El expresident de la Generalitat Artur Mas ha depositado 2,2 millones de euros de fianza de los 5,25 que el Tribunal de Cuentas le reclama por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y ha solicitado ampliar el plazo fijado, que cumple esta semana, para poder depositar los tres millones restantes.
El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre una fianza solidaria de 5,25 millones de euros a Mas, al considerarle el máximo responsable del referéndum ilegal de 2014, y por ello, debía asumir con la cantidad correspondiente que no ingresen los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, y a otros cinco funcionarios del Gobierno catalán, que también habían sido denunciados por la entidad contraria a la independencia Societat Civil Catalana.
El objetivo de la fianza provisional es que se reintegren a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados. El Tribunal de Cuentas fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y si esto no ocurre, procederán al embargo de los bienes de los responsables del 9N. Si bien, Mas ha solicitado que se amplíe el plazo para poder pagar la cantidad restante.