La Abogacía del Estado, que defiende a algunos de los 41 agentes de la Policía Nacional investigados en Barcelona por su intervención el 1-O, ha pedido expulsar de la causa al Ayuntamiento de la capital catalana, que ejerce la acusación popular. El juez instructor ha rechazado la primera petición de la Abogacía, que ha vuelto a pedirlo mediante recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona, han informado fuentes judiciales.
En una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, el juez instructor rechaza apartar al Ayuntamiento de la causa. Argumenta el instructor que existe “habilitación legal” para que el consistorio esté personado en el caso como acusación popular en base a la Carta Municipal de Barcelona, la “magnitud de los hechos investigados”, y la “repercusión mediática internacional de los mismos”.
El teniente de alcaldía de Barcelona y candidato de los comuns al Congreso, Jaume Asens ha criticado la solicitud de la Abogacía del Estado y ha responsabilizado de la misma al Gobierno de Pedro Sánchez. “La Abogacía obedece instrucciones del Gobierno y pide expulsar al Ayuntamineto por nuestro papel activo en la investigación”, ha afeado Asens.
Y es que tanto el Ayuntamiento como las acusaciones particulares de los heridos, varias de ellas ejercidas por el centro Iridia, han liderado la petición de diligencias al instructor y con sus recursos han logrado que la Audiencia de Barcelona obligara al juez a reabrir causas archivadas respecto a algunos colegios e imputar a más agentes.
“Todo ello demuestra la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez para no colaborar con esta causa judicial. La secretaría de Estado de Interior no solo no está colaborando sino que obstruye la investigación”, ha lamentado Asens, que ha acusado al Gobierno de “menospreciar” a los votantes heridos del 1 de octubre.