Trapero admite que no trasladó el plan para detener a Puigdemont a jueces y fiscales antes de la DUI y que no lo puso por escrito

El interrogatorio del fiscal Miguel Ángel Carballo al major de los Mossos d'Esquadra Trapero parecía no tener fin. A las cinco horas de este lunes se le han sumado otras cuatro este martes, en las que el fiscal ha dado varias vueltas al papel de la policía catalana el 1-O, y, al final, ha preguntado por el plan de los Mossos para detener a Carles Puigdemont y el Govern tras la DUI del 27 de octubre de 2017.

El major ha terminado por reconocer que no trasladó al presidente del TSJ catalán y al fiscal superior de Catalunya el plan para arrestar a todo el Govern cuando les escribió y llamó personalmente para ponerse “a su disposición”. Ha dado a entender que el arresto del Ejecutivo ya estaba implícito. “Desde mi punto de vista no sé si es muy relevante enviarle al fiscal un documento diciendo dónde iba a estar [detenido] el señor Puigdemont y si se iba a usar un helicóptero”, ha aseverado.

Si no concretó a la autoridad judicial antes de la DUI el plan para detener a Puigdemont fue, según la versión del major, porque confiaba en que la situación política no culminaría en la declaración unilateral de independencia. “Esperábamos que la situación no siguiera para adelante y pensé que esa barbaridad [en referencia a la DUI] no iba a suceder”, ha explicado. Como la inmensa mayoría de catalanes, Trapero pensaba el día 25 de octubre, cuando ordenó el plan a su segundo, Ferran López, que Puigdemont convocaría elecciones anticipadas.

El fiscal Carballo ha cuestionado el dispositivo para detener a Puigdemont, en especial su efectividad habida cuenta de que no se entregó a la autoridad judicial. Restando relevancia al plan de arresto del Govern, la Fiscalía pretende agrietar la línea de defensa del major, consistente en subrayar su distancia y enfrentamiento con el Govern. No en vano, que un jefe policial demuestre que estaba dispuesto a detener a un president de la Generalitat pone en duda su supuesta confabulación para promover la independencia de Catalunya.

El resto del interrogatorio ha discurrido por los mismos cauces que la sesión de este lunes. El major ha seguido más si cabe distanciándose de los políticos, y ha detallado dos nuevos episodios de su enfrentamiento con el Govern. Ha explicado que en 2017 rechazó facilitar a Economía datos sobre blanqueo y estafas y paró una querella contra el entonces fiscal general Maza que le propuso su jefe político en la conselleria, el exdirector general de la policía Pere Soler, que hoy comparte banquillo con el major.

“De la querella contra el fiscal dije que ni se le ocurriera hablar en nombre de los Mossos y que no se podía querellar en nombre de los Mossos d'Esquadra”, ha afirmado el major, que ha reiterado una vez más que, pese a los designios del Govern para que la policía catalana se apartara de las órdenes de jueces y fiscales, “en la policía tenemos muy claro que eso no puede ser así”.

Tan lejos ha llegado la defensa de Trapero de que actuó en todo momento a órdenes de jueces fiscales que ha terminado por incriminar a Soler, al explicar que no hizo “ni caso” de un correo de su jefe previo al 1-O en el que le proponía que los Mossos no permitieran la prohibición del referéndum y que su unieran al Govern en la “defensa de la autodeterminación”. Por contra, ha expulsado al otro exalto cargo político acusado, el exsecretario general de Interior Cèsar Puig, al relatar que le pidió perdón por los planes de Economía sobre los datos de investigados por blanqueo.

El major se declara “injustamente tratado”

En otro tramo del extenso interrogatorio, el major ha explicado que tras ser imputado por sedición en la Audiencia Nacional se sintió “injustamente tratado”, tanto él personalmente como el conjunto del cuerpo de Mossos. Le causó una “tristeza enorme”, ha abundado el major, escuchar las descalificaciones al papel de la policía catalana en el procés por parte de responsables de la Guardia Civil. En el ambiente flotaba el enfrentamiento del major con el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Trapero ha reconocido que, tras su imputación, avisó a los mandos de los Mossos que debían ser exhaustivos en la revisión de las actas policiales del 1-O, porque la Guardia Civil y la Fiscalía “construían el delito de sedición” recopilando “actuaciones poco rigurosas” de la policía catalana. Y ha reiterado su convicción de que fue imputado por la Audiencia Nacional por hacer su trabajo lo “mejor” que pudo. “Las cosas que he llegado a escuchar que hemos hecho, y no hemos hecho nada de eso. Lo dije desde la tristeza no, lo siguiente, y todos mis compañeros que estaban ahí piensan exactamente lo mismo”, ha agregado después de que el fiscal le acusara de confundir su persona con el conjunto del cuerpo de Mossos.

Algunos mossos renuentes el 1-O

El fiscal Carballo ha martilleado a Trapero con las comunicaciones de los agentes de los Mossos d'Esquadra sobre el terreno y las salas regionales de mando el 1-O. Con ello el fiscal ha querido evidenciar que los Mossos adoptaron una actitud pasiva para favorecer la votación en vez de impedirla como había ordenado la jueza del TSJC.

Trapero ha negado la mayor. En primer lugar, ha afirmado que las comunicaciones por radio de mossos sobre intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil terminaban en las salas de mando de cada una de las nueve regiones policiales catalanas, por lo que él nada supo desde el control central en Barcelona. Y ha añadido que los dos agentes de patrulla en cada colegio realizaron una labor correcta al priorizar la atención de heridos por las cargas. “En caso de intervención de orden publico una pareja de agentes nada tiene nada que hacer y se tiene que dedicar a ordenar el tráfico, a los heridos, e informar”, ha defendido.

Pero en línea con el reconocimiento de errores en la planificación del dispositivo, Trapero ha admitido que algunos mossos “hicieron menos de lo que tocaba” el 1-O “por motivaciones ideológicas”, es decir, por simpatías con el independentismo, pero los ha reducido a un máximo de 100 en un operativo de 7.800 agentes.