Lo habían advertido los abogados penalistas y este miércoles lo han secundado más de 40 entidades y movimientos sociales: la modificación del Código Penal para derogar la sedición es positiva, pero contiene un “peligroso retroceso democrático” en forma de reforma del delito de desórdenes públicos.
El grito de alerta lo han lanzado en Barcelona organizaciones tan dispares como la Marea Pensionista, Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos, Òmnium Cultural, los taxistas de Élite, Alerta Solidària, Ca la Dona o sindicatos como la CGT. Todas coinciden sin embargo en señalar que la reforma del Código Penal criminaliza el derecho a la protesta.
Además de la denuncia, las entidades han llamado a protestar en la calle contra el cambio legislativo (este jueves ya han convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno de Barcelona) y a presionar a los grupos políticos de izquierda en el Congreso para que frenen la reforma a través de las enmiendas. Cabe recordar que el cambio legislativo fue presentado de forma conjunta por los grupos del PSOE y Unidas Podemos.
“Pese a no estar de acuerdo con el actual Código Penal, pedimos que durante el trámite parlamentario no se agraven los delitos de desórdenes públicos y se garantice el ejercicio del derecho a la protesta”, reza el manifiesto.
Tres son los focos principales de preocupación de las entidades: la inclusión del concepto “intimidación” en los desórdenes públicos, que los movimientos sociales ven “subjetivo” y peligroso al quedar sujeto a la interpretación de los jueces.
También preocupa que la reforma elimina la agravante de cometer los desórdenes en una manifestación que introdujo el PP, pero castigue a partir de ahora los que “se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”. “Se abre la puerta a criminalizar actuaciones en base a la mera hipótesis de que puedan poner en peligro el orden público”, señala el manifiesto.
Las entidades alertan además de que la nueva redacción del artículo que castiga las ocupaciones de despachos u oficinas es “una criminalización clara” de las acciones de protesta de la PAH o los Sindicatos de Inquilinas en sedes bancarias al introducir específicamente que no hará falta que medie “violencia o intimidación” para que sea delito entrar en un local sin el permiso de su propietario. Hasta ahora este tipo de acciones se perseguían mediante las coacciones pero resultaban muy difíciles de probar en un juicio, lo que abocaba casi todos los casos a la absolución.