Traspasando una línea roja: terrorismo y movimientos sociales

El cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que acaba de cumplir diez años de implantación en Barcelona, ha sobrepasado de nuevo una línea roja que nunca debería haber cruzado. Es profundamente preocupante y aberrante aplicar la legislación excepcional en materia de terrorismo para criminalizar a la organización del movimiento libertario, es decir, a una parte de los movimientos sociales más críticos con el actual status quo.

La Operación Pandora 1 y su actual réplica que pronto se ha denominado como Pandora 2 se han orquestado desde el área central de información para delitos de orden público del cuerpo de Mossos d'Esquadra bajo la autorización de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público de los viejos tiempos.

El delito de integración en organización terrorista está penado con penas de prisión que van de los seis a los doce años, llegando hasta los 14 para aquellas personas que se las considere líderes de la misma. Asimismo, cualquier actuación delictiva que se entienda que tiene un carácter “terrorista” ve multiplicada su pena por dos o por tres. Y se intenta aplicar dicha legislación excepcional tanto en la Operación Pandora 1 como en ésta segunda etapa a pesar de que los Mossos no atribuyen ninguna acción concreta a las personas detenidas. Ninguna.

La investigación se ha dedicado a demostrar la participación de personas ligadas al movimiento libertario con una organización denominada Grupos Anarquistas Coordinados a la cual no se le ha atribuido de manera directa ninguna acción concreta. Estamos pendientes de que se abra el secreto de sumario de la más reciente de las actuaciones, pero de la lectura de derechos realizada por agentes de los Mossos a las personas detenidas así como de la escueta argumentación del Ministerio Fiscal para pedir prisión preventiva sin fianza o eludible bajo fianza parece entreverse que no hay acusación de ninguna acción en concreto.

Categorizar a nueve activistas sociales como “presuntos terroristas” ha llevado de nuevo a que un macroperativo de los Mossos asaltase de madrugada y de manera coordinada al menos 7 domicilios y ateneos libertarios (Sants y Sant Andreu). Al menos en dos domicilios, debido a que estaban entrando en casas de “terroristas”, los Mossos despertaron a las personas investigadas y a sus compañeros de casa apuntándoles con metralletas o pistolas, generando escenas de auténtico terror al igual que hicieron hace un año con la operación Pandora 1.

¿Vamos a naturalizar y aceptar que el cuerpo de Mossos d'Esquadra asalte las casas de activistas sociales? ¿Vamos a aceptar que el cuerpo de Mossos d'Esquadra aproveche cualquier operación para asaltar espacios de encuentros de los movimientos sociales que están amparados por el derecho fundamental a la libertad de reunión y asociación? En dichos registros, la mayoría de los cuales se llevaron a cabo sin presencia letrada, se intervino principalmente material informático, teléfonos móviles, escritos y discos duros. Al igual que hace un año en la Kasa de la Muntanya o en el Ateneu de Poblesec.

¿Realmente se está buscando información que pueda incriminar a personas acerca de su pertenencia a una “organización terrorista” o más bien el área central de información está empleando de manera fraudulenta dichas operaciones para obtener información acerca de personas y colectivos que forman parte de los movimientos sociales? Hace un año se llevaron artículos de más de 30 personas, a pesar de que estaban imputadas 11, y la mayor parte de ellos no se han devuelto. Informaciones personales, fotografías, e incluso tesis doctorales en construcción. Pero como hay una investigación abierta en materia de “terrorismo” el derecho a la intimidad y a la propiedad de las personas afectadas queda de nuevo en un cuarto plano.

El siguiente paso. Como han sido detenidas presuntas “terroristas” y se han enmarcado literaria y jurídicamente las acusaciones bajo dicha legislación de excepción las personas detenidas son trasladadas a más de 600 kilómetros de su casa ante un tribunal altamente politizado y en el que las garantías escasean. Un tribunal que es capaz de dictar con excesiva facilidad prisiones preventivas. En esta operación, tras el paso de 9 personas por la Audiencia Nacional, una de ellas, la cual es abogado en ejercicio y que estaba personado en la causa de Pandora 1, ha sido encarcelada de manera preventiva. Y seis de ellas han quedado en libertad provisional después de depositar en total 29.000 euros en concepto de fianza.

Hace meses, la categorización de las detenidas como “terroristas” llevó a que varias de las personas que en la operación Pandora 1 fueron encarceladas de manera preventiva se vieran sometidas a un sistema especial debido a su “alta peligrosidad”. Al menos a dos de ellas, tras ser integradas en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), se las sometió a un duro régimen de aislamiento gracias al cual pasaban 21 horas en su celda solas y sólo se podían relacionar con otra presa.

Categorizar como terroristas a personas vinculadas al movimiento libertario es traspasar una línea roja que debería alertar a toda la sociedad. Dicha categorización literaria, social y política no es nueva, de hecho es bien vieja, y casualmente se ha dado con mayor fuerza en momentos en los que los sistemas políticos derivaban hacia modelos más autoritarios. Éste es uno de esos momentos, debido al fuerte golpe que las leyes mordaza han supuesto hacia nuestros derechos y libertades. La reciente reforma del Código Penal en materia de terrorismo ha levantado las alarmas de organizaciones como Amnistía Internacional que elaboró un informe ante la propuesta de reforma, así como de otras muchas organizaciones internacionales.

El concepto de terrorismo se vuelve preocupantemente laxo, se normativiza el terrorismo individual así como de manera preocupante se mezcla el concepto de desorden público con el del terrorismo en su artículo 573 bis 4. El proceso de extensión del concepto de terrorismo hacia su utilización contra movimientos sociales parece estar en marcha. Lo ha estado bajo la anterior legislación y en base a la interpretación realizada por los Mossos en las operaciones Pandora o por la Policía Nacional en la Operación Piñata. Y lo estará con esta nueva legislación que eleva el nivel de autoritarismo del Estado Español.

Es necesario que no miremos hacia otro lado, que el rechazo contra la utilización de la legislación antiterrorista para criminalizar a los movimientos sociales sea masivo, que no naturalicemos cosas que nunca deberían haber pasado y que las organizaciones sociales y de derechos humanos logremos poner este vital punto relativo a nuestros derechos civiles y políticos en el centro de las agendas políticas. Nuestros derechos y libertades están ante un descenso que hemos de saber frenar. Si naturalizamos la extensión del concepto de terrorismo podemos ver que un buen día cualquier disidente podrá ser acusado de terrorista. Estamos pasando del todo es ETA al todo es terrorismo.

El cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que acaba de cumplir diez años de implantación en Barcelona, ha sobrepasado de nuevo una línea roja que nunca debería haber cruzado. Es profundamente preocupante y aberrante aplicar la legislación excepcional en materia de terrorismo para criminalizar a la organización del movimiento libertario, es decir, a una parte de los movimientos sociales más críticos con el actual status quo.

La Operación Pandora 1 y su actual réplica que pronto se ha denominado como Pandora 2 se han orquestado desde el área central de información para delitos de orden público del cuerpo de Mossos d'Esquadra bajo la autorización de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público de los viejos tiempos.