Si el grupo de CDC no maniobra para impedirlo, la segunda legislatura de Artur Mas como presidente de la Generalitat se cerrará, en el Parlamento, con el debate de las conclusiones de la comisión de investigación creada a raíz de la confesión del ex-presidente Jordi Pujol de que ocultó una fortuna en el extranjero durante 34 años. Es una perspectiva nada halagüeña para el grupo mayoritario de la Cámara pero la dinámica parlamentaria puede avocarle a esta situación incómoda.
Los diferentes grupos parlamentarios están elaborando sus conclusiones y tienen tiempo para redactarlas hasta el martes 14 de julio. La Comisión de Investigación debatirá estas conclusiones el jueves o viernes siguiente. Y será el último Pleno de la legislatura el que deberá aprobar el dictamen definitivo. Todo apunta a que este debate debería incluirse a la cola de los otros temas previstos para esta última sesión plenaria.
Los plazos están muy ajustados, aunque el grupo de ICV-EUiA ha sido el más madrugador y ya ha entregado este viernes sus conclusiones. Es un texto de cincuenta páginas que han presentado la portavoz parlamentaria del grupo, Dolors Camats, y Marc Vidal, portavoz de ICV-EUiA en la Comisión. Vidal ha afirmado que, contrariamente a la imagen que han querido dar algunos 'opinadores del régimen', “esta comisión de investigación ha sido un éxito y muy eficaz para desenmascarar al pujolismo”. Para el diputado de ICV-EUiA, los trabajos realizados han evidenciado que “los hijos de Jordi Pujol han utilizado la sombra y la influencia de su apellido para obtener réditos personales y enriquecerse”.
El grupo de ICV-EUiA lamenta que la falta de colaboración por parte del ex-presidente Jordi Pujol haya impedido aclarar cuál era el origen del dinero que confesó que tenía en el extranjero y desmentir que procedía de operaciones secretas realizadas en Banca Catalana poco antes de su quiebra. Dolors Camats ha destacado que durante muchos años, y aún ahora, los empresarios que quieren hacer negocios en Cataluña no preguntan “qué leyes hay que cumplir” sino “con quien hay que hablar para que cambie las leyes según nuestros intereses”.
Las conclusiones de ICV-EUiA detallan una veintena de casos de corrupción que afectan a CiU y a su etapa de gobierno en la Generalitat, desde Banca Catalana al Palau de la Música pasando por los negocios de la familia Pujol, Casinos de Cataluña, las loterías de la Generalitat, las ITV o Innova. En cuanto a las recomendaciones, proponen 50 medidas, que reclaman acciones ejemplares contra las actuaciones corruptas, un mayor control público de los ámbitos más propensos a la corrupción, la revisión de la financiación de los partidos políticos o la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, tanto a nivel nacional como internacional.
Marc Vidal y Dolors Camats han considerado que la Comisión debería tener continuidad en la nueva legislatura, ya que han quedado muchas comparecencias pendientes y sería útil para controlar posibles corrupciones futuras. También han manifestado su esperanza en que el debate final no desluzca las conclusiones definitivas sirviendo para que “algunos grupos se tapen las vergüenzas unos a otros”. El precedente de los resultados de la comisión de investigación sobre la corrupción en el ámbito sanitario no invita, precisamente, al optimismo.