El Parlament censura a Marchena por hacer un juicio más propio de “un sistema judicial autoritario”

El Parlament ha censurado este jueves la actuación del magistrado del Supremo Manuel Marchena y el resto de miembros del tribunal que juzgó a los 12 líderes independentistas. Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han unido sus votos para sacar adelante una moción impulsada por los republicanos en la que se rechazan las condenas del Supremo a los líderes independentistas y se censura directamente la actuación de Marchena, a quien acusan de haber presidido un proceso más propio de “un sistema judicial autoritario”.

El texto de la iniciativa, que también ha sido apoyado por los 'comuns' en algunos puntos, declara que el juicio ha sido “arbitrario y sesgado” y califica de “injusta” la sentencia, que impone penas de entre 9 y 13 años de prisión, por un delito de sedición. “Bajo la apariencia de haber sido dictada en un marco de garantías y de sometimiento a la ley, no es más que el resultado de un juicio político y de una causa general contra el independentismo”, afirma la moción sobre el fallo del Supremo.

Respecto al que fuera presidente del tribunal, Manuel Marchena, la moción asegura que “ha impedido activamente el debate contradictorio imprescindible en un juicio”, en referencia a la negativa de que las defensas pudiesen mostrar imágenes a los testigos, y también se acusa al juez de “mantener en prisión provisional arbitraria”, citando al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Por parte de la oposición, el rechazo de la sentencia ha sido gradual. Para Ciudadanos la moción “no debía de haberse votado nunca”, ha dicho el diputado Matías Alonso, al entender que un posicionamiento de un parlamento sobre una sentencia atenta contra la separación de poderes, que es “uno de los fundamentos” de la democracia. “El fallo es la consecuencia de unos hechos cometidos por personas concretas, que tenían como objetivo acabar con la democracia. Estamos obligados a acatar, respetar y cumplir la sentencia”, ha dicho.

El diputado del PSC Ferran Pedret ha optado por modular el tono para explicar el rechazo de los socialistas a este texto. Después de argumentar que el independentismo es un movimiento promovido desde el poder por CiU, Pedret ha concedido que la sentencia, “pese a algunas reacciones de la derecha”, es “dolorosa”. “Entendemos este dolor”, ha reiterado. “Pero yo les invito, salvando las distancias, a comprender el sentimiento de amenaza que tuvieron muchos ciudadanos del país al ver que en otoño de 2017 querían imponer su proyecto político fuera del marco constitucional y estatutario”, ha dicho el diputado socialista.

Por parte de los 'comuns', la diputada Susana Segovia ha querido dejar claro que su rechazo a la sentencia es total, entre otras cosas porque la consideran “injusta” y también “porque contribuye a la ruptura emocional” de la sociedad catalana. Pese a eso, el grupo de Catalunya En Comú ha retirado sus enmiendas y se ha quedado en la abstención en algunos puntos debido a la negativa de ERC de aceptar una enmienda para rechazar la unilateralidad.

Para la defensa del texto han intervenido Marta Vilalta (ERC) y Jaume Campdepadrós (JxCat). “Hubiéramos querido no hacer esta moción porque esta sentencia no se hubiese dictado nunca. Lo que hubiéramos querido decir hoy aquí es que vivimos en un país democrático donde, ante una demanda democrática, para decidir nuestro futuro, el Gobierno del Estado hubiera estado a la altura política”, ha asegurado la republicana. “Estamos ante un error histórico gravísimo del Estado”, ha abundado Vilalta.

“El Estado se ha dedicado a producir un entramado jurídico-político para ir contra el independentismo”, ha asegurado Campdepadrós, que ha enumerado, entre otras, la reforma el delito de terrorismo, la ley del Tribunal Constitucional o la ley mordaza. “A una demanda democrática, sólo se respondió con Policía, Guardia Civil, jueces y fiscales”, se ha lamentado.

La moción aprobada este jueves es la primera respuesta que el Parlament vota tras conocerse la sentencia del procés. La moción fue presentada por ERC el martes de la semana pasada, antes de que el president Quim Torra hiciese su comparecencia ante el pleno, tras la que no hubo votaciones porque los grupos independentistas no se pusieron de acuerdo. Este martes, sin embargo, JxCat, ERC y la CUP sí consiguieron consensuar una nueva propuesta de resolución, que no se votará hasta pasadas las elecciones del 10 de noviembre debido al calendario del Parlament.