el sistema sanitario.
Desafortunadamente, no todos los gobiernos ni todos los dirigentes públicos lo entienden igual. Y los recortes en sanidad, y en otras políticas sociales, que venimos padeciendo en los últimos años responden a un modelo concreto de entender los servicios públicos y el Estado del bienestar. Un modelo que no es el mío, que no es el de los socialistas y al que respondemos contundentemente. Un modelo al que se debe que desde 2010 se haya recortado el presupuesto de sanidad en 1.800 millones de euros y que en el presupuesto de 2014 se prevea el recorte de 800 millones más. Un modo de entender la sanidad pública que ha propiciado que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas hayan aumentado un 48% entre 2010 y 2013; que el personal sanitario haya disminuido un 20%; y los sueldos hayan caído un 30% en los últimos tres años.
Decía en su artículo Siscu Baiges que la situación de la sanidad catalana no es consecuencia de la crisis. Estoy de acuerdo. Y afirmo: es consecuencia de la ideología. Porque en momentos de crisis y de disminución de los ingresos son los gobiernos los responsables de priorizar, de convertir en intocables aquellas políticas que consideran imprescindibles. Está claro que la sanidad pública no se encuentra entre las prioridades del gobierno actual.
Lo será cuando los socialistas volvamos a gobernar. Lo volverán a ser las políticas sociales, la educación pública, el derecho a la vivienda. Políticas prioritarias para nosotros, fundamentales para mejorar el día a día de la ciudadanía. Dijo Tierno Galván que la política ha de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas. El objetivo de los socialistas ahora es que nuestros programas respondan a nuestros ideales. También en política sanitaria.
Leía hace unos días en este diario digital un artículo de Siscu Baiges sobre el colapso de los servicios de urgencias y el mal funcionamiento de la sanidad pública catalana. Debo decir, ante todo, que las situaciones que dicho artículo describía no me sorprenden. No me sorprenden porque las veo y las vivo como cualquier otro usuario del sistema sanitario público.
Sí, soy usuario de la sanidad pública. Y lo soy por convencimiento. Porque creo en la salud como un derecho universal, el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana a una atención sanitaria de calidad que le permita vivir una vida plena y digna. Un derecho al que todos y todas por igual, independientemente del lugar dónde hayamos nacido, de la familia en que hayamos crecido o del empleo que desempeñemos, debemos tener acceso.