Lejos de ser aburridas, las cuestiones previas del juicio del procés ya han supuesto un vibrante aperitivo de la discusión entre la Fiscalía y las defensas sobre los hechos del otoño soberanista catalán. Además, han dibujado el decorado de fondo que presidirá toda la vista: el choque inevitable entre conducir un territorio a la independencia y la aplicación de las leyes del Estado al que pertenece. El atestado de esa colisión dice que no hay emancipación de Catalunya. El juicio servirá para determinar cuánto y cómo lo pagan los conductores.
El primer choque se ha producido a cuenta de la violencia del procés. El fiscal Fidel Cadena ha situado a 17.000 agentes armados de los Mossos d'Esquadra “al lado de la rebelión” para intentar completar el proceso unilateral a la independencia impulsado por las “murallas humanas que se lanzaron” contra Policía y Guardia Civil 1-O.
Son mossos y la resistencia de los votantes las dos patas de la rebelión que el Ministerio Público viene sosteniendo a lo largo de la instrucción y en su escrito de acusación, que también otorga un papel clave al quebrantamiento de la Constitución, el pisoteo de la legalidad y el impulso de la violencia realizado por los acusados que se sientan en el banquillo.
Cadena y su colega Javier Zaragoza respondieron así a la defensa del pacifismo y el derecho a decidir realizada por las defensas este martes. Casi todos los abogados lo defendieron, pero el más claro en unir ambos conceptos fue el abogado Andreu Van den Eynde, que representa a Oriol Junqueras y Raül Romeva. “La autodeterminación es sinónimo de paz y no de guerra”, aseveró.
La autodeterminación, telón de fondo
Para la Fiscalía es todo lo contrario. En su exposición, los fiscales reprodujeron episodios anteriores y establecieron las diferencias con el 1-O de la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya o el fracasado plan Ibarretxe. Esta vez, vinieron a concluir, los independentistas han llegado demasiado lejos porque han querido imponer la independencia por la vía del hecho, sirviéndose de la violencia y obviando no solo al Tribunal Constitucional sino al depositario de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados.
Entre las defensas de los acusados causó especial sorpresa la referencia del fiscal Javier Zaragoza al plan Ibarretxe. Para defender que el derecho a la autodeterminación “es legítimo siempre que se defienda por vías legales”, Zaragoza recordó la propuesta que en 2005 el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe presentó al Congreso de los Diputados en la que se incluía el derecho a decidir del pueblo vasco, al que se le reconocía “identidad propia”. El plan Ibarretxe fue rechazado por una abrumadora mayoría de 313 diputados de PP, PSOE e IU, el 90% del Congreso.
En contraste con Ibarretxe, continuó el fiscal, Puigdemont no aceptó el ofrecimiento de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para defender el derecho a decidir de Catalunya y apostó por su “imposición al margen de la legalidad”. “Parece que el ejemplo del plan Ibarretxe no ha cundido”, zanjó.
El recordatorio de Zaragoza, a criterio de las defensas, llevaba en sí mismo la conclusión: cualquier intento de ejercer la autodeterminación de las comunidades históricas dentro de las vías legales topará con una mayoría abrumadora del Congreso. Así sucedió también en 2014, cuando Jordi Turull (hoy acusado de rebelión), Marta Rovira (ahora huida a Suiza) y Joan Herrera (que asesora al Gobierno de Pedro Sánchez en transición ecológica) propusieron al Congreso en nombre de CiU, ERC e ICV el referéndum pactado. La Cámara lo rechazó por 299 votos, entre ellos los de PP y PSOE.
La del plan Ibarretxe no fue la única referencia al derecho a la autodeterminación de los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena. “No existe el derecho a la autodeterminación en la Constitución. Sí reconoce un derecho a decidir pero corresponde a todos los ciudadanos españoles”, aseveró Cadena, que centró buena parte de su intervención en recordar que Catalunya es soberana en tanto que forma parte de España.
“No hay una soberanía catalana. Hay una soberanía en el pueblo español reconocida por la Constitución. No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por ninguno de los pueblos que lo integren”, insistió Cadena. Junto a Zaragoza, ambos rebatieron la exposición de este martes de las defensas, que sacaron a colación la despenalización del delito de convocatoria ilegal de referéndum y un supuesto amparo del derecho a la autodeterminación en las resoluciones de Naciones Unidas.
Zaragoza tildó de “falsedades” ambos argumentos de las defensas. “Ni las constituciones ni los tratados de derecho internacional reconocen ese derecho”, aseveró. Por contra, el Código Penal sí recoge y habilita a la Fiscalía, como garante de la legalidad, a perseguir “la ruptura del orden constitucional y la ejecución de acciones delictivas tan graves” como las que, según Zaragoza, cometieron los soberanistas.
Tampoco hay razón, abundó el fiscal, para reclamar el amparo en base a derechos fundamentales invocados por las defensas tras haber cometido “una agresión tan importante” a la Constitución. Por todo ello, Zaragoza y Cadena coincidieron en que el del 1-O es un juicio “en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978” así como “un triunfo de la democracia, el triunfo del Estado de derecho y de los principios de igualdad ante la ley”.
Turno para Junqueras
“Mañana Junqueras será Junqueras, no habrá sorpresas”. Así se expresaba Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresident de la Generalitat, a la salida de la sesión de este miércoles cuando se le preguntaba por cómo será la declaración de su cliente. Junqueras abrirá este jueves los interrogatorios de los 12 acusados. Lo hará además en un momento político crítico tras el rechazo del partido que lidera, ERC, y el PDeCAT, a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sobre el contenido de su declaración, Junqueras, al igual que en su escrito de defensa, reivindicará el 1-O y defenderá el diálogo con el Estado como resolución al conflicto catalán. Todo ello salpicado de referencias a su condición de creyente y a su pacifismo. En otras palabras, el 'junquerismo' se desplegará en el Supremo, y su único límite será el que decida imponer el tribunal presidido por Manuel Marchena.
Pero su interrogatorio también será la oportunidad para comprobar hasta qué punto Junqueras sigue pasando de puntillas sobre la Declaración Unilateral de Independencia (el punto culminante del delito de rebelión, según la Fiscalía, y que ocupa un solo párrafo en su escrito de defensa de más de 100 páginas). Y también si asume todos los gastos del 1-O, de los que le responsabilizan en exclusiva las defensas de algunos acusados como la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs (PDeCAT).
Van den Eynde rehuía dar detalles sobre si Junqueras responderá a todas las partes, aunque cabe recordar que en los interrogatorios de la fase de instrucción en el Supremo Junqueras no ha tenido inconveniente para contestar tanto a Fiscalía como a la Abogacía del Estado. De cara al juicio, existe cierto consenso entre todos los acusados en no dar protagonismo a la acusación popular que ejerce Vox, lo que hace prever que Junqueras seguirá la línea marcada por Jordi Cuixart y declinará responder a los abogados Pedro Fernández y Javier Ortega Smith.