La PAH denuncia que ni Govern ni suministradoras aplican medidas contra la pobreza energética
“Hoy precintamos Endesa, pero mañana podemos volver o precintar Gas Natural, Iberdrola o incluso la propia Generalitat si no reaccionan”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) han irrumpido este jueves en la oficina de atención al cliente de Endesa en el centro de Barcelona para precintarlo simbólicamente. Las entidades denuncian que, tras la aprobación en julio de la ley -la 24/2015- que impulsaron ellas mismas para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética, ni las compañías suministradoras ni la Generalitat están aplicando las medidas para evitar cortes de suministro a familias vulnerables.
La ley establece un principio de precaución según el cual no se pueden efectuar cortes de agua, luz o gas sin que la empresa consulte a servicios sociales si la familia que no ha pagado las facturas se encuentra en situación de vulnerabilidad. “Cada semana nos llegan casos de cortes en los que no se ha aplicado este principio”, denuncia María Campuzano del APE.
Por otra parte, la ley también abre la puerta a que sean las mismas compañías las que asuman los impagos de las familias en situación de vulnerabilidad residencial para que ni éstas acumulen deudas ni sean las administraciones las que afronten el gasto. “Estamos hartos de que se haga lo mismo que se hizo con los bancos, que es sacar dinero de la educación y la sanidad para que estas empresas sigan engordando sus beneficios”, critica Carlos Macías de la PAH.
Con estos objetivos, tras la ocupación de la oficina de Endesa los manifestantes se han dirigido al Palau de la Generalitat, donde han hecho llegar a Presidencia la propuesta de convenio con las entidades que hace un mes presentaron a la consejera Meritxell Borràs. “Ha pasado un mes y nos dijeron que les parecía muy bien pero aún no hemos tenido respuesta”, lamenta Campuzano, que remarca que en el pleno de emergencia social en el Parlament el Govern planteó que las empresas asumieran el 50% de la gasto y no el total.
La PAH y la APE han reclamado a presidencia que firme con las entidades el convenio que les han presentado antes de un mes. “Si las suministradoras no quieren firmar este convenio que sea la Generalitat la que diga que estas empresas no cumplen con los derechos humanos”, ha reivindicado Campuzano.“Necesitamos una Generalitat valiente”. Macías les ha reclamado que cumplan con su papel. “Nosotros hemos hecho la ley, hemos hecho las formaciones a los funcionarios y ahora incluso hemos hecho su trabajo y hemos redactado un convenio”, aseguró el portavoz de la PAH.
Falta de respuestas también en Barcelona
Mientras la Generalitat no tenga un convenio marco con las suministradoras, la aplicación de la ley 24/2015 en medida de pobreza energética recae sobre todo en los acuerdos que pueda conseguir cada ayuntamiento individualmente. Esta misma semana, la Alianza contra la Pobreza Energética ha hecho un comunicado criticando la falta de respuesta de la segunda administración de Catalunya: el Ayuntamiento de Barcelona.
“Llevamos meses reuniéndonos y todavía no están aplicando medidas efectivas ni sancionando entidades”, explica Campuzano, que recuerda que los consistorios también tienen competencias para sancionar a las entidades que incumplan el principio de precaución que marca la ley y corten los suministros sin consultar servicios sociales. El APE reclama al Ayuntamiento que garantice la aplicación de este principio, que sancione las entidades que lo incumplan y que firmen un convenio con las suministradoras para que se hagan cargo de la deuda.
