Los ayuntamientos favorables al referéndum buscan que sus policías locales dejen de requisar material político, impedir actos o identificar a activistas que hacen campaña a favor del 1-O. Municipios como Badalona, Sant Cugat del Vallès, Vilassar de Dalt o Vic han reclamado a la Fiscalía que anule su instrucción 1/2017, al considerar que da instrucciones a sus policía de forma “irregular”.
Los gobiernos soberanistas aseguran que la orden, que llega desde la Fiscalía General del Estado, pasando por la Fiscalía Superior de Catalunya y es recogida por la Fiscal jefa de Barcelona en la instrucción 1/2017, contraviene el acuerdo adoptado en Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 15 de julio de 2015, que regulaba las funciones que las policías podían efectuar como policía judicial.
Según argumentan, las instrucciones de la fiscalía se saltan el artículo 7 del Decreto sobre regulación de la Policía Judicial, que indica que solo las unidades del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Mossos (en Catalunya), son las unidades orgánicas a las órdenes del brazo judicial.
En cambio, siempre según la interpretación de estos ayuntamientos, la policía local solo puede actuar como policía judicial en una serie de infracciones concretas y que se refieren a las antiguas faltas y delitos menos graves. El conseller de Justicia, Carles Mundó, se ha sumado a las críticas y ha recordado que “la policía judicial responde a los requerimientos de un juez”, y no de la Fiscalía.
Estas peticiones municipales que se están enviando a la propia Fiscalía, para que se anulen tanto la instrucción 1/2017 de Barcelona como la 2/2017 de la Superior catalana, están siendo enviadas por los municipios siguiendo las instrucciones de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que el pasado viernes emitió un comunicado alertando de esta situación. La ACM ha puesto a disposición de los consistorios un modelo de carta, que varios de los municipios utilizan en su reclamación.
Durante los últimos días las policías locales de diversos municipios de Catalunya han llevado a cabo numerosas actuaciones contra particulares que hacían campaña, requisando material, identificando a sus responsables o tratando de impedir actos. Estos hechos han tenido lugar en diversas ciudades, como Barcelona, Santa Coloma, Sabadell, Sant Cugat o Mataró, entre otras.
Los cuerpos policiales locales están siendo especialmente celosos a la hora de seguir las instrucciones de la Fiscalía que, por su parte, ya hace una interpretación extensiva sobre la prohibición del Tribunal Constitucional. Así, mientras que el TC suspendía el referéndum convocado por la Generalitat ordenando a “la preparación u organización del referéndum”, el Fiscal General del Estado introdujo en su instrucción la obligación de requisar también el material político.
En concreto, y con el objetivo de impedir el referéndum, la Fiscalía ordenó a todos los cuerpos policiales requisar urnas, sobres y “cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal”, sin precisar si debía ser de la Generalitat o de particulares, lo que ha llevado a los cuerpos policiales a requisar tanto carteles del Govern como material del 1-O de partidos políticos como el PDECat o la CUP.
Este lunes además el ayuntamiento de Sitges ha abierto un expediente informativo contra un policía que requisó un teléfono móvil a un periodista de Nació Digital cuando cubría un acto a favor del referéndum.
Arrancan los interrogatorios paralelos
Además de las órdenes a las policías, la Fiscalía dictó otra polémica instrucción para interrogar a los más de 700 alcaldes que han mostrado su disposición a ceder locales a la Generalitat y a colaborar con el 1-O. A esta orden le han llovido críticas por cursarse en paralelo a la investigación judicial del referéndum.
Los interrogatorios empezarán este martes a las 10h con tres alcaldes del PDECat. El primero en acudir a su cita con el ministerio público, en su caso en la Fiscalía de La Seu d'Urgell (Lleida) será el alcalde de Oliana, Miquel Sala. A las 11h., en el mismo sitio, está citado el primer edil de El Pont de Suert, José Antonio Troguet. Los interrogatorios del martes finalizarán con el del alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, en la Fiscalía Superior de Catalunya en Barcelona, dada su condición de aforado por ser diputado en el Parlament.
Las fiscalías catalanas no han facilitado a la prensa la lista con la fecha y la hora de los interrogatorios. Sí lo ha hecho la Associació de Municipis per la Independència (AMI). La mayoría de los primeros 37 alcaldes citados son de municipios de Tarragona y Lleida, así como los alcaldes que también son diputados en el Parlament y por lo tanto aforados. La excepción es la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, que será interrogada este miércoles.