La Audiencia de Barcelona ha revocado el carpetazo a la investigación sobre el despliegue de la Policía Nacional frente a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Los magistrados han estimado el recurso de la CUP y han ordenado a la jueza que tome declaración como imputado al responsable policial que ordenó la presencia de los antidisturbios durante seis horas frente a la sede del partido.
También deberán comparecer ante la jueza, en este caso como testigos, dos policías que requisaron material de propaganda política del referéndum en la calle, frente a la sede de los anticapitalistas.
En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, los magistrados de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona consideran necesario “aclarar la actuación policial”, en especial los motivos que llevaron a ordenar la presencia de antidisturbios, que no llegaron a intervenir pero que rodearon la sede del partido de las 14:00h. a las 20h. del 20 de septiembre, mientras en otros puntos de la ciudad se llevaban a cabo los registros ordenados por el juez de Barcelona que investigaba los preparativos del referéndum.
La jueza de instrucción concluyó que la intervención policial se llevó a cabo “en el legítimo ejercicio” de las funciones que la Policía Nacional tenía encargadas por la Fiscalía Superior de Catalunya para impedir el 1-O. En concreto, la orden del fiscal de incautar cualquier tipo de propaganda política, también de particulares, sobre el 1-O.
Por contra, los magistrados destacan que, en vez de pedir autorización judicial para entrar en el local de la CUP, los antidisturbios “permanecieron seis horas apostados en la vía pública, rodeando la sede de un partido político legal, sin permitir la entrada o salida de cualquier militante o persona contratada laboralmente por el partido, ni personas simpatizantes al mismo”, cortando además el tráfico de las calles Sardenya y Marina.
Posibles coacciones
Este despliegue de los antidisturbios, a criterio de los magistrados, podría ser constitutivo de un delito de coacciones al usarse los agentes para “restringir la libertad ajena”. En consecuencia, la Audiencia ordena a la jueza que tome declaración como imputado al jefe policial que ordenó la presencia de antidisturbios frente a la sede de la CUP, que es un responsable de la Brigada Provincial de Extranjería de Barcelona.
La resolución recuerda además que los dos policías que tendrán que declarar como testigos se incautaron de cajas con propaganda del 1-O de la CUP “en vía pública, fuera de la sede del partido” después de que les fuera negada la entrada al local “por ausencia de autorización judicial”.
La orden del fiscal que sirvió para archivar la causa ahora reabierta afectaba no solo a las instituciones sino también a los particulares, y no se incluyó una vez el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) asumió el mando para frenar el 1-O el 27 de septiembre. El alto tribunal catalán se centró únicamente en colegios electorales y propaganda de la Generalitat, no de partidos políticos.
La jueza enmarcó la actuación policial “dentro del seguimiento que la Brigada Provincial de Información de Barcelona venía realizando a cerca de las actividades colectivas e individuales relacionadas con el apoyo a la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre”, siguiendo las directrices de la Fiscalía. La Audiencia corrige a la instructora y señala que la orden de la Fiscalía “está sujeta a diversas interpretaciones”, pues se limitaría a la incautación de material del 1-O en colegios electorales, no en sedes de partidos políticos.
Tras la incautación del material, el despliegue de antidisturbios provocó una concentración de miles de militantes cupaires –y también de políticos de otros partidos como Xavier Trias del PDeCAT o Jaume Asens de BComú– para protestar por la presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Finalmente, la Policía no entró en la sede de la CUP.
El partido, además de criticar la actuación policial y pedir su investigación por realizarse sin orden judicial, considera que la Policía buscaba “provocar” una situación violenta. Todo ocurrió el pasado 20 de septiembre, jornada en que se produjeron varios registros en sedes de la Generalitat y protestas contra la actuación policial, la más importante frente a la conselleria de Economía, que son la base de la acusación por rebelión contra los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo. Lo ocurrido en la sede de la CUP, no obstante, no aparece en el escrito de acusación de la Fiscalía.