El Govern apuesta ahora por recuperar medidas de derecho a la vivienda que Artur Mas derogó
La suspensión de buena parte del articulado relativo a los desahucios de la ley 24/2015 por parte del Tribunal Constitucional ha puesto en pie de guerra al Govern, administraciones locales y todos los grupos parlamentarios menos el PP. El president Carles Puigdemont ha encabezado la reacción contra la decisión judicial, haciendo frente común con todos los estamentos políticos y de la sociedad civil que defienden la norma suspendida, y anunciando la elaboración de una nueva ley contra los desahucios que incorpore todas las medidas recurridas ante el Constitucional.
La actitud de Convergència en esta ocasión contrasta con la mantenida en el primer gobierno de Artur Mas, cuando CiU y PP se aliaron para derogar los apartados más garantistas de la ley de Vivienda del 2007. Algunas de las medidas derogadas en 2011 fueron posteriormente recuperadas por la ILP de la PAH y, ahora, tras el recurso del Gobierno central contra ellas, son las que el Govern de Puigdemont pretende incluir en una nueva ley.
Es el caso de la cesión obligatoria de pisos vacíos de grandes propietarios, una de las medidas que el recurso del Gobierno de Rajoy suspendió. La ILP de la PAH establecía que las administraciones podían expropiar temporalmente para usos sociales los pisos de grandes propietarios que llevaran cierto tiempo vacíos. Sin embargo, la expropiación temporal fue aprobada por el Parlament en la ley de 2007 y no fue objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional.
Si esta medida –que no llegó a aplicarse nunca– no está vigente hoy en día es porque el primer gobierno de Artur Mas se encargó de recortarla con el apoyo del PP nada más llegar a la Generalitat en la llamada ley Ómnibus. La contrarreforma de CiU y PP de la Ley de Derecho a la Vivienda del tripartit eliminaba la posibilidad de expropiación de usufructo o alquiler forzoso a las viviendas vacías. El todavía hoy secretario de vivienda de la Generalitat, Carles Sala, aseguraba entonces que esta medida era “era un tema ideológico y que buscaba más un efecto que no una utilidad”.
Su antecesora en el cargo, Carme Trilla, impulsora de la ley con el tripartit, criticó en declaraciones a Catalunya Plural que “cuando entró Convergència retiraron esta medida inmediatamente, cuando les hubiera ido de perlas para poder negociar con los bancos”. Los ayuntamientos destacan que la cesión obligatoria de los pisos vacíos y la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social son las medidas de la ley impulsada de la PAH que les han permitido hasta ahora presionar a las entidades financieras y evitar desahucios.
Lucha para recuperar la medida
Una posibilidad que está en manos del Parlament y el Govern, que ahora trabajan en nuevo texto que sustituya el impugnado, es retirar con una nueva ley que modifique la ley Ómnibus la eliminación de ese artículo. La ley de 2007 ya no puede ser objeto de recurso y difícilmente el aparato jurídico del Estado podría considerar como invasión competencial la suspensión de una modificación de una ley que no se recurrió ante el TC.
Este miércoles la Generalitat se ha reunido con los impulsores de la ILP –la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC– para trabajar en el nuevo proyecto legislativo. Su objetivo es cubrir los derechos que garantizaba la ley impugnada, como evitar los desahucios por motivos económicos, evitar que las familias arrastren una deuda de por vida y ampliar el parque de alquiler social. Sin embargo, las medidas para cumplir esos objetivos no serán necesariamente las mismas, sino que se utilizaran otros caminos legales.
Herramientas vigentes
La ley recurrida incluía sanciones a las entidades que no ofrecían una alternativa de alquiler social antes de desahuciar a una familia vulnerable. Si bien la ley de 2007 que sigue vigente no incorpora esta medida, sí permite multar con hasta 900.000 euros a los propietarios que acumulan pisos vacíos, con el objetivo de fomentar que los pongan en alquiler. Esta medida quedó en un cajón desde su aprobación en 2007 hasta que la PAH empezó una campaña de mociones en los ayuntamientos para que la apliquen. Ahora reclaman, una vez más, su aplicación.
De la misma ley también reclaman el censo para detectar todas las viviendas que no cumplen su función social, la expropiación temporal de los inmuebles en mal estado de conservación para su rehabilitación, y la aplicación del principio de solidaridad urbana, que establece la necesidad de un 15% de vivienda social.
