La confluencia propuesta por Guanyem Barcelona da un paso más. Junto con Procés Constituent, Podemos Barcelona, ICV, EUiA, el Encuentro Popular Municipalista (TPM) -impulsado por la CUP- y el Partido X celebran los próximos 10 y 11 de octubre las jornadas “Gobernar obedeciendo. Jornadas de Código Ético para la confluencia en Barcelona”. Se trata de un encuentro abierto con el que esperan establecer un código ético para una candidatura rupturista en la ciudad de Barcelona.
Han habilitado una web específica para las jornadas y convocan a “toda la ciudadanía que considera que hay que cambiar las reglas del juego para poder recuperar la democracia y debatir de manera pública y transparente qué nuevo tipo de contrato debe regir las relaciones entre la gente y sus representantes políticos electos”. En paralelo al encuentro presencial, también pondrán en marcha una herramienta de participación online.
De cara a las jornadas, Guanyem presenta un texto para sentar las bases del debate, redactado a partir de las reflexiones sobre código ético y municipalismo surgidas del espacio de trabajo creado con las diferentes formaciones invitadas a confluir, así como de documentos aportados por el Encuentro Popular Municipalista y la CUP, ICV-EUiA, Podemos, Partido X, Parlamento Ciudadano, ANOVA y Bildu.
La profesionalización de la política, tema clave
El debate se centrará en tres ejes: el primero sobre democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas; el segundo sobre financiación, transparencia y gestión de los gastos; y el tercero y más conflictivo sobre profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción. Mientras el texto presentado para la jornada recoge propuestas de consenso en los otros puntos, en el último plantea visiones muy diversas que habría que tratar cohesionar.
“Una excesiva profesionalización de la política, y la creación de carreras políticas, puede ser un fenómeno patológico que termine degradando la democracia”, aseguran. Sin embargo reivindican que alguien que quiera aportar a la política desde un cargo de representación debe contar con las condiciones necesarias para poder dedicarse a ello.
Entre las posiciones que buscan poner de acuerdo apuntan a que una candidatura transformadora “debe reconocer, por un lado, que las instituciones son maquinarias que no se transforman si no se conocen y que esto exige tiempo, experiencia y saberes técnicos específicos”. Pero por otra, dicen que “también debe tenerse clara la importancia de la rotación de cargos, de la renovación de caras y de ideas y de la conveniencia de descansar de vez en cuando de la función institucional”.
Asimismo, también hacen referencia a los sueldos, que también generan distintas opiniones. “Se han propuesto diferentes criterios de referencia, como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, 641 euros en España) o el Salario Medio Bruto (SMB, 1700 euros en Catalunya). Lo que pasa es que ambos se encuentran entre los más bajos de Europa”, apunta el texto. Algunos proponen 2,5 veces el SMI, es decir unos 1.600 euros mensuales. Otros reivindican un sueldo de acuerdo con la responsabilidad del trabajo y que por tanto “una concejala debería poder vivir con lo mismo que un director de instituto, es decir, alrededor de unos 2.600 euros netos”.
Fiscalización y rendición de cuentas
Como han expresado en varias ocasiones desde Guanyem, apuntan que “no podemos partir de la creencia idílica en una ciudadanía dispuesta a implicarse las 24 horas del día en los problemas comunes”. Consideran que “en una sociedad con una división desigual del trabajo asalariado, voluntario y de cuidado, los mecanismos de fiscalización y de participación deben ser razonables y al alcance de todos”. Por ello defienden que los representantes políticos tengan margen para desarrollar su trabajo con eficacia pero tengan que rendir cuentas y someterse a la supervisión ciudadana. Aseguran que estas obligaciones “se pueden ver no sólo como mecanismos de control sino también de protección de los representantes”.
En esta línea proponen compromisos como publicar ingresos y bienes de los cargos electos y de libre designación, así como sus agendas y reuniones “para protegerlos frente a las presiones de los lobbies”. A nivel de candidatura reivindican mecanismos que permitan censurar y revocar cargos, la participación ciudadana en decisiones relevantes, como grandes proyectos urbanísticos y acuerdos preelectorales, y medidas para evitar las puertas giratorias entre la administración y corporaciones privadas con intereses en el sector.
La cuestión de la financiación
Finalmente, el documento también hace un diagnóstico del sistema de financiación de los partidos. Consideran que el “modelo es excesivo, ya que no se establecen topes máximos al importe global de las subvenciones públicas, y excluyente, ya que se privilegia en exceso a los partidos con representación, en detrimento de los que a pesar de obtener una cantidad considerable de votos no obtienen ningún escaño” y, por otra parte, que “muchos partidos han recurrido a la financiación irregular para garantizar su crecimiento político, para pagar estructuras organizativas y campañas electorales exorbitantes o por el enriquecimiento personal de sus miembros”.
Por ello apuestan por una limitación “drástica” del gasto en campañas electorales, “la renuncia explícita a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que puedan coartar la independencia política de la candidatura”, la publicación de datos detallados y disagregades sobre la financiación y “la introducción de sanciones administrativas y penales efectivas en caso de financiación irregular”.