Sustitución sin boato y con cara de circunstancias. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asumido este martes las funciones de la presidencia en relevo de Quim Torra, a quien este lunes el Tribunal Supremo confirmó la condena de inhabilitación por un delito de desobediencia. El Ejecutivo ha aprobado este miércoles el decreto que oficializa la sustitución, que incorpora una cláusula que deja la puerta abierta para que Torra se reincorpore a la presidencia en el caso de que el Tribunal Constitucional acepte la semana que viene las medidas cautelares reclamadas por el expresident. La propia defensa de Torra es poco optimista respecto a esta opción, pero el Ejecutivo catalán han preferido no atarse las manos sobre esta cuestión.
El primer consejo de gobierno sin Torra celebrado este martes ha dejado la icónica imagen de la silla de la presidencia vacía. Un gesto que se ha tomado “en señal de respeto y solidaridad”, según ha explicado la consellera portavoz, Meritxell Budó, y que está previsto que se mantenga hasta el final de la legislatura tanto en las dependencias del Govern como en el Parlament. El vicepresident tampoco tiene previsto trasladarse al Palau de la Generalitat y, según lo acordado entre las formaciones del Ejecutivo, mantendrá su despacho en la sede de la Vicepresidència y Economía.
Budó además ha descartado que Aragonès le traspase a ella, como consellera de la Presidència, algunas de las funciones recién adquiridas. “Tal y como dispone la ley, es al vicepresident a quien le toca asumir la sustitución del president”, ha zanjado. Esta opción, el reparto de las funciones de la presidencia entre diferentes consellers, era una opción que estaba permitida, según el informe elaborado por los servicios jurídicos del Govern. Es en base a este dictamen cómo se está desarrollando la sustitución y el traspaso de funciones, y también el que ha servido de guía al pacto político entre JxCat y ERC para esta nueva etapa.
La consellera portavoz también ha abordado en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión la polémica suscitada sobre la publicación del cese de Torra en el BOE. El Gobierno central trasladó este lunes a la Generalitat que no tenía previsto introducir la inhabilitación del president en su Boletín, ya que la Abogacía del Estado había determinado que no cosa que el Govern catalán sí esperaba porque, a su juicio, da mayores “garantías jurídicas”. Sin embargo, tras conocer la intención de la Moncloa, el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó directamente el cese de Torra, como paso previo al decreto de sustitución que se ha firmado este martes por todos los consellers. El decreto además ratifica al personal eventual que depende de la presidencia de la Generalitat, lo que significa que todos los cargos elegidos por Torra mantendrán la plaza durante su ausencia.
Este paso ha sido criticado por sectores del independentismo, como la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que ha asegurado que no se entendía que el DOGC publicase el cese de Torra antes que el BOE, o también de varios cargos de la CUP, que han esgrimido el mismo argumento. Meritxell Budó, sin embargo, ha negado que el Govern haya tenido “prisa” en dictar el decreto de sustitución, pero ha asegurado que una vez se notificó el cese a Torra, la sentencia tenía efectividad, por lo que debían poner en marcha los trámites que dispone la ley de la presidencia para estos casos.
Según ha reiterado la portavoz, la prioridad del Govern es la lucha contra la COVID, tal y como fue el último encargo de Torra. En este sentido Budó ha subrayado el decreto de medidas fiscales para hacer frente a los daños de la pandemia, primera medida tomada por el Govern en esta primera sesión sin president.
Más dubitativa se ha mostrado la portavoz a la hora de responder si habrá cambios en el equipo que supuestamente está negociando con la Moncloa la fecha y el orden del día para la próxima mesa de diálogo entre ambos gobiernos. Budó además ha asegurado que no está decidido quién participará en dicha reunión, pero ha asegurado que, obligatoriamente, el orden del día deberá incorporar como puntos la autodeterminación y el fin de la represión. “Sentencias como la de esta semana no son facilitadoras del diálogo y el entendimiento”, ha destacado.