Los Jordis, un año en la cárcel intentando desmontar la rebelión

Su encarcelamiento fue el primer aviso de que la Justicia sería implacable con los líderes independentistas. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó prisión incondicional y sin fianza para los por entonces líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el pasado 16 de octubre, dos semanas antes de hacerlo con los exconsellers que no se marcharon al extranjero. Este martes los Jordis cumplirán un año en prisión.

Muchas cosas han cambiado en estos 365 días, pero desde el minuto uno Sànchez y Cuixart han intentado, sin éxito, convencer a los tribunales de que su actuación en septiembre y octubre del año pasado no fue ni un alzamiento ni fue violento, tal y como exige la rebelión, el único delito que les mantiene en la cárcel. En el juicio tendrán una nueva oportunidad. Al no ocupar cargos en el Govern, Cuixart y Sànchez no están procesados por malversación.

En estos doce meses encarcelados, primero en Soto del Real y luego en Lledoners, Cuixart ha querido mantenerse al margen de las pugnas más partidistas y ha rechazado ir en ninguna lista electoral, reforzando su perfil de activista social. Por su lado, Sànchez ha acentuado su perfil más político: dejó el liderazgo de la ANC y aceptó ir de número dos de Junts per Catalunya. Ni su presencia en las listas fue suficiente para que el Supremo lo excarcelara. Tampoco cuando fue candidato a la presidencia de la Generalitat. En una de sus resoluciones más polémicas, el juez Llarena escribió que el “ideario soberanista” de Sànchez impedía descartar el riesgo de reiteración delictiva.

Sànchez es presidente del grupo parlamentario de JxCat y como tal participa, en la medida que puede, en las decisiones que se adoptan. Ha sido uno de los impulsores de la Crida Nacional per la República, el movimiento que lidera Carles Puigdemont con el propósito de convertirse en la marca referente del independentismo. En las filas de JxCat señalan que Sànchez fue uno de los que tuvo más claro que no podían aceptar la fórmula que ERC ha asumido para que los diputados que están procesados fuesen apartados.

En los escritos de su defensa y en sus declaraciones desde la cárcel, han negado que cometieran delito alguno y han reivindicado que el independentismo era y es un movimiento pacífico. En las entrevistas que han concedido a eldiario.es, Sànchez aseguró que hubo más violencia durante la pasada huelga de taxistas que en todo el 'procés', y Cuixart explicó que no se arrepiente de nada y que su propósito no es salir pronto de la cárcel sino hacerlo con “dignidad”. El líder de Òmnium es el preso independentista que está más convenido para realizar una defensa política en el juicio en el Supremo que se celebrará el próximo invierno.

El 20-S y el 1-O

Pese a los reiterados intentos, de nada han servido los numerosos vídeos de lo ocurrido en la protesta del 20 de septiembre en la conselleria de Economía, jornada que les mantiene en prisión por, según las acusaciones, impedir la salida de la comitiva judicial del edificio en una demostración de su poder para movilizar a las masas en favor de la independencia unilateral.

En las grabaciones, Cuixart pide a los manifestantes “tranquilidad” y que permitan la salida de la comitiva judicial (que abandonó el edificio durante la madrugada), y Sànchez hace bajar de los coches de la Guardia Civil a varios manifestantes y organiza un cordón humano de miembros de la ANC para los agentes.

Además, al filo de la medianoche, ambos desconvocaron la concentración, pidiendo a los manifestantes que se marcharan de forma pacífica, lo que les valió varios abucheos. Fue precisamente para desconvocar la protesta que ambos se subieron a los coches de la Guardia Civil. Tanto Sànchez como Cuixart consideran que el 20-S pecaron de ingenuos y que se ha utilizado esta imagen como pretexto para acusarles de rebelión.

Ni el juez Llarena primero ni después los magistrados que han revisado (y confirmado) sus decisiones han cambiado de opinión. De hecho, se han reafirmado en la tesis de que Cuixart y Sànchez eran los encargados de sacar a los independentistas a la calle en la fase crítica del proceso soberanista para ejecutar los planes de las fuerzas independentistas del Govern y el Parlament y las entidades soberanistas.

De hecho, el juez Llarena, en su auto de procesamiento, llega a situar las manifestaciones de la Diada que la ANC y Òmnium convocaron desde 2012 como una suerte de ensayo para lo ocurrido el 20-S y el 1-O, cuando, según el instructor, Sànchez y Cuixart “impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal”.

Últimos intentos

Los Jordis, incansables, siguen insistiendo. En sendos escritos enviados esta semana a la sala del Supremo que les juzgará, la defensa de Sànchez y Cuixart, que ejercen los penalistas Jordi Pina y Marina Roig, piden más de 40 diligencias, que difícilmente se aceptarán, con las que abundan en su tesis de que ambos líderes cívicos se limitaron a ejercer sus derechos de reunión y manifestación en la fase final del proceso soberanista. Primero, en una “movilización pacífica”, en referencia al 20-S, “que en ningún momento impidió la entrada y salida de las dotaciones policiales”, y después en el 1-O.

Entre las más destacadas, figuran incluir en la causa varios autos del juez que investiga las cargas de la Policía del 1-O en Barcelona, una prueba sociológica para que dos peritos analicen las palabras de Cuixart incluidas en los atestados de la Guardia Civil de la causa para determinar “si contienen incitaciones concretas a actos insurreccionales violentos”, y otra prueba pericial para que dos periodistas analicen los medios de comunicación utilizados en los atestados “para sustentar un relato de violencia”.

También piden que Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra aporten a la causa y sean exhibidas en el juicio las urnas y papeletas incautadas el 1-O. Al Instituto Armado, además, se le quiere requerir para que diga si hizo un “análisis previo de riesgos” tras recibir la orden del juez de Barcelona para ejecutar más de 40 entradas y registros el 20 de septiembre, y que declaren como testigos varios agentes que redactaron los atestados sobre lo ocurrido en Economía.

Además, la defensa de Sànchez ha pedido conocer si el Consejo de Ministros debatió declarar el estado de sitio “ante el supuesto ataque contra la soberanía nacional” del otoño soberanista catalán. De no haberse producido esta discusión, Sànchez y Cuixart tendrían un nuevo argumento en su intento para desmontar las tesis de las acusaciones, esto es, que ni el Gobierno de Mariano Rajoy sintió que se cocía la rebelión descrita por el Tribunal Supremo.