Barcelona en Comú ya ha elegido su candidato para asumir uno de los cargos más polémicos del consistorio: encabezar la Guardia Urbana. Se trata de Amadeu Recasens, que fue director de la Escuela de Policía de Catalunya –ahora convertida en centro universitario– hasta 2004, doctor en derecho y profesor de criminología en la Universidad de Oporto, en Portugal. Recasens es cercano al Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, un grupo de investigación activo en la denuncia de torturas y vigilancia de la labor de los cuerpos de seguridad, y ha participado en sus cursos.
Tras la elección del ex líder del PSC Jordi Martí como gerente municipal, Recasens es un nombre que debería caer mejor a los sectores movilizados. “Fue de las personas que creía en los Mossos como policía democrática”, aseguran voces dedicadas a cuestiones de seguridad. Aunque cercano a sectores de izquierdas, tuvo sus diferencias con el consejero de Interior de ICV Joan Saura. “Le ofreció apoyo a Saura y no se lo aceptó”, añaden.
Recasens no ha confirmado todavía que acepte el cargo. En declaraciones a El Periódico, se ha mostrado halagado por la propuesta pero asegura que pensará la respuesta entre este jueves y el viernes, ya que acababa de firmar una prórroga de cuatro años de su contrato como profesor en Oporto.
“Al servicio de las libertades”
Este jurista, que fue presidente entre 1990 y 1992 de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, fue entrevistado el pasado mes de marzo en Catalunya Ràdio a propósito de la llamada Ley Mordaza. Preguntado sobre cuál debe ser el equilibrio entre libertad y seguridad respondió que “no debe haberlo”. “No podemos equiparar dos cosas de diferente naturaleza, la seguridad debe estar siempre al servicio de las libertades”, declaró. Y añadió que recortar las libertades públicas “no mejora la seguridad pública, mejora la comodidad de los gobiernos para mandar”.
Preguntado sobre la desafección política, Recasens apunta que “cuando hay intervenciones que a veces son contundentes por parte de la policía esto también genera desafección” y que puede que esta esté creciendo “por causa de algunas intervenciones contundentes o violentas que se producen porque la gente sale a quejarse porque hay una crisis de la que deben quejarse”. En 2013, hablando sobre las balas de goma en el Parlament de Catalunya, apuntaba que “sólo reduciendo las situaciones de conflicto podremos reducir las lesiones”.
Modelo policial
En aquella intervención en el Parlament aseguró que “modelo policial hay siempre, lo que pasa es que o lo haces tú o se hace solo”. Por ello, defiende el trabajo que se hace para construir un modelo y asegura que ha avanzado mucho desde los años 80 y mucha gente en Catalunya se ha dedicado a ello. No obstante, apuntó que los cambios no son lo suficientemente ágiles “y esto tiene que ver con un sentido de anticipación que tiene que ver precisamente con el establecimiento de políticas públicas que se hablen con los actores sociales, sólo hablando con los actores sociales se podrá anticipar realmente una política”, declaró.
En el Parlament Recasens también habló del corporativismo. “Una formación sin diálogo con el cuerpo no tiene futuro, una formación que legitime y justifique lo que hace el cuerpo por sistema tampoco tiene futuro, es un diálogo muy tenso entre cuerpo y centro de formación, por eso Catalunya tuvo un gran acierto en que la formación no dependiera del cuerpo de policía sino de un centro autónomo”, apuntó.
Tensión en la Guardia Urbana
La tensión de la Guardia Urbana respecto al gobierno de Colau no es poca, hasta el punto de que pocos días después de las elecciones la cúpula del cuerpo, entre ellos Joan Delort, que ocupa el cargo que se ha ofrecido a Recasens, anunció que dimitiría antes de que Colau asumiera el cargo. Sin embargo, Ada Colau y Gerardo Pisarello se reunieron con los sindicatos de la Guardia Urbana, que se mostraron satisfechos de que escucharan sus demandas antes de asumir el cargo.
El programa de Barcelona en Comú contempla suprimir progresivamente las UPAS, el cuerpo antidisturbios de la Guardia Urbana, que, afirman, se solapa con el cuerpo de antidisturbios de los Mossos y supone un gasto “en actividades puramente represivas”. Además, pretenden derogar directamente la Ordenanza de Civismo, acabar con las redadas racistas e instalar cámaras en todas las comisarías de la Guardia Urbana “para garantizar que se respetan los derechos de las personas retenidas”.