La empresa de mensajería Unipost, investigada por el 1-O, ha pedido al juez abrir la fase de liquidación de la empresa “al haberse reducido sustancialmente el volumen de negocio”. En un escrito entregado al juzgado de lo mercantil 7 de Barcelona, los administradores concursales de Unipost, el bufete Jausàs, han propuesto el “cese parcial” de la actividad de la empresa.
Argumentan los administradores concursales que Unipost, en su estado actual, no es viable y la única opción es su liquidación, bien a través de la venta de la unidad productiva dentro del plan de liquidación o mediante la venta individualizada de los bienes. La solicitud se presentó al Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona el pasado viernes, y posteriormente, se trasladará a Unipost para que la empresa pueda presentar alegaciones.
Se prevé que el juez se pronuncie a mediados de enero de 2018. Unipost entró el pasado mes de julio en concurso de acreedores con una deuda de 50 millones de euros y pertenece a una rama de la familia Raventós, propietaria de Codorniu. El pasado 11 de octubre presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder superar su mala situación económica.
La administración concursal ha señalado que, tras la presentación del ERE, “la delicada situación económica de la empresa se ha agravado” a lo largo de las últimas semanas. Ha indicado que la decisión de entrar en liquidación responde a la imposibilidad de satisfacer obligaciones de tesorería, la inviabilidad del convenio de acreedores y la dificultad para encontrar un fondo de inversión o una empresa interesado en la compra de la unidad productiva.
Con todo, el administrador concursal ha añadido que la apertura de la fase de liquidación no cierra las puertas a la posibilidad de la venta de la unidad productiva a lo largo de los próximos meses. Unipost, además, está en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 5,4 millones de euros por lo que no puede contratar de manera directa con las administraciones públicas.
La empresa es objeto de investigación por el 1-O. La Guardia Civil frustró en septiembre el envío de 45.000 notificaciones a miembros de las mesas del 1-O que se iban a repartir desde una oficina de Unipost en Terrassa. Los investigadores sospechan que el Govern usó el convenio marco que tenía con Unipost como proveedor habitual de Unipost para vehicular los encargos relacionados con el 1-O.
En un informe, la Guardia Civil ha dado cuenta al juez de instrucción 13 de Barcelona de una reunión el pasado 15 de septiembre del propietario de Unipost, Antón Raventós, con uno de los imputados en la causa y detenidos en la operación del 20 de septiembre, el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrias. En el encuentro también participó el exconseller de ERC, Francesc Vendrell, asesor informal del Govern al que la Guardia Civil otorga un papel relevante en la organización del 1-O.
La Guardia Civil registró el pasado jueves la sede central de Unipost en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por la presunta colaboración de la empresa en el referéndum y detuvo durante unas horas a su director general, Pablo Raventós.