Viernes, 8.30 de la mañana. La consellera de Salut, Alba Vergès, en una entrevista en TV-3 reitera que no se puede descartar ninguna nueva medida restrictiva pero a la vez se muestra partidaria de seguir la vía valenciana, esto es, aplicar mayores limitaciones de movilidad sin necesidad de pedir el estado de alarma. No llega a rechazar un toque de queda, pero considera que habría que analizar cuál ha sido el resultado de cerrar bares y restaurantes, antes de adoptar otra de tal calado. Por más que la periodista Lídia Heredia le pregunta y repregunta, no aclara qué va a hacer Govern. Solo 12 horas después, a las 20.30, Catalunya solicita formalmente al Gobierno central la declaración de estado de alarma para así poder decretar un toque de queda. ¿Qué pasó para que lo que era solo una posibilidad por la mañana acabase siendo una decisión política antes de acabar el día?
Por la mañana, en la reunión de seguimiento que preside a diario el vicepresidente, Pere Aragonès, se analizan datos sobre el virus que de nuevo son peores que el día anterior. La epidemia sigue disparada y solo en una semana los ingresos en las UCI han crecido un 50%. Vergès mantiene varias reuniones con su equipo y contacta en varias ocasiones con el director de la Unidad de Seguimiento del Covid-19 de Catalunya, Jacobo Mendioroz, y con el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimón, ingresado desde este viernes en un hospital tras haber dado positivo hace una semana. Los titulares en las ediciones online de los diarios están centrados otra vez en el nuevo órdago de la Comunidad de Madrid al Gobierno, a la espera de una comparecencia sorpresa de Pedro Sánchez en La Moncloa. Pasada la una del mediodía, en una larga intervención sin preguntas, el presidente calma los temores que había en la Generalitat al dar a entender que la gestión de la declaración del estado de alarma podría depender de las comunidades. Sánchez emplaza a los gobiernos autonómicos a solicitar la activación de ese mecanismo constitucional en caso de que la situación en sus territorios sea “extrema”.
Aragonès habla con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con quien desde el Departamento de Salut mantiene un contacto fluido, y con el presidente del Gobierno. Ambos le confirman que el Ejecutivo central está a favor de que el estado de alarma se aplique de forma descentralizada y que sea la Generalitat quien asuma el mando en el caso de Catalunya. Además, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, llama a la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, para informarle de la posición del Gobierno central.
El vicepresidente catalán conversa también por teléfono con el lehendakari e Iñigo Urkullu le confirma su intención de anunciar públicamente que solicita al Ejecutivo central el estado de alarma para toda España y, a diferencia de lo que pasó antes del verano, con una gestión descentralizada. No es la única llamada que hace Urkullu. El presidente vasco habla también con sus homólogos de las comunidades limítrofes, María Chivite (Navarra), Miguel Ángel Revilla (Cantabria) y Concha Andreu (La Rioja). Además, contacta con Alberto Núñez Feijóo y al no poder hablar con Isabel Díaz Ayuso le envía un mensaje.
A las tres de la tarde, Aragonès convoca a la dirección de ERC para evaluar la situación. Tras esta reunión telemática y después de hablar por teléfono con Meritxell Budó, el vicepresidente convoca un hora más tarde un nuevo encuentro telemático. Esta vez con los miembros del Govern que integran el comité COVID y que son, además del propio Aragonès y de Budó, los titulares de Sanidad, Interior y Educación.
Paralelamente, Junts per Catalunya, partidarios de ir cuanto antes a un toque de queda, recelan de que sus socios de ERC sigan dando largas a esta medida y temen que se queden solo en la petición del estado de alarma o que esperen unos días a pedirlo. Han interpretado las declaraciones de la consellera de Salut a primera hora en TV-3 como una manera de tirar balones fuera. En Junts consideran que Vergés es reacia a adoptar decisiones que impliquen restricciones. “Siempre tiene miedo y no queríamos que de nuevo se reuniese el Govern para salir sin decir nada porque no se toman las decisiones que corresponden”, resumen en JxCat.
A las cinco de la tarde, se produce otra nueva reunión telemática. La preside Carles Puigdemont desde Waterloo y participan en ella todos los consellers de JxCat así como la cúpula de Junts, el nuevo partido del expresident, entre ellos Elsa Artadi, Josep Rius y el jefe de filas en el Parlament, Albert Batet. En el encuentro queda claro que su posición es que el Govern tiene que pedir el estado de alarma cuanto antes y reclamar que la gestión corresponda a la Generalitat. Y que una vez haya pasado por el Consejo de Ministros, hay que convocar una reunión del Plan territorial de protección civil de Catalunya, conocido como el Procicat, para aprobar el toque de queda. En Junts defienden que esta medida tal vez permitiría poder flexibilizar el cierre de bares y restaurantes para intentar que pudiesen abrir al mediodía.
Una hora y media después empieza la reunión extraordinaria del Govern. Hay debate. Dos consejeros, el de Interior, Miquel Sàmper (JxCat) y el de Educación. Josep Bargalló (ERC) son los más claros a la hora de reclamar que una vez que se disponga del estado de alarma hay que ir de manera inmediata al toque de queda. Nadie se opone a la medida y aunque una de las opciones es fijar ya que esa restricción sea entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana finalmente será en el seno del Procicat donde acabe acordándose y no se descarta que la prohibición de moverse libremente por la calle pueda empezar a las diez de la noche.
Una vez finalizada la reunión del Consell Executiu, el Govern informa a los grupos parlamentarios de su decisión. JxCat insiste en que hay que actuar con una mayor previsibilidad y que la ciudadanía conozca, en función de los índices y de la evolución de la pandemia, qué medidas se adoptarán en el ámbito laboral, de movilidad o de relaciones sociales. Es el modelo que se ha adoptado en países como Irlanda del Norte. Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, expresa su apoyo al Ejecutivo catalán para que sea la Generalitat quien actúe como autoridad delegada durante el estado de alarma y como el resto de formaciones exige mayores compensaciones para los sectores económicos más perjudicados.
Pasadas las 20.30h Aragonès y Budó comparecen en rueda de prensa para anunciar que Catalunya pide el estado de alarma para disponer de un amparo jurídico para adoptar nuevas medidas. Se suma así a Euskadi, Navarra, Extremadura, Asturias, La Rioja, Cantabria y Melilla.