El Parlament ha tumbado el decreto ley para regular el precio de los alquileres en Catalunya. JxCat y ERC se han quedado solos y sin mayoría para sacar adelante una norma, aprobada por el Govern en plena campaña electoral de las municipales, que ha cosechado el rechazo unánime de toda la oposición, convencidos algunos partidos de que es insuficiente para frenar la escalada de precios y otros, de que es inconstitucional.
El decreto ley, que consiste en una modificación del Código Civil catalán impulsada por la conselleria de Justicia -en manos de ERC-, llegaba a la Cámara catalana ya sentenciado. Los partidos anunciaron este martes que no convalidarían la norma después de que haya pesado sobre ella un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que considera que invade competencias del Estado y tras las duras críticas vertidas sobre el texto por parte de entidades como el Sindicato de Inquilinos.
El decreto prevé que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan potestad para declarar zonas “tensionadas” en las que se pueda poner tope a los precios del alquiler. En estos casos, los nuevos contratos podrían ser solo un 10% superiores al Índice de Referencia de Precios del Alquiler, que elabora la propia Generalitat a partir de la media de los precios de mercado. Para las viviendas de obra nueva y las grandes rehabilitaciones, el porcentaje podría ser del 20%, y el texto abre la puerta a que quedasen exentos de aplicación los pisos de más de 150 metros cuadrados.
Pero lo que más criticaban entidades como el Sindicato de Inquilinos -queja que asumen sobre todo Catalunya en Comú o la CUP- era que la regulación no afectase a los contratos ya existentes ni a las renovaciones. Es decir, que si un inquilino ya paga a día de hoy un precio que está por encima del 10% del Índice, si renueva en el mismo piso el propietario no estará obligado a reducirlo hasta que se ajuste a la limitación.
Tampoco convencía a estas formaciones que el Índice que sirve de referencia esté elaborado con los precios de mercado actuales, que en ciudades como Barcelona son un 40% superiores a los de hace cinco años. Desde el Sindicato de Inquilinos alertaban incluso que al haberse moderado el incremento de los precios en los últimos meses, el decreto podría tener el efecto contrario al buscado y animar a los propietarios a aplicar subidas de más de un 10% a todos aquellos contratos que estén por debajo del Índice.
Capella aprieta a los 'comuns' y la CUP
La consellera de Justicia, Esther Capella, ha pedido a formaciones como CatComú o la CUP que recapacitaran su decisión y les ha propuesto que el decreto se tramite como proyecto de ley para que puedan hacer enmiendas. “Solo se pedía que se abstuvieran y que permitieran la tramitación parlamentaria”, ha lamentado, recordando al mismo tiempo que fue el propio Parlament el que instó por mayoría al Govern a intervenir en el precio de los arrendamientos.
“Dicen que nos quedamos cortos, pero les pido que nos hagamos una pregunta: ¿si el decreto no sale adelante, quién lo celebrará? Ya lo sabemos, todas las organizaciones que son partidarias de que el mercado se regule solo”, ha argumentado la consellera, que ha enmarcado en este grupo a Ciudadanos, PP, PSC, el Banco de España, la Autoridad Catalana de la Competencia, Fomento del Trabajo o la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. “Quién les ha visto y quién les ve”, ha lamentado.
Desde Catalunya en Comú o la CUP le han respondido que están del lado del Sindicato de Inquilinos o de la PAH, que han tachado de “farsa” un decreto para cuya redacción no les han tenido en cuenta. “Pretender regular la subida de los alquileres en base a un índice que se basa en la subida de alquileres es contradictorio y poco eficiente”, ha argumentado la diputada de los 'comuns' Susanna Segovia. “El decreto no tiene los apoyos suficientes cuando los podría tener, trabajemos acuerdos amplios que respondan a la crisis del alquiler”, ha añadido.
Por parte de la CUP, la diputada Maria Sirvent ha incidido en que no pueden “acompañar” al Govern con una medida que permite incrementar hasta un 20% los precios de mercado “que son ya absolutamente desorbitados”. Sirvent les ha instado por contra a retirar el decreto e impulsar una ley “de verdad consensuada” con el mundo local y todas las formaciones para regular el sector.
Invasión de competencias del Estado
Ciudadanos y PP han coincidido en su rechazo a la norma por considerar un error la regulación de los precios como fórmula para evitar que sigan subiendo los alquileres. Además han esgrimido otra razón, a la que se ha sumado el PSC, que tiene que ver con el conflicto competencial que la norma abriría con el Gobierno central. Según el Consejo de Garantías Estatutarias, que elaboró un dictamen a petición de socialistas y de Ciudadanos, los artículos del decreto que hacen referencia a limitación de los precios no están amparados por el Estatut y chocan con la Constitución en lo relativo a las competencias de la Administración central sobre las bases de las obligaciones contractuales.
Rosa Maria Iborra, diputada del PSC, ha lamentado que los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, que no son vinculantes, no le merezcan “demasiado respeto” al Govern. Y ha emplazado asimismo a que si la voluntad del Ejecutivo es regular los alquileres puede hacerlo haciendo llegar al Congreso una proposición de ley.