De Sharpeville a la Europa fortaleza

El 21 de marzo de 1960 se produjo, en Sudáfrica, la masacre de Sharpeville. El régimen del apartheid sudafricano había impuesto la Ley de Pases, que consistía en el control de los desplazamientos de la población negra dentro del país mediante un documento que tenían que llevar consigo. Estos pases determinaban a qué zonas podían acceder y cuáles eran las áreas sólo para blancos. Incumplir esta Ley podía suponer penas de cárcel. En una manifestación en Sharpeville la policía abrió fuego contra los asistentes, dejando un balance de 68 personas asesinadas y 180 heridas. Esa masacre dio nombre al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Hoy es el día mundial contra el racismo, y aún hoy racismo tiende a ser reducido a prejuicio o a actitudes y acciones individuales y puntuales. Pero el racismo es más que eso. El racismo es estructural: el racismo está apoyado por las instituciones y por las leyes, es un sistema político, económico, social y cultural. El racismo es prejuicio más poder. Y cincuenta y siete años después de la masacre de Sharpeville, es inevitable que la Ley de Pases no nos haga pensar en muchas de las medidas implantadas en la construcción de la Europa fortaleza.

Hace pocas semanas nos llegaban, desde Bruselas, las últimas directrices de la Comisión Europea en materia de expulsión y deportación de personas migradas. La Comisión pide aumentar las deportaciones a través de la ampliación de los periodos de internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta los 18 meses. Año y medio de detención sin haber cometido ningún delito, solo la falta administrativa de estar en territorio europeo de forma irregular. En España, el periodo de internamiento actual es de 60 días: multiplicarlo hasta tal envergadura supondrá, además de la misma privación de libertad, perpetuar la exposición de las personas que se encuentran en el CIE a las deplorables condiciones y violaciones de derechos humanos que en ellos se dan. Otra de las medidas que la Comisión pidió fue reducir los plazos de recurso contra las órdenes de expulsión, un nuevo ataque contra los derechos más básicos, en este caso el de defensa. Uno más.

Si en alguna cosa ha cumplido el Estado español con la UE, llegando a convertirse en un modelo a exportar al resto de sus países miembros, ha sido en el control de fronteras. Muchas de las medidas represivas, e incluso las mismas alambradas, empleadas en las zonas fronterizas del sur de Europa son “made in spain”. Pocas imágenes ejemplifican más visualmente el privilegio blanco como las vallas de Ceuta y Melilla. Personas que han conseguido burlar o saltar la valla nos recuerdan que, además de una necesidad, es un acto de desobediencia frente a los privilegios y al sistema racista.

De entre los cientos de personas ahogadas en el Mediterráneo en lo que llevamos de año, tomó especial relevancia a mediados de enero el caso de Véronique Nzazi y su hijo Samuel, de tan solo cuatro años. Véronique padecía un tumor desde hacía 18 años y la UE le negó el visado que había pedido con la intención de hacerse el tratamiento necesario. Después del naufragio, el cuerpo de Samuel fue arrastrado hasta Cádiz y el de su madre hasta Argelia. En esta ocasión, el padre pudo obtener un visado para viajar con la intención de identificar los cuerpos y asistir al funeral. No pudieron hacer lo mismo los familiares de las catorce victimas del Tarajal; en esa ocasión el Estado consideró que su viaje no estaba justificado.

Aunque menos visibilizado, el racismo antigitano tiene una larga historia de discriminación en Europa. El pueblo gitano es la comunidad racializada más numerosa y antigua de Europa y ha sido continuamente excluida de la sociedad, discriminada judicialmente o segregada en las escuelas. En Francia, los últimos años han marcado un periodo de incesantes expulsiones y hostigamientos a los precarios asentamientos del pueblo gitano. Desde Eslovaquia y República Checa han salido a la luz numerosos casos de esterilización forzada de mujeres gitanas. Dos ejemplos de cómo el antigitanismo no es tan solo un conjunto de tópicos y prejuicios, si no la suma de estos al poder, que institucionaliza el racismo.

En España, las condiciones para la población migrante que consigue establecerse no son muy alentadoras. En el mejor de los casos conseguirán regularizar su situación administrativa y pasaran a estar sujetos a la Ley de Extranjería. El régimen de permisos que dicha Ley establece somete a miles de trabajadoras y trabajadores, por el hecho de ser migrantes, a una violencia socioeconómica y laboral. Obligados a mantener contratos de explotación laboral para poder seguir renovando sus permisos de residencia, nos encontramos ante un sistema de control migratorio que reduce las personas a mera mano de obra. Todo este sistema de control social no se podría mantener sin la función legitimadora que se ejerce desde el poder político y mediático, ejerciendo una criminalización permanente sobre la inmigración.

Que no se respeten los derechos más básicos de la población migrada no debería apartar del foco que también deben ser sujetos de derechos sociales, civiles y políticos. Urge reclamar el pleno reconocimiento del derecho a la participación política: es un principio democrático básico que aquellos que contribuyen a una sociedad y viven bajos sus leyes deben poder participar de forma plena en la toma de decisiones de esta. No puede seguir normalizado que una parte de la población que vive, participa, trabaja y paga sus impuestos como el resto vea negado su derecho a participar políticamente en igualdad de condiciones.

Recientemente se ha condenado al mantero Sidil Moctar a cinco años de prisión, conmutados por la expulsión del país y por la prohibición de retorno durante diez años. Tal y como manifestó su propio abogado, “el componente racial” ha tenido especial importancia a lo largo de todo el procedimiento. Las personas migrantes se han convertido en uno de los principales destinatarios de las políticas penales, como prueba su sobrerrepresentación en las cárceles del Estado. Desde el principio de su proceso judicial, Sidil ha estado recluso en situación de prisión preventiva. A pesar de no contar con cifras oficiales, distintas fuentes apuntan que esta medida se aplica a la población extranjera de forma totalmente desproporcionada en comparación a la española.

En este contexto nos encontramos ante un auge del racismo social y de los partidos de extrema derecha en toda Europa. En España la evolución de los delitos de odio en los últimos años ha crecido, y el racismo es la primera causa que los explica. Más concretamente, la islamofobia se sitúa como el principal delito de odio. Además de las cifras oficiales, no debemos perder de vista que muchos de estos episodios no se denuncian por la creencia que no es efectivo hacerlo, por miedo o por desconfianza en la policía. Las mujeres musulmanas son las que principalmente sufren la islamofobia. Uno de los casos más mediáticos de los últimos meses fue el de dos ultras que agredieron a una mujer embarazada de ocho meses que llevaba nicab, en pleno centro de Barcelona.

En el día contra el racismo recordamos la matanza de Sharpeville y la resistencia de todas las personas que salieron a manifestarse ese día y que se reunieron enfrente de las comisarías de policía para quemar sus pases como forma de protesta contra el régimen del apartheid. Años después, la masacre se repetiría en Soweto. Hoy, como ayer, los que se enfrentan diariamente al racismo son los que lo sufren en sus propias carnes. En largos viajes, burlando fronteras o cruzando el Mediterráneo. Resistiendo a los vuelos de deportación y organizando huelgas de hambre en los CIE.

En Nueva Orleans, el mismo año que la masacre de Sharpeville, Ruby Bridges se convertía, a la edad de seis años, en la primera niña afroamericana en romper con la segregación racial en las aulas. Ruby asistió a una escuela reservada exclusivamente a la población blanca. Durante todo el año fue escoltada por agentes federales y el primer día recibió amenazas e insultos durante todo el camino. Al llegar a la escuela, encontró el aula vacía y así pasó el resto de año. El símbolo de Ruby se enfrentó a los prejuicios, al odio, a la segregación y al racismo, y los derrotó. Y así hasta que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial tenga un sentido pleno.

El 21 de marzo de 1960 se produjo, en Sudáfrica, la masacre de Sharpeville. El régimen del apartheid sudafricano había impuesto la Ley de Pases, que consistía en el control de los desplazamientos de la población negra dentro del país mediante un documento que tenían que llevar consigo. Estos pases determinaban a qué zonas podían acceder y cuáles eran las áreas sólo para blancos. Incumplir esta Ley podía suponer penas de cárcel. En una manifestación en Sharpeville la policía abrió fuego contra los asistentes, dejando un balance de 68 personas asesinadas y 180 heridas. Esa masacre dio nombre al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Hoy es el día mundial contra el racismo, y aún hoy racismo tiende a ser reducido a prejuicio o a actitudes y acciones individuales y puntuales. Pero el racismo es más que eso. El racismo es estructural: el racismo está apoyado por las instituciones y por las leyes, es un sistema político, económico, social y cultural. El racismo es prejuicio más poder. Y cincuenta y siete años después de la masacre de Sharpeville, es inevitable que la Ley de Pases no nos haga pensar en muchas de las medidas implantadas en la construcción de la Europa fortaleza.