Ni desobediencia ni prevaricación. El expresident de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleres, Joana Ortega e Irene Rigau, han alegado que cumplieron en todo momento la legalidad y que acataron la suspensión de la consulta soberanista del 9 de noviembre que ordenó el Tribunal Constitucional. Con los recursos presentados este martes, los tres políticos intentan que no se consume la decisión del TSJC de dejarles a un paso de ir a juicio por la consulta del 9-N. Asimismo, han considerado que la causa tiene un “contenido marcadamente político”.
En sus recursos, Mas, Ortega y Rigau solicitan de nuevo a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que archive la causa, al entender que se están atribuyendo “responsabilidades criminales a los legítimos representantes de un gobierno democrático por su actuación política vehiculada de manera responsable, cívica y pacífica”. El juez instructor de la causa, Joan Manel Abril, dejó el pasado 28 de junio a Mas, Ortega y Rigau a las puertas de sentarse en el banquillo, ante los indicios de que cometieron desobediencia y prevaricación administrativa al permitir la consulta soberanista del 9-N.
Igual que hizo en marzo, Mas ha alegado que el 9-N no era un referéndum para obtener “un mandato democrático”, sino un proceso participativo que quedó “por completo” en manos de voluntarios tras la suspensión del Constitucional. Su defensa asegura que “el proceso de participación no pretendió sustituir la figura del referéndum, cuya convocatoria corresponde al Estado”.
“El proceso del 9-N no pretendió utilizar ni el procedimiento ni las garantías electorales, ni se dirigió al censo electoral, y no pretendió obtener un mandato democrático a través de su organización”, argumenta el escrito ante el tribunal que mantiene acusados a Mas, a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y a la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
Crítica al magistrado instructor
El recurso de Artur Mas incluye una crítica al magistrado instructor del caso, Joan Manuel Abril, que ha abandonado el TSJC este mes. La defensa del expresident concluye que la decisión del TSJC de dejarle a un paso del juicio sólo puede alcanzarse desde una “precomprensión” de los hechos que evidencia un “determinado sesgo cognitivo”, al no dar crédito el magistrado a la tesis esgrimida por los tres acusados.
Abril, basándose en que la Generalitat no suspendió los contratos con varias empresas para llevar a cabo la votación, rechazó de plano la tesis de los acusados, que en sus declaraciones aseguraron que dejaron el proceso de participación ciudadana en manos de voluntarios tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre.
En su escrito de defensa, Mas remarca que la instrucción del caso ha demostrado que los tres acusados no sólo no desobedecieron al TC ni prevaricaron, sino que el Govern “interrumpió efectivamente” la organización y gestión de la consulta “sin hacer dejación de ninguna de las funciones legales encomendadas a la Generalitat con respecto al orden público, la seguridad de las personas, el derecho de información de los ciudadanos y la gestión de los sistemas informáticos públicos”.