La transparencia es el preámbulo de la justicia fiscal

Si las grandes fortunas y las grandes empresas se quieren ahorrar impuestos, tienen a su servicio toda una industria del fraude y, además, un grupo de países dispuestos a ponérselo muy fácil. Así lo han demostrado escándalos como LuxLeaks, SwissLeaks y los Papeles de Panamá, que han evidenciado con pruebas lo que todo el mundo ya intuía. Pero todos estos escándalos también han contribuido a que finalmente la justicia fiscal se sitúe, si bien tímidamente aún, en el corazón de la agenda política de la Unión Europea, la OCDE, el G20 y otras instituciones supranacionales.

En el pleno del Parlamento Europeo de esta semana, los eurodiputados tendremos la oportunidad de estrechar el círculo a las empresas multinacionales que intentan ahorrarse impuestos aprovechando estructuras complejas y declarando su actividad de la manera más opaca posible, votando una directiva a favor de la transparencia. Si la propuesta de la Comisión Europea tira adelante, las empresas multinacionales deberán dar información pública, detallada y de forma desagregada de las actividades financieras que llevan a cabo en todos los países donde operan, también fuera de la UE, incluyendo a cuántos trabajadores tienen contratados en el país, de qué activos disponen, cuánto facturan y qué impuestos pagan. Una información que deberán hacer pública, y entregar a la agencia tributaria de la jurisdicción donde la empresa tenga su residencia fiscal.

El objetivo es claro: reforzar la coordinación de transmisión de información entre los países para frustrar la ingeniería fiscal y, en último término, evitar el fraude, la elusión y la evasión. Para saber si una gran empresa realmente paga impuestos allí donde debería hacerlo, es fundamental saber dónde operan sus filiales, qué hacen allí donde operan, y qué impuestos pagan. La clave, pues, es que las diferentes administraciones tributarias dispongan y puedan compartir información veraz y pública de las multinacionales. Para alcanzar esta transparencia y coordinación, la UE debe jugar un papel central.

Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria de la directiva, se han introducido algunos cambios que, si no revertimos en el voto final de la próxima semana, debilitarán la propuesta. El texto original de la Comisión proponía que la obligación de transparencia sólo se aplicara a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales –unas 6.000 empresas en toda la UE–. Desde el grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea pedíamos ampliarlo a las empresas de más de 40 millones de facturación –para alcanzar hasta 18.000 empresas–, pero el ala conservadora del Parlamento Europeo –el Partido Popular Europeo, la Alianza los Demócratas y Liberales, y los Conservadores y Reformistas– se opuso a la reducción de este umbral.

Y aún peor: los grupos conservadores –¡otra vez!– quieren introducir una cláusula de salvaguarda que abre la puerta a liberar a las empresas, de manera indefinida, de la obligación de entregar esta información, cuando consideren que puede ser comercialmente sensible. O dicho de otro modo, si una empresa considera que hacer públicos los impuestos que paga –y sobre todo los que ha conseguido no pagar–, puede perjudicar sus intereses comerciales, puede pedir una exención de esta directiva y no presentar la información. Y esto, un año tras otro sin límite.

La Unión Europea no puede permitirse mostrarse titubeante en la determinación necesaria contra la elusión fiscal. Hay una lucha firme y decidida a favor del bien común y la prosperidad compartida. Gracias a la recaudación de impuestos, todos los que corresponden, los gobiernos pueden proveer de más y mejores servicios públicos a la sociedad y fortalecer, de esta manera, la base indispensable para una mayor equidad y justicia social. Para alcanzar este objetivo, la UE tiene un papel clave: forzar a los Estados miembros a cooperar en lugar de competir en materia fiscal, y forzar a las empresas a ser transparentes.

Por todo ello, aprovecho estas líneas para pedir a todos mis colegas del Estado con los que comparto escaño en Estrasburgo y que se sientan más a la derecha que yo –PP, Ciudadanos y PDECat– que se desmarquen de sus grupos y voten a favor de la enmienda socialista, que propone que, una vez la información ya no sea considerada comercialmente sensible, sea publicada anualmente de manera retroactiva. Si no, esta directiva y todos nuestros esfuerzos en favor de la transparencia quedarán en nada.

Si las grandes fortunas y las grandes empresas se quieren ahorrar impuestos, tienen a su servicio toda una industria del fraude y, además, un grupo de países dispuestos a ponérselo muy fácil. Así lo han demostrado escándalos como LuxLeaks, SwissLeaks y los Papeles de Panamá, que han evidenciado con pruebas lo que todo el mundo ya intuía. Pero todos estos escándalos también han contribuido a que finalmente la justicia fiscal se sitúe, si bien tímidamente aún, en el corazón de la agenda política de la Unión Europea, la OCDE, el G20 y otras instituciones supranacionales.

En el pleno del Parlamento Europeo de esta semana, los eurodiputados tendremos la oportunidad de estrechar el círculo a las empresas multinacionales que intentan ahorrarse impuestos aprovechando estructuras complejas y declarando su actividad de la manera más opaca posible, votando una directiva a favor de la transparencia. Si la propuesta de la Comisión Europea tira adelante, las empresas multinacionales deberán dar información pública, detallada y de forma desagregada de las actividades financieras que llevan a cabo en todos los países donde operan, también fuera de la UE, incluyendo a cuántos trabajadores tienen contratados en el país, de qué activos disponen, cuánto facturan y qué impuestos pagan. Una información que deberán hacer pública, y entregar a la agencia tributaria de la jurisdicción donde la empresa tenga su residencia fiscal.