El Govern ha aprobado este martes parte del plan anunciado por el president Salvador Illa para generar 50.000 viviendas de protección oficial de alquiler de cara a 2030. La portavoz Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha asegurado que cuentan con un mapa de solares disponibles, principalmente de ayuntamientos, que si se activan todos permitirían construir 20.000 pisos como máximo en 2028.
El detalle del plan al que Illa quiso dedicar su intervención durante el Debate de Política General en el Parlament, una de las apuesta estrella del PSC para la legislatura, se levanta sobre diversas patas. Entre ellas, la movilización de solares públicos y privados para levantar promociones de alquiler social, una nueva línea de crédito para los operadores, la creación de una licencia de obras básica para agilizar los trámites de su construcción o una partida para compensar a los promotores cuando no les salga a cuenta la inversión.
Aunque Illa dio a entender que destinarían 1.100 millones anuales a la promoción de nuevas viviendas protegidas –4.400 en el total del mandato–, lo que se destinará concretamente a favorecer la construcción para alquiler social serán 500 millones, según la Generalitat una partida que se crea ahora y que se vehiculará principalmente mediante una línea de crédito del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
La previsión del Govern incluye además aumentar de 200 a 500 millones el presupuesto de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, pensado sobre todo para responder a la emergencia habitacional y ayudar a familias en apuros. Y los 100 millones que faltan para completar el total del anuncio del president corresponden a un fondo anual para favorecer la emancipación de los jóvenes que no alcanzan a pagar la entrada de un piso.
En todo caso, Paneque ha defendido que el montante total destinado a vivienda de cara a 2025 supone doblar prácticamente la partida actual destinada a ello, los 661 del presupuesto en vigor, que es el de 2023. Para 2024, el Govern de Pere Aragonès aprobó un aumento hasta los 830 millones, pero las cuentas decayeron por falta de apoyos en el Parlament.
Una reserva pública y ayuda a los promotores
La consellera Paneque se ha reunido en los últimos días con ayuntamientos y com promotores para activar en plan. Uno de los primeros pasos consiste en mapear el suelo disponible y los solares ya a punto para construir, ya sean públicos o privados y cuenten o no con promotor. La mayoría son de ayuntamientos, aunque están en negociaciones con el Gobierno central y con Sareb para aumentar posibilidades.
“Si todos los solares de Catalunya que ya están tipificados como vivienda protegida se ponen a disposición para construir, podemos asumir unas 20.000 viviendas con el horizonte de 2027 y 2028”, ha manifestado Paneque.
El registro se abrirá en febrero de 2025. Con él, la Generalitat busca impulsar promociones ya sea poniendo en contacto ayuntamientos con operadores, financiando los proyectos con créditos del 100% o bonificando al 2% los tipos de interés. También prevé 60 millones anuales para ayudas económicas a los promotores en caso de que puedan acreditar que con el precio del alquiler de protección oficial de determinadas zonas o municipios no cubren el coste de la explotación.
Otra de las medidas consiste en agilizar la construcción de las viviendas. El compromiso es de reducir a la mitad el período que transcurre desde que se aprueba un proyecto hasta que se entregan las llaves del piso, lo que de media son ahora ocho años. El Govern ha aprobado la bautizada como Licencia Básica de obras. Si hoy los ayuntamientos tardan cerca de un año para aprobar las licencias urbanísticas que dan luz verde a las obras, Territori abre la puerta ahora a tramitar esta licencia 'exprés' en un mes, que contemple lo básico para poder arrancar los trabajos (movimiento de tierra, construcción de fundamentos), a la espera de valorar los demás detalles.
Crédito del 20% para aplazar la entrada
Junto con el impulso a la promoción, el Govern ha aprobado también una línea de crédito de 100 millones para favorecer la emancipación. Este Fondo Público de Emancipación para menores de 35 años, con el que esperan llegar a 12.000 hogares, consiste en la cobertura de un máximo del 20% del coste de la vivienda, mediante un crédito que se podrá devolver una vez pagada la hipoteca entera –mientras tanto, solo abonará sus intereses bonificados–.
La vivienda deberá ser de segunda mano y con unos parámetros parecidos al de VPO, como el máximo de 90 m2. La Generalitat denominará estos pisos como Vivienda de Precio Limitado permanente, con lo cual si su propietario quiere venderlo con posterioridad no podrá cobrar por ellos un precio superior al que abonó cuando lo compró (al margen de actualizarlo al IPC). Con ello asegura Paneque que impedirán la especulación con inmuebles que han recibido ayudas.