La letrada del major Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, encaraba la recta final de su informe tras casi cinco hora de intervención cuando la voz se le ha quebrado. “Voy a acabar”, ha avisado rápidamente al tribunal, para pronunciar emocionada una cita del exministro de Justicia de finales del siglo XIX Alonso Martínez con la que apuntillar la petición de absolución del major y de la intendente Teresa Laplana.
“Un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia ni del egoísmo del Estado”, ha reclamado Tubau citando a la cita del exministro que formó parte de la exposición de motivos de la ley de enjuiciamiento criminal aprobada en 1882 –que ha sufrido sucesivas modificaciones, pero sigue en vigor en algunos de sus aspectos.
Esta máxima de la ley es lo que ha pedido Tubau al tribunal de la Audiencia Nacional para sus dos clientes, que se enfrentan a peticiones de diez y cuatro años de prisión por sedición de la Fiscalía. Los tribunales pueden evitar que a un ciudadano le ocurra lo que expuso Alonso Martínez, ha recordado Tubau. “Y yo les pido que lo eviten con una sentencia absolutaria”, ha apostillado la letrada
“Les pido que olviden este espectáculo lamentable”, ha concluido Tubau pidiendo disculpas al tribunal por haber perdido durante unos segundos la serenidad con la que había desarrollado toda su exposición. Esta anécdota final ha llenado de humanidad la sala de vistas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares –donde reina más frialdad que la habitual en todas las salas de justicia– en la última jornada del juicio al major, la intendente y la antigua cúpula de Interior, que esta tarde ha quedado visto para sentencia.
En las casi nueve horas de intervención –cinco este miércoles y cuatro el martes– previas, Tubau había desarrollado el por qué, a su juicio, Trapero y Laplana se convertirían en víctima de la impotencia del egoísmo del Estado en caso de resultar condenados.
Este miércoles Tubau ha insistido en el núcleo de su tesis defensiva, este es, que no hubo connivencia alguna entre policía y Govern autonómico para celebrar el referéndum y que no se puede culpar en exclusiva a los Mossos, y en particular a Trapero, del fracaso del dispositivo para impedir el 1-O cuando en él estaban implicados también Policía Nacional y la Guardia Civil. “Fue imposible para los tres cuerpos cerrar más centros y no es justo hacer recaer esta imposibilidad en exclusiva a los Mossos haciendo manifestaciones que no se ajustan a la realidad”, ha aseverado Tubau.
Con un estilo elegante, pero sin evitar los dardos directos a los fiscales, y desmontando una a una las tesis acusatorias –Tubau abría una carpeta para rebatir cada argumento de la Fiscalía–, la abogada, una de las penalistas más reconocidas de Barcelona, ha pedido la absolución de sus clientes. La respuesta está ahora en manos del tribunal de la Audiencia Nacional.
No se ha olvidado Tubau de la antítesis del major, el coordinador policial del 1-O y coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, colmado en alabanzas por los fiscales. Con guante de seda y puño de hierro, Tubau ha desacreditado, como ya hiciera al interrogarle durante el juicio, el testimonio de Pérez de los Cobos, puntal de la acusación junto al teniente coronel Baena –que Tubau ya desbrozó este miércoles.
La letrada no ha escondido la mala relación entre ambos mandos –“que el major Trapero no tenga hábiles dotes de diplomacia no representa una conducta delictiva”–, pero en base a testimonios como el del secretario del TSJC, Tubau ha sembrado al tribunal sobre las labores de mando que efectivamente Pérez de los Cobos ejerció en el dispositivo y que el coronel siempre ha negado.
Es más, Tubau ha recordado que el comisario de los Mossos Ferran López, mano derecha de Trapero y que se reunió en numerosas ocasiones con Pérez de los Cobos sobre el dispositivo, declaró que el coronel avaló que la policía autonómica enviara una pareja de agentes a cada colegio. Por contra, Pérez de los Cobos dijo que no conocía esa información. “¿Es creíble que el coordinador no exija el diseño policial para impedir la votación?”, se ha preguntado Tubau.
Contraponiendo uno y otro testimonio, con dos tesis completamente opuestas, la letrada ha concluido que “o bien el coronel conocía el dispositivo de Mossos, le parecía correcto y a pesar de poder tener alguna reticencia no dijo nada; o bien no conocía nada”, algo que ha tildado “absolutamente imposible con la función de coordinación”. “Si se hubieran levantado actas de las reuniones de coordinación, no estaríamos aquí”, ha afirmado.
“¿Se puede sostener que Ferran López, que según el coronel le habría engañado y hecho creer que los Mossos iban a cumplir, alguien que ha traicionado los mandatos esenciales de la Constitución, ese traidor sea nombrado luego por las más altas instancias del Ministerio del Interior?”, ha cuestionado en referencia a la designación del comisario como jefe de la policía autonómica tras la aplicación del artículo 155. “Esto no es sostenible”, ha sentenciado.
Martell y Morales defienden a Soler y Puig
El juicio ha quedado visto para sentencia a las 18:35h. En la sesión de tarde, los letrados Cristóbal Martell y Fermín Morales han expuesto sus informes finales para reclamar la absolución del exdirector general de los Mossos Pere Soler y el exsecretario de la conselleria de Interior Cèsar Puig, para los que la Fiscalía pide, al igual que Trapero, diez años de prisión por sedición y una pena alternativa de un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia.
“El señor Cèsar Puig ni fue un sedicioso ni fue un desobediente, ni estaba en la cadena de mando” del operativo del 1-O, ha recalcado Morales. “El señor Pere Soler Campins no estaba en el centro de mando el 1-O porque tenía muy claro que los Mossos eran policía judicial y nada tenía que hacer allí”, ha argumentado Martell, que ha descrito de una forma nunca vista hasta ahora un operativo policial sobre el que se han vertido riadas de tinta en los últimos tres años: “El dispositivo de los Mossos puede parecer muy hippie, muy 'peace, love and music' tipo Woodstock porque la Fiscalía tiene una idea distinta de los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, pero nunca fue un engaño al resto de cuerpos”. Ninguno de los acusados ha empleado su derecho a la última palabra.